La enmienda del tripartito para incluir en el arreglo escolar a la concertada fomentará un trasvase de alumnos a la pública
La vía judicial que anuncia el PP sólo prosperará si no se deroga la Lomce tras un hipotético cambio en el Gobierno central
Primero la Conselleria de Educación creó las aulas públicas de 2 años para ayudar a colegios con plazas vacías a competir con la red concertada, que en el primer ciclo de Infantil es privada. A continuación, Campanar puso el foco en el decreto de admisión, del que suprimió el distrito escolar único y los puntos del baremo que, según la izquierda, han beneficiado a los colegios concertados. Y ahora llega el turno al espinoso asunto del arreglo escolar. De nuevo, en el punto de mira del Consell están los centros privados sostenidos con fondos públicos.
El PP anunció ayer que llevará a los tribunales la enmienda a los presupuestos de la Generalitat para 2016 que han presentado PSPV, Compromís y Podemos. Hasta ahora, la planificación educativa -esto es, la creación o supresión de aulas- no afectaba por igual al sistema público y al concertado. Es decir, el arreglo escolar de ambas redes se realizaba por separado. Tras la enmienda de los tres partidos que sustentan al Gobierno valenciano, este arreglo se hará conjuntamente para la pública y la concertada. Y el resultado puede ser la supresión de conciertos educativos, sobre todo en Bachillerato y Formación Profesional.
La razón no es otra que el hecho de que estas dos etapas no son obligatorias, de manera que la Administración autonómica decide si subvencionar o no las plazas en los centros concertados. El anterior gobierno del PP extendió el concierto de manera «singular» a Bachillerato y FP, con lo que las familias deben pagar una pequeña cuota mensual que directamente está prohibida en Primaria y Secundaria.
La citada enmienda de modificación, sin embargo, introduce un cambio sustancial. Para el objetivo de «planificar adecuadamente la escolarización del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en centros de titularidad de la Generalitat», la modificación consiste en eliminar «en centros de titularidad de la Generalitat», que son justamente los públicos.
Es así como la planificación de las unidades o aulas no se limitará únicamente a la red pública. Según la portavoz adjunta del PP en las Cortes y ex consellera de Educación, María José Català, «la intención es cubrir el máximo número de vacantes posible en la red pública y eliminar conciertos de la educación no obligatoria».
Para Català, la enmienda del tripartito busca tener «elementos objetivos» para justificar un trasvase de alumnos de la concertada a la pública, ya que en la actualidad hay en esta red un 20% de plazas vacantes, unas 110.000, según Català. En función del impacto de la bajada de ratios anunciada por el departamento de Vicent Marzà, la pérdida de alumnos para la concertada podrá ser más o menos grave.
La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, alertó ayer en rueda de prensa de que en los municipios donde coexistan ambas redes «no se concederán nuevas aulas o unidades a la concertada hasta que no se ocupen el 100% de las plazas de la pública». Los populares, que siguen insistiendo en que los pasos dados por la Conselleria socavan la libertad de elección de los padres, ya anuncian el recurso a los tribunales.
Gobierno central
La vía judicial se sostiene a día de hoy por la Lomce, con la que el Ministerio de Educación introdujo por primera vez la posibilidad de concertar en función de la demanda de las familias, al margen de si se cubre o no la oferta de plazas públicas. Esto significa que difícilmente prosperará la vía judicial si cambia el color político en el Gobierno central, pues todos los partidos de la oposición anunciaron que tumbarían la ley educativa del PP. Y, sin Lomce, no hay paraguas jurídico que ampare el concierto con base únicamente en la demanda.
En todo caso, el PP valenciano ni siquiera descarta ser ahora el promotor de lamovilización en la calle, teniendo en cuenta que «acabar con la educación concertada perjudicaría a más de 200.000 familias, destruiría más de 25.000 puestos de trabajo y dejaría sin plaza y sin colegio a a una cuarta parte de los alumnos de la Comunidad Valenciana».
