De 95.000 alumnos de 3º de ESO, sólo 449 enviaron solicitudes de objeción
La asignatura de Educación para la Ciudadanía cumple un año. Los alumnos de 3º de la ESO han asistido a una clase en la que, según los estudiantes "uno dice lo que piensa y escucha lo que piensa el otro". Tras la amenaza de avalancha por parte de padres objetores en Andalucía, la Consejería de Educación revela datos poco llamativos. De los 95.000 alumnos de 3º de ESO, sólo se enviaron 449 solicitudes de objeción. "Y todas fueron rechazadas", informan desde Educación. "La mayoría de estos chicos acabó yendo a clase".
En el Instituto Gustavo Adolfo Bécquer de Sevilla entregaron las notas el 24 de junio. Los gritos de alegría se mezclan con algún otro suspiro. "He sacado un seis en la nueva, la Educación para la Ciudadanía", celebra una alumna. La asignatura que nació entre polémica se lleva un diagnóstico claro: "Sin problema. Ni una sola queja, una asignatura normal", sintetiza el director del centro.
La Conferencia Episcopal, el Foro de la Familia y muchos católicos de base pensaron que la asignatura transmitía valores demasiado liberales. "Pensé que meterían a mis hijos ideas libertinas en la cabeza", confiesa una madre que lleva a su hija al colegio concertado Claret.
El temario de la asignatura aborda temas como la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos humanos y universales, la democracia española y los tipos de familia. Algunas editoriales incluían entre ellos el matrimonio homosexual o la familia monoparental. "A los chicos hay que hablarles de la realidad, de lo que ven en la calle", explicaba Ángel González, profesor de Griego en el Martínez Montañés. "La clase debe ser una prolongación de la vida de los chicos y no una realidad aparte", apuntaba otro compañero.
La asignatura imponía para algunos lo que los obispos llaman "ideología de género". Para los sacerdotes mostrar el matrimonio homosexual o el aborto como una realidad social hace pensar al adolescente que es una opción más cuando la doctrina de la Iglesia Católica es clara en este sentido: el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer; el aborto, por otro lado, es considerado "asesinato". Estas consignas repetían muchos católicos en las manifestaciones "a favor de la familia" convocada en muchas ciudades españolas a raíz de la implantación de la asignatura.
La Consejería informa de que en Andalucía hubo 12 casos en los que los padres decidieron llevar hasta las últimas consecuencias su decisión de no asistencia a esta clase. Los chicos no suspendieron la asignatura sino que apareció en sus notas un "No Presentado" que no cuenta a la hora de pasar de curso o a efectos de titulación. Doce de los padres, no conforme con la desestimación original, acudieron a los tribunales. "Once de ellos han conseguido un auto del juez por el que sus hijos quedaban exentos de acudir a la clase. Uno de ellos tiene una decisión en firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El caso más importante se produjo cuando el TSJA anuló las referencias al "género" recogidas en la normativa aprobada por la Junta de Andalucía para implantar los contenidos de la asignatura. Manuel y Carlos Seco Gordillo, dos hermanos militantes del PP, que desempeñaron cargos relevantes en la política andaluza fueron los padres que alegaron "la vulneración de sus derechos fundamentales". De los cinco magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, tres firmaron la resolución y dos emitieron un voto particular para diferenciar su opinión de las del resto. En el escrito, señalan que lo que se pretende es inculcar un "rechazo a toda discriminación por razón de sexo y de inclinación sexual, lo cual, naturalmente, no está reñido con valor constitucional alguno ni, por supuesto, con el derecho de los padres a elegir la formación moral de sus hijos". Los tres magistrados que sí firmaron la sentencia fueron Enrique Gabaldón, hijo del fundador del Foro de la Familia y numerario del Opus Dei, Victoriano Valpuesta, también miembro de la congregación y Joaquín Sánchez.
Esther Rivero, la profesora de la asignatura en el colegio concertado La Salle, afirma que "en el libro no hay una referencia específica a nada contrario a la religión católica". Ella usó el manual de la editorial Marina S.M. El subdirector del colegio privado Tabladilla menciona cuatro padres objetores de los 1006 alumnos -todos chicos- del colegio. "Nosotros no somos un colegio confesional pero sí tenemos nuestros criterios". Uno de ellos es que acatamos la doctrina de la Iglesia Católica. "Algunos aspectos de la asignatura no deben explicarse en el colegio. Es una intromisión del Estado".
Desde el instituto público Martínez Montañés, la profesora de la asignatura se sorprende cuando le preguntan por las objeciones. "¿Aquí? Ninguna". Y añade: "A los chicos les ha encantado. La participación era muy alta". En el colegio Antonio María Claret, fundado y gestionado por los Misioneros Claretianos Sergio Díaz cursa 3º de la ESO- F. "Una de las cosas que dice don Guillermo es que no se puede abortar". Explica que eso "no viene en los apuntes pero el profesor nos lo ha explicado".
Los docentes coinciden en que la Educación para la Ciudadanía depende "casi completamente" del docente que la imparta. El alumno continúa explicando su experiencia: "hablamos de que no hay que ser racistas". Entonces Juan Luis, que pide que no figure su apellido, aporta algo a la conversación: "El Gobierno te come la cabeza, por eso ha puesto esa asignatura", salta de repente. Lleva una pulsera con la bandera de España en su muñeca. Preguntado por su conocimiento de la asignatura, responde: "Yo no la tengo. Lo único que sé es que la ha puesto Zapatero y que nos quiere comer la cabeza. El alumno que sí asistió a clase se encoge de hombros. "Hablamos de derechos humanos", concluye dando la espalda al otro chico. Laura Mohedano, de 14 años, sintetiza su experiencia en el instituto Bécquer. "Ahora sé defenderme en la vida: las leyes que me amparan y todo eso".
Un año de Educación para la Ciudadanía ante los tribunales
– Enero. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reconoce, por primera vez, en un auto de medidas provisionales el derecho de unos padres de Bollulos Par del Condado (Huelva) a que su hijo no curse la asignatura ni sea evaluado. Cuatro hermanos de Málaga obtienen la autorización judicial para faltar a las clases, aunque ninguno de ellos cursaba la asignatura. El TSJA acepta los recursos contra el rechazo de Educación a las solicitudes de objeción.
– Abril. El TSJA sentencia a favor de los padres de Bollulos porque la asignatura "emplea conceptos de trascendencia ideológica y religiosa como son la ética, la conciencia o los conflictos morales". El TSJA asume la tesis, abanderada por la Conferencia Episcopal, de que la asignatura Educación para la Ciudadanía impone lo que los obispos llaman "ideología de género" (propugnar que a la persona no le define el sexo, sino la opción sexual elegida por cada cual). El fallo, firmado por la sección III de la Sala de lo Contencioso Administrativo asegura que el límite "que exige el principio de neutralidad ideológica sí se rebasa en esos reales decretos porque la regulación revela a las claras que está más allá de trasmitir los valores de la libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, recogidos por la Constitución, sobrepasando una enseñanza teórica y práctica de los principios democráticos de convivencia".
– Mayo.El TSJA estima el recurso de cinco padres y declara nulos algunos de sus contenidos por rebasar la neutralidad ideológica. La Junta presenta ante el Tribunal Supremo un recurso contra la sentencia del TSJA que anuló las referencias al género de Educación para la Ciudadanía. Según el texto presentado por el Gobierno andaluz, el fallo suscrito por tres jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo es "ideológico" y la asignatura no vulnera derechos fundamentales.
– Junio. el alto tribunal andaluz rechaza el recurso presentado por un padre para que se ejecutara de forma provisional la sentencia que declaró nulas todas las referencias al género recogidas en la normativa andaluza que regula la implantación y el desarrollo de la materia
