El Supremo afirma que Ciudadanía es inobjetable, al igual que las otras materias Rechaza que la asignatura sea un “adoctrinamiento” como sostenía el PP
Objetivo cumplido. El Tribunal Supremo, por 22 votos a siete, ha acabado con las dudas. No se puede objetar a la asignatura de Educación para la Ciudadanía; la materia no es un "adoctrinamiento" de los niños, como sostenía el PP, y los padres podrán impugnar los contenidos de los libros de texto si piensan que vulneran sus derechos constitucionales.
Dos jornadas y media han sido necesarias para que los 29 magistrados que integran el pleno de lo contencioso-administrativo del tribunal acordaran avalar Ciudadanía y anular la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que permitió a unos padres objetar a la asignatura por entender que vulneraba su derecho a la libertad ideo-
lógica y religiosa (artículo 16 de la Constitución) y el derecho a educar moralmente a sus hijos (27.3).
AJUSTADA A LEGALIDAD
Los jueces concluyeron que esta asignatura se debe cursar como el resto de las materias. "Del mismo modo que no se puede objetar a matemáticas tampoco se puede hacer a Ciudadanía", afirman. También que los decretos estatales que regulan la materia no vulneran los preceptos constitucionales invocados. Los jueces también niegan que la asignatura –como ha sido concebida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– suponga "un adoctrinamiento", como mantiene el PP, ya que cumple con la doctrina del Tribunal de Estrasburgo. "No es manifiestamente invasora de derechos fundamentales", agregan.
Sin embargo, tras revisar el contenido de algunos de los libros de texto, el pleno admite que pueden surgir problemas en la plasmación de la asignatura por parte de las editoriales que redactan los manuales. Por ello, entiende que los padres pueden impugnarlos "No tienen que tragarse todo lo que dicen los libros", explican. Sin embargo, esta impugnación no eximirá a sus hijos de estudiar Ciudadanía. En estos casos, los padres tendrán que acudir primero a la inspección estatal y autonómica, luego a la administración y finalmente a la justicia.
La sentencia, que aún no ha sido redactada, no concretará qué se puede decir o qué no en los libros de texto, según fuentes jurídicas. "No establecerá categorías dogmáticas". Los magistrados han optado por sentar una doctrina general que se pueda aplicar sin problemas a los 134 recursos que quedan pendientes de resolver.
LA DELIBERACIÓN
El debate fue muy denso y pesado y hubo que "pelear" mucho para sacar adelante esta sentencia, según fuentes jurídicas. El fallo cuenta con el voto discrepante de siete jueces. Entre ellos, el ponente de una de las sentencias, el magistrado conservador Juan José Rivas. Las fuentes consultadas han explicado que el pleno, de marcada tendencia conservadora, aparcó las cuestiones ideológicas para centrarse en los problemas que ha generado esta asignatura en los colegios y para dar una respuesta contundente a los que se han negado a impartirla.
LOS CONTENIDOS DE LOS MANUALES DE LA MATERIA OFRECEN VISIONES DISPARES.
FAMILIA
Es una denominación exclusiva para heterosexuales, según la editorial Casals. Algaida recoge siete tipos y los coloca en el mismo nivel.
HOMOSEXUALIDAD
Octaedro dedica tres capítulos a estudiar esta realidad social y afectiva. Akal equipara su persecución a la de judíos y comunistas. SM pide respeto y comprensión para ellos.
SEXO Y ABORTO
Textos conservadores ligan el sexo a la procreación y al amor. Para Octaedro es también una forma de canalizar el placer. Laberinto diferencia sexualidad y sexo. En cuanto al aborto, Casals lo define como un "homicidio y un acto gravemente inmoral". El resto apenas lo mencionan o lo consideran el fracaso de la educación sexual.
RELIGIÓN
Casals ve la aconfesionalidad del Estado como una prohibición de la religión en la vida público. Laberinto alerta de sectarismos actuales como el clericalismo y el nacionalismo.
Los jueces no temen un aluvión de recursos por los manuales
El Tribunal Supremo solo ha revisado el decreto de Asturias que regula Ciudadanía. Sin embargo, observa que el resto de los ordenamientos autonómicos copian la redacción del decreto estatal. Por ello, son legales. Los jueces sospechan que, salvo casos muy concretos, no se repetirá un aluvión de recursos porque las editoriales mayoritariamente cumplen el espíritu de la asignatura. También avanzan que las impugnaciones pueden ser porque los textos "se pasen o se queden cortos".
