En esta aspecto, la LOMCE solo cumple los deseos de uno de cada cuatro españoles
Una cosa es retocar y actualizar las leyes y las instituciones para compensar el desgaste debido al transcurso del tiempo o al cambio de las circunstancias, y otra muy distinta hacerlo para tratar de alinearlas más plenamente con los exclusivos principios y posicionamientos ideológicos del partido gobernante de turno. De esto último, los españoles, con independencia de su orientación política, llevan tiempo ya dando claras muestras de hartazgo. Y, de hecho, a este pertinazmente cíclico ardor reformatorio achacan no pocos de nuestros males. Por ejemplo, ahora y en el caso de la educación, nuestra ciudadanía, de forma prácticamente unánime (86%), concluye que su calidad solo podrá mejorar cuando, de una vez, los partidos sean capaces de llegar a un gran y duradero acuerdo de fondo en vez de intentar reformarla, cada uno por su cuenta y a su manera, en cuanto alcanzan el poder. En otras palabras, para el español medio, el problema ya no parece ser tanto la seria dolencia que sin duda aqueja a nuestro sistema educativo cuanto el continuo relevo de cirujanos que operan con criterios y diagnósticos divergentes —y aun contradictorios— a un paciente cada vez más maltrecho y exangüe.
Si difícil resulta, a partir de los datos de opinión disponibles, afirmar que la planeada reforma de la vigente ley sobre despenalización del aborto responde no ya a un clamor, sino siquiera a una petición relativamente mayoritaria de la ciudadanía, más difícil aún resulta justificar la pretensión de que, en la enseñanza pública, la religión constituya una asignatura cuya nota cuente (a efectos de medias totales e incluso de solicitud de becas) lo mismo que cualquier otra materia del correspondiente plan de estudios.
La realidad es más bien que sobre esta propuesta del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) existe en nuestra sociedad un claro rechazo mayoritario (70% frente a 27%). Este rechazo es masivo (84%) entre los votantes del PSOE, pero lo expresa también la mitad (48%) de los votantes del PP; y es también ampliamente mayoritario entre los católicos poco practicantes (60%), entre los católicos no practicantes (77%) y entre los no creyentes (91%). Tan solo entre la reducida fracción de españoles que se definen como católicos practicantes (y que representan el 17% de toda nuestra población adulta) son mayoría (61%) quienes están de acuerdo con esta medida. Y aun así, entre ellos, un nada despreciable 33% se muestra en contra.
El Estado debe designar los profesores, no la Iglesia
Esta pretensión del proyecto de ley solo cumple, pues, los deseos de uno de cada cuatro españoles; sin embargo, parece responder plenamente a las presiones que la jerarquía de la Iglesia católica española ejerce sobre el actual Gobierno más que a consideraciones de orden educativo o académico: o al menos así lo percibe el 64% de nuestra ciudadanía, y también, y significativamente, el 44% de los votantes populares, el 56% de los católicos poco practicantes y el 66% de los no practicantes; e, incluso, el 37% de los propios católicos practicantes.
En todo caso, y si finalmente la religión se introduce como asignatura en los términos que establece el proyecto de la LOMCE, la ciudadanía se muestra partidaria, de forma clara, de que los profesores que deban impartirla sean designados por el Estado, no por la Iglesia (y es de resaltar que, en esta cuestión, se presenten divididas las opiniones de los propios católicos practicantes).
En conjunto, estos datos invitan a concluir que incluso una importante fracción de los católicos practicantes (además de una clara mayoría de los católicos más tibios) no acaba de tener claro que convertir el mensaje evangélico en asignatura escolar sea el mejor modo de dignificarlo y de contribuir a su pervivencia y vigencia. Nuestra sociedad sigue carente de una reflexión serena y sinceramente compartida por no creyentes y creyentes (y de todas las religiones) sobre el modo de integrar el conocimiento y comprensión del hecho religioso en la enseñanza escolar. Debería estar ya fuera de discusión que, en una democracia pluralista, la religión no puede ser objeto en las aulas ni de descalificaciones fáciles o ligeras ni de adoctrinamientos o proselitismos (cuyo éxito pueda ser, además, académicamente puntuable).
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