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La Plataforma Laicista de Jerez denuncia que San Dionisio y la Atalaya es una inmatriculación injusta e ilegal

La Plataforma Laicista de Jerez denuncia la apropiación ilegal, por parte del Obispado, de la Torre de la Atalaya, de titularidad municipal, y reclama a las administraciones local y autonómica la defensa y conservación de los bienes públicos.

Según certificación registral a la que ha tenido acceso la Plataforma Laicista de Jerez, el 1 de julio de 1993, el obispado de Asidonia-Jerez, amparado en un reglamento franquista de 1947 que reconocía a los obispos la capacidad de inmatricular (inscribir en el registro por primera vez una propiedad que no lo estaba) sin la necesidad de aportar más título de propiedad que su palabra, procedió a la inmatriculación de la iglesia de San Dionisio.

En dicha certificación se recoge la siguiente descripción de la finca:

“URBANA: Iglesia Parroquial de San Dionisio y sus dependencias sita en esta Ciudad, en plaza de la Asunción, tiene una superficie construida de mil doscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados, sobre un solar de mil sesenta y tres metros cuadrados.-
Linda: por la derecha, con la plaza del Doctor Revuelta y Montiel por la izquierda, con la Plaza Plateros; por el fondo, con la calle del conde Cañete del Pinar y por el frente, con la plaza de su situación.-

Ante la referida información, cabe destacar varios hechos:

  • El procedimiento de inmatriculación de esta finca fue, a todas luces, ilegal, por cuanto el reglamento franquista que otorgó a los obispos la potestad de inscribir a su nombre propiedades que no se encontraban registradas no permitía el registro de bienes dedicados al culto. No sería hasta el 28 de octubre de 1998 que, mediante modificación de dicho reglamento por parte del Gobierno de Aznar, se les permitiera también la inmatriculación de los bienes dedicados al culto (iglesias, ermitas, catedrales, etc.).
  • Por otro lado y según la descripción de la finca antes reseñada, los lindes no reconocen la entidad propia de la Torre de la Atalaya, dando por hecho que forma parte del conjunto de la iglesia de San Dionisio.
  • La torre se encuentra inscrita como BIC independiente de la iglesia y es propiedad municipal tal como figura en el Inventario General de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (INM-003165).

En efecto, la iglesia de San Dionisio y la Torre de la Atalaya, también llamada del Reloj, del Concejo o de la Vela, son considerados bienes inmuebles independientes como justifican sendas declaraciones BIC (Bien de Interés Cultural); la iglesia, con código RI-51-0001605, Patrimonio Histórico desde el 5 de marzo de 1964, y la Torre de la Atalaya, con código RI-51-0004318, Patrimonio Histórico desde el 15 de diciembre de 1978. No forman, pues, una unidad.

Aunque el error no queda ahí y, de la misma forma que se ha obviado la existencia de la Torre de la Atalaya, la descripción de los lindes no reconoce diversas propiedades privadas colindantes como puedan ser aquellas con fachada a la calle Conde Cañete o a la plaza Doctor Revuelta y Montiel.

Sin entrar a valorar si esta falta de rigor es consecuencia de lo impropio que pueda resultar que un obispo haga las veces de notario, del abuso en la buena fe del registrador o a cualquier otra circunstancia que se nos escape, el caso es que reclamamos el amparo de nuestros administradores públicos y solicitamos al Ayuntamiento de Jerez:

  1. Que reafirme sus derechos de propiedad y uso de la Torre de la Atalaya, denunciando su inmatriculación.
  2. Que dé a dicha torre un uso acorde con su valor histórico y arquitectónico y permita a los ciudadanos su visita y disfrute.
  3. Que, ante la posibilidad de la existencia de casos similares, reclame la relación de bienes inmuebles inmatriculados en Jerez desde el fin de la dictadura franquista hasta nuestros días.

Aprovechamos para denunciar la falta de supervisión de la Junta de Andalucía, como responsable del Patrimonio, que permite que bienes de interés cultural, catalogados, que son patrimonio de todos y cuya custodia le ha sido transferida por el Estado, puedan ser inmatriculados o cambiados de uso sin los preceptivos permisos.

Finalmente queremos hacer un llamamiento público a toda la ciudadanía para que se una a la defensa de nuestro valioso patrimonio histórico.

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