Más allá del veto parental de la ultraderecha, generalizar los contenidos en diversidad, igualdad y sexualidad sigue siendo una asignatura pendiente
En la práctica, depende de la voluntad de los propios centros «porque la Administración está obviando su responsabilidad», señala Belén de la Rosa, de CCOO
Diversas leyes avalan y obligan a implementar estos temas en los colegios, pero los colectivos piden que se dé un paso más y que se garantice su cumplimiento
La polémica del veto parental lleva días ocupando la primera plana del debate público. La medida exigida por Vox a la que se ha sumado el PP, que nunca se ha tratado en los debates de política educativa, permite a los padres impedir que sus hijos acudan a actividades contrarias a sus convicciones. Podría afectar a cualquier tipo, pero la ultraderecha está usando la propuesta para cuestionar la educación afectivo-sexual y en la diversidad; contenidos que, por otro lado, están lastrados por la la falta de sistematización y aún dependen de la voluntad de los centros educativos.
«El objetivo debería ser que esta formación se generalice y, para eso, es clave que la Administración se implique», explica Marian Moreno, docente, miembro del sindicato SUATEA y una de las creadoras de Skolae. Los de Santiago Abascal han difundido bulos sobre este programa navarro en los últimos días para justificar el veto parental, sobre el que el propio Ministerio de Educación ha enviado un requerimiento a Murcia para que lo retire. Sin embargo, Skolae es un plan de educación afectivo sexual pionero premiado por la UNESCO que, por el momento, ninguna otra comunidad autónoma ha imitado.
En líneas generales, el peso está puesto en los propios centros «porque las administraciones públicas están obviando su responsabilidad. Las instituciones aún no han desarrollado los mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento de las leyes», señala Belén de la Rosa, responsable de Mujeres, políticas de igualdad y LGTBIQ de la Federación de Enseñanza de CCOO.
En Asturias, por ejemplo, existe un programa en el que se tratan temas de igualdad y sexualidad y hay talleres dentro de la planificación de los centros «pero se apuntan los que quieren», dice Moreno. En Andalucía hay un Plan Estratégico de Coeducación –educación en igualdad–, pero el margen para aplicarlo es amplio. En la Comunidad de Madrid existen instrucciones específicas sobre diversidad en el aula desde 2016. Cristina Sandoval, jefa de estudios de un instituto madrileño, asegura que, sin embargo, los contenidos «no están sistematizados» y hay profesorado «que sigue sin considerarlo dentro de sus materias a tratar».
Frente a ello, el marco normativo que avala y obliga a instaurar contenidos de sexualidad, igualdad de género y diversidad es muy amplio: desde el preámbulo de la LOMCE hasta la Ley Integral de Violencia de Género, la Ley del Aborto o las leyes LGTBI autonómicas. Marian Moreno llama la atención sobre el «importante número del profesorado que ya se ha formado; por su cuenta, eso sí» y que «han tomado la delantera a las administraciones» en la aplicación de estas normas. Pero «quien no lo hace está tan tranquilo porque nadie le obliga».
Educación sexual deficiente
Desde la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) advierten de que esta falta de desarrollo implica «que en cada sitio se funcione de una manera», en palabras de Raquel Hurtado, coordinadora del Área de Intervención Social. Y ese mecanismo se basa en que «haya una parte del profesorado, centros educativos o municipios concretos que estén especialmente sensibilizados y se animen a abordar este tema». Además, la FPFE exige que esta formación no dependa únicamente de charlas puntuales.
Este tipo de talleres son ofrecidos por estas organizaciones y son los centros los que lo solicitan, «en muy buena medida para alumnado de 3º y 4º de la ESO», que es cuando «se entiende que empiezan a mantener sus primeros encuentros sexuales», a pesar de que la ONU define esta materia como «esencial para la salud y el bienestar de los niños y jóvenes». Sin embargo, su implantación sigue siendo mínima: según la última encuesta de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), solo el 28% del alumnado respondió que su fuente principal para informarse de sexualidad son «los profesores y profesoras».
UGT coincide en que «es imprescindible» la revisión de los currículos de todas las etapas educativas porque la formación actual en este sentido «es insuficiente», algo que «dicen expresamente nuestros estudiantes, que reconocen que fundamentalmente se forman a través de Internet y de sus compañeros», reflexiona Maribel Loranca, secretaria del Sector de Enseñanza del sindicato. Ante ello, el proyecto de ley educativa que pretende aprobar el Gobierno refuerza estos contenidos e incluye la perspectiva de la coeducación en las aulas. UGT, en concreto, pide una asignatura específica de educación sexual.
En términos generales, la educación sexual que se ofrece «está muy centrada en el riesgo», explica Hurtado. Y precisamente por eso Skolae se ha convertido en un referente. El plan desarrolla un concepto amplio e integral de la sexualidad basada en la igualdad y con el objetivo de que los niños, niñas y jóvenes la vivan «de forma placentera y satisfactoria, sin coerciones, ni miedos, ni violencias», señala.
«Falta voluntad política»
«Básicamente, las leyes no se están cumpliendo», insiste Loren González, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB). El colectivo exigió este jueves en rueda de prensa junto a Amnistía Internacional, CCOO y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA) «el blindaje» de la educación en diversidad, que «debe ser una materia transversal en distintas asignaturas y cursos adaptados por edades».
A las organizaciones LGTBI como la FELGTB son también los centros los que les reclaman charlas en este sentido, cuya utilidad demuestran los testimonios del profesorado y alumnado implicado en ellas. «Hay comunidades autónomas que son más complicadas y ahí no estamos viendo un impulso por parte de las Administraciones Públicas», cuestiona el responsable de la federación. «Por un lado, la ley avala estos contenidos, pero luego hay una voluntad política insuficiente de que estas leyes se implementen. Y ese es un fallo fundamental».
Por otro lado, las expertas y asociaciones señalan las diferencias que hay entre los centros educativos públicos y los privados o concertados –muchos de ellos, de carácter religioso–, siendo los primeros «los que con muchísima diferencia más nos reclaman», apunta González. Por eso, exigen que «todo centro educativo sostenido con fondos públicos», es decir, la educación concertada, «debería contar con todas las garantías a la hora de abordar estos contenidos».
Un avance en los últimos años
Más allá del veto parental, la educación afectivo-sexual y en igualdad sigue siendo insuficiente, pero sindicatos y colectivos ponen también el foco en aquellos centros y profesores que sí están implementándola. «En la pública, este tipo de charlas están más generalizadas. Quienes están incumpliendo la ley son aquellos que no lo hacen», recuerda de la Rosa. De hecho, el avance en los últimos años a nivel legislativo y en la práctica «es lo que ha motivado el ataque por parte de la extrema derecha».
Lo mismo opina Lolo López, coordinador de Educación del colectivo sevillano LGTBI DeFrente, que aunque avisa de que «ni mucho menos llegamos a la mayoría de centros», cada vez más el profesorado se anima a formarse e interesarse por estos temas. En el curso 2018-2019, el número de alumnos y alumnas a los que impartió talleres esta organización se triplicó con respecto al curso anterior. «Lo importante es que con el tema del veto parental, los centros no se lo replanteen», dice.
Son muchos los docentes que trabajan estos contenidos en el aula y, por eso precisamente, llevan años reclamando que se sistematice. Quizás esa sea la mejor forma de blindar esta formación ante el cuestionamiento de la ultraderecha porque el veto parental, explican desde UGT, «va más allá de controlar actividades determinadas» y lo que pretende es «romper con el consenso educativo conseguido en muchos aspectos», un acuerdo que todavía tiene que avanzar.
