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La Provincia de Buenos Aires apoyará con otros 340 millones de pesos a los centros escolares privados, incluidos católicos y evangélicos

La Provincia realizará un aporte extraordinario a los establecimientos educativos subvencionados de gestión privada, laicas y confesionales. El anuncio lo realizó el Gobernador Kicillof, en una videoconferencia con representantes de las cámaras del sector, cómo el presidente del Consejo de Educación Cristiana Evangélica, Daniel Ochoa y del Consejo de Educación Católica, Jorge González.

“La medida implica un apoyo de 340 millones de pesos y tiene lugar en el marco de la situación excepcional originada por la pandemia. “Ahora estamos atendiendo la emergencia, pero nuestro objetivo es apostar al sistema educativo, porque sin educación no hay futuro para nuestra provincia”, enfatizó el Gobernador”, indica una nota de la página de la Dirección General de escuelas y educación de la Provincia.

El gobernador anunció además que los establecimientos educativos privados que lo soliciten accederán al programa nacional ATP de aporte para el pago de salarios.

Según un estudio de la Universidad Pedagógica Nacional, en Argentina, las escuelas confesionales representan más de la mitad de las escuelas privadas, reciben subvenciones provinciales, parciales o totales, para hacer frente al pago de salarios de sus docentes. Otro beneficio que reciben las escuelas privadas es la exención impositiva, al menos del IVA y de Ganancias. Además, están exentas de pagar contribuciones patronales a sus docentes.

La iglesia como institución también recibe millonarios subsidios. Efectivamente, una serie de decretos-ley de la última dictadura militar dispone cuantiosas asignaciones para obispos (ley 21950) obispos eméritos (ley 21540) seminaristas mayores (ley 22950) y jubilaciones para sacerdotes (ley 22430), además de entrega de propiedades e inmuebles, lucro con la explotación comercial de clínicas, terrenos, geriátricos, locales, empresas, escuelas, colegios y universidades. Y a todo eso suma los ingresos por fundaciones, donaciones y herencias de fieles.

Varios especialistas del tema aseguran que, si se centralizaran todos los bienes de la Iglesia, quedaría en evidencia que detenta el mayor patrimonio privado de la Argentina.

A esta “pobre gente” subvenciona Kicillof. Asimismo hay denuncias de intentos de cierre y despidos de docentes de establecimientos privados como sucedió en el Jardín de infantes San benito de Quilmes, que gracias a la organización de las y los trabajadores, se volvió atrás con el cierre.

En el marco de la pandemia, no podemos desconocer que hay miles de familias trabajadoras que envían a sus hijos a escuelas privadas haciendo un gran esfuerzo y hoy no están pudiendo estar al día con las cuotas.

Sin embargo el lucro y afán de ganancias de los empresarios de la educación, se traducen en vulneración de derechos y discriminación como el caso de Matías en La Matanza a quien echaron de su escuela en Laferrere por no pagar la cuota.

Matías perdió a su padre, enfermo de cáncer y sostén económico de la familia hace un mes y por la pandemia no puede trabajar ni llevar ingresos a su casa. El propio ministro Trotta intervino en el caso y reingresaron al alumno. Pero como Matías hay miles.

Por ello ante la declaración de crisis o falta de recursos de una escuela privada, el Estado debe hacerse cargo, estatizarla sin indemnización. La educación no es un negocio, es un derecho. Por eso peleamos por la nacionalización de todo el sistema educativo.

No puede haber ningún docente despedido ni ningún niño sin escuela porque su familia no puede pagar las cuotas del colegio.

En vez de subvencionar a instituciones millonarias como la Iglesia y sus escuelas, el gobierno de Kicillof debería aumentar el presupuesto educativo para fortalecer la educación pública en este contexto.

Hay miles de docentes que se quedaron sin horas, para quienes el gobierno destina el mísero Piedas de $10.000 o $ 16.000, de docentes precarizados de los planes FiNes, bachilleratos Populares y programas socioeducativos. Y miles de niños, niñas y adolescentes que no tienen los recursos para llevar adelante la continuidad pedagógica, y reciben bolsones de alimentos que son totalmente insuficientes y poco nutritivos.

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