La Plataforma de Defensa del Patrimonio considera «inconstitucional» que la Iglesia haya inmatriculado 1.087 bienes

Una representación de esta asociación ha comparecido, a petición de Nafarroa Bai, en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento foral

La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro considera "inconstitucional" que la Iglesia haya inscrito a su nombre desde 1998 un total de 1.087 bienes en el Registro de la Propiedad de Navarra, entre parroquias, ermitas, basílicas, viviendas, casas y diversos locales.

Una representación de la plataforma ha comparecido, a petición de Nafarroa Bai, en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Navarra para dar cuenta de su actividad, tras haberse constituido en un grupo de 122 ayuntamientos y concejos en contra de la iniciativa de la Diócesis de registrar a su nombre inmuebles en diversas localidades navarras.

Tras informar a los parlamentarios, han comparecido en rueda de prensa el alcalde de Huarte, Javier Basterra; el alcalde de Leitza, Javier Zabalo, y el catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado Alejandro Torres.

Javier Basterra ha afirmado que la Iglesia está actuando de forma "indebida" en la inmatriculación de bienes y ha subrayado que, una vez el Parlamento de Navarra ya tiene conocimiento "oficial" del listado de registros, debe actuar para "volver a la situación anterior".

Por su parte, Alejandro Torres ha dado cuenta de los argumentos jurídicos que sostiene la plataforma contra estas inmatriculaciones y ha considerado que se basan en la "inconstitucionalidad" de dos artículos de la ley hipotecaria, que "permiten a los obispos inscribir por primera vez bienes en el Registro de la Propiedad a partir de certificaciones emitidas unilateralmente" por la propia Iglesia.

Alejandro Torres ha afirmado que la Constitución establece que ninguna confesión tiene carácter estatal y ha indicado que "no cabe equiparar a la Iglesia católica como una corporación de derecho público". El catedrático ha argumentado que, "si ninguna confesión tiene carácter estatal, lo que no puede ocurrir es que determinados particulares, los diocesanos, los obispos católicos, solamente los católicos", puedan tener funciones que son propias del Estado para emitir certificados que permitan la inmatriculación de bienes.

Alejandro Torres ha indicado que esto no es un problema de "prejuicios ideológicos o de anticlericalismo", ha indicado que se trata de un tema exclusivamente legal.

El catedrático de la UPNA ha afirmado que "es necesario que los poderes públicos sean conscientes de este problema" y ha explicado que existirían dos vías para "resolverlo", por un lado, el recurso a la justicia, y por otro, la modificación de la ley hipotecaria.

Preguntados sobre si la plataforma tiene previsto recurrir a los tribunales esta situación, el alcalde de Huarte ha explicado que en el caso de esta localidad el asunto ya está en manos de un abogado, puesto que cuentan con documentación que atribuiría los bienes al municipio.

No obstante, ha destacado la dificultad que tienen otros ayuntamientos para obtener documentos que permitan revertir judicialmente las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia, puesto que existen inmuebles con cientos de años de historia y ello dificulta la conservación de documentos.

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