El pasado 21 de enero, grupos de ciudadanas y ciudadanos mostraron su rechazo al ingreso, como observador, del Estado Vaticano al Sistema de Integración Centroamericano (SICA). En el Comunicado que distribuyeron, manifestaban que les “preocupaba profundamente las reiteradas actuaciones del Estado Vaticano en las Naciones Unidas y la OEA, en contra de los derechos de las mujeres, de la equidad de género y de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, pretendiendo imponer sus concepciones morales y normas de conducta a toda la sociedad”.
Este temor no es infundado, la Conferencia Episcopal de El Salvador, en su mensaje para 2013 (publicado el 18 de enero), retoma el mensaje de Josep Ratzinger, Jefe del Estado Vaticano y señala como su primera prioridad política para 2013, desechar toda posibilidad de legalizar el aborto y como segunda prioridad exhorta a los diputados a apoyar reformas a la constitución que impidan las uniones de personas del mismo sexo.
Lamentablemente en sus prioridades no aparece la disminución de la extrema pobreza y de la emigración, ni la redistribución de la riqueza, ni la disminución de los embarazos adolecentes y la violencia contra las mujeres o la falta de alternativas laborales para la juventud. Lo que se prioriza es regular la sexualidad de la población en base a sus criterios religiosos y normas morales.
Defendemos el derecho a que el 50 % de la población salvadoreña que profesa la religión católica, se comporte según estos principios y normas morales si así lo desean, pero no pueden pretender imponerlo a toda la ciudadanía.
Las políticas públicas y las leyes se deben definir para garantizar la defensa de los derechos de las niñas y mujeres, para que tengan la posibilidad de interrumpir un embarazo si este pone en riesgo su salud o su vida, o ha sido producto de una violación. La penalización absoluta del aborto genera un alto número de abortos inseguros y un grave problema de salud pública para el país, a la vez que ha llevado a muchas mujeres a la cárcel y a otras al suicidio (la principal causa de muerte de adolescentes es el suicidio vinculado a embarazos no deseados).
El Estado no debe de controlar la opción sexual de la ciudadanía, el derecho a su propio cuerpo, sino garantizar que todas las personas puedan vivir su sexualidad y afectividad sin ser discriminadas por su orientación sexual.
Debemos ser consecuente con el carácter laico y la separación entre iglesia y estado que contempla nuestra Constitución, legislando en base a la defensa de los derechos de las personas y a políticas públicas de salud basadas en criterios médicos y científicos. Así tendremos personas libres en estados laicos.
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