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La particular “aconfesionalidad” del estado español

“A este pueblo (España) solo le faltaron dos cosas: saber prescindir del Papa y saber prescindir del Rey”. Víctor Hugo, Primera Carta a España.

“El problema religioso, incluso en su aspecto externo, el problema eclesiástico, es el problema más íntimo, más profundo que hay en la vida española”.
Fernando de los Ríos. (En debate parlamentario, octubre de 1931)

Cuarenta y dos años de constitución democrática

E l 6 de diciembre de 1978 se aprobaba la Constitución española, que terminaba con el régimen de la dictadura franquista. El texto constitucional no fue fruto de la participación de la sociedad, no fue un proceso realmente “constituyente”, sino más bien unos acuerdos entre representantes del régimen franquista y de las nuevas fuerzas políticas. La movilización social de los últimos años del franquismo obligaba al régimen a aceptar cambios, pero éste mantenía todos los poderes en sus manos y la amenaza de las Fuerzas Armadas, que habían dado un golpe de Estado a la República y habían mantenido la opresión de la dictadura y perseguido y aniquilado cualquier oposición durante 40 años. El principal consenso en palabras del periodista Gregorio Morán fue “olvido”. La transición se planteaba como un acto idílico de bondad de todas las partes, un proceso “modélico” por el que los líderes políticos afianzaron la democracia de manera armoniosa y pacífica. Sin embargo, el escritor y periodista Sánchez Soler concluye en su investigación que entre 1975 y 1983 más de 600 personas murieron y dos mil resultaron heridas por la violencia política. A pesar de la imagen y del discurso, la “transacción”, término empleado por algún historiador y político, reflejó la correlación de fuerzas claramente favorable al régimen que acababa. Y una de las fuerzas principales de ese régimen era la Iglesia Católica, que venía de ser parte del Estado, teniendo a su cargo la educación y los servicios sociales, inspirando o dictando la legislación, y siendo soporte fundamental de la ideología nacional-católica. Por eso, aunque la Conferencia Episcopal no estuviera representada directamente en el equipo de redactores, tuvo una influencia clara sobre aquel e impuso su presencia en el articulado de la Constitución. Exigen un reconocimiento especial que le garantice privilegios futuros, así el artículo 16.3 dice: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Pero a continuación aclara: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas”. Igualmente exigen su participación en la educación, consiguiendo que el artículo 27 incluya el punto 3: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”; y el punto 6 deja la posibilidad de que las personas físicas o instituciones puedan crear centros educativos. En paralelo se terminan de amarrar y desarrollar estos privilegios en los acuerdos del 76 y el Concordato de Enero del 79 con la Santa Sede, todos ellos evidentemente preconstitucionales y, desde mi punto de vista, claramente anticonstitucionales. Teniendo en cuenta todo esto, y que una cosa es la constitución legal y otra la “real”, que es la interpretación de lo escrito y el desarrollo en la práctica, podemos comprobar que, durante todos estos años, el funcionamiento de las instituciones del Estado revela aún las inercias y tendencias del pasado. La declarada “aconfesionalidad”, no es para nada una evidencia, más bien podríamos decir en palabras del Juez Navarro que el Estado es “Criptoconfesional”. Como indica el teólogo Juan José Tamayo, “En cierto sentido se puede decir que durante los 43 años de democracia los Gobiernos han sido rehenes de la Iglesia Católica y han aceptado esa situación sin resistencia alguna”. Amparándose en el Concordato de 1979 la Iglesia Católica ha venido beneficiándose de cuantiosos privilegios de todo tipo y ha seguido interviniendo o interfiriendo en múltiples aspectos políticos o legislativos. Hoy en día la Iglesia Católica sigue considerándose con el derecho a dictar las normas de comportamiento moral de toda la sociedad, a decidir sobre la educación y a mantener e incrementar todos sus privilegios económicos; sigue creyéndose que el gobierno debe de supeditarse a sus designios, y en la práctica parece conseguirlo muy a menudo. Y así ha sucedido en estos cuarenta años con gobiernos de distinto signo político.

Situación actual del laicismo en el estado y en la sociedad
En el Estado

En estos momentos se da una situación curiosa con respecto a la aconfesionalidad del Estado. Por primera vez hay un gobierno de coalición formado por dos partidos, PSOE y UNIDAS PODEMOS, apoyado por otros grupos nacionalistas de izquierdas, que conforman una mayoría parlamentaria, todos ellos se declaran Laicos, y contemplan en sus programas respectivos la necesidad de la laicidad del Estado. Todos estos grupos, en 2018, estando aún en la oposición, aprobaron en Comisión derogar los convenios con la Santa Sede. En el año de gobierno han protagonizado algunos actos simbólicos de aconfesionalidad, como tomar posesiones de los puestos realizando la promesa sobre la constitución, sin presencia por primera vez de cruz o biblia; o la celebración de un funeral de Estado, no confesional, por las víctimas de la Pandemia, aunque invitando al mismo a las autoridades religiosas. Lo que no impidió que el jefe del Estado y la vicepresidenta del Gobierno asistieran en representación del Estado a la réplica de funeral religioso celebrado por la Iglesia Católica. Aparte de estos detalles, de momento no se han producido cambios legislativos ni decretos que avancen hacia la laicidad del Estado. Las propuestas de Europa Laica demandando el cumplimiento del compromiso aprobado en comisión sobre los acuerdos con la Santa Sede, sobre la financiación de la Iglesia Católica, o sobre la nueva ley de educación que está terminando su tramitación, no han sido tenidas en cuenta. Por el contrario, la Conferencia Episcopal se ha reunido con el gobierno para exponer sus propuestas sobre esos temas. Por el momento siguen manteniéndose los inmensos privilegios a la Iglesia Católica, actuaciones de las instituciones del Estado y signos públicos propios del Estado nacionalcatólico. Citamos algunos: Se mantienen símbolos religiosos en colegios, juzgados, cuarteles, hospitales, centros oficiales de todo tipo. Cuando alguna persona denuncia el hecho y solicita la retirada, ateniéndose a la legislación vigente, incluida la Constitución, es desoída por las instituciones responsables. Sugiero sigan en la web de laicismo.org las peripecias del joven estudiante Héctor García solicitando la retirada de los crucifijos de su centro público de enseñanza. Hay cientos de Ayuntamientos que han nombrado alcaldes o alcaldesas perpetuas o de honor o han entregado medallas de la ciudad a vírgenes y santos. Las Universidades y otras muchas instituciones, como las Fuerzas Armadas, tienen patronos religiosos. La inmensa mayoría de cargos públicos sigue participando en actividades religiosas. Las fiestas municipales tienen advocación y programa religioso, las vacaciones escolares siguen el calendario de las celebraciones religiosas, como Navidad o Semana Santa.

La Religión se mantiene, incluso en la actual ley en trámite, como asignatura en todos los niveles de la enseñanza no universitaria, desde la educación infantil, pagando el Estado al profesorado que es designado, y en su caso cesado, por los obispados.

Aún existen capellanes en el ejército, con grados militares de hasta general, en los hospitales, y hasta en alguna universidad.

Se pagan escuelas religiosas con fondos públicos, tanto el profesorado como todos. los gastos de mantenimiento. Estos colegios tienen ideario propio.

Se concede a la Iglesia Católica la recaudación del 0,7% del IRPF, subvenciones a ONGs, fundaciones o patronatos religiosos. Se sigue eximiendo a la Iglesia Católica de impuestos como el IBI, el IVA, ICIO podemos decir que no tributa por nada, ni por propiedades, ni actividades. Si a todo eso añadimos las múltiples subvenciones de todas las administraciones de todos los niveles del Estado, desde el gobierno a las autonomías o ayuntamientos y los beneficios del cobro de visitas a monumentos y otras actividades, Europa Laica ha calculado que la Iglesia Católica puede beneficiarse de unos 11.000 millones de euros anuales.

Lo más escandaloso es el expolio patrimonial consentido de decenas de miles de inmuebles, desde catedrales y templos hasta viviendas, garajes o frontones, plazas y calles Esto se ha producido mediante una ley franquista, mejorada por el gobierno de Aznar, que permitía a la Iglesia Católica registrar a su nombre cualquier inmueble que no lo estuviera previamente, sin necesidad de mostrar ningún certificado de propiedad y con la sola palabra del obispado. El caso más emblemático y conocido en los medios internacionales es el de la Mezquita de Córdoba, reconocido patrimonio de la humanidad, que fue registrado como propiedad del Cabildo con solo pagar los 30€ del impreso y ser cumplimentado por el obispo.

En la sociedad

Si tenemos en cuenta las encuestas oficiales sobre la religiosidad de la sociedad, podríamos concluir que en España hay una gran secularización, que va en aumento. En los últimos barómetros del CIS (Consejo de Investigación Sociológica), el 36% de la población encuestada se declara no religiosa (atea o agnóstica), y de los que se consideran religiosos, apenas un 12% dice asistir alguna vez al mes a misa. Las celebraciones de bodas no religiosas alcanzan el 75%, y se bautizan solo el 50%. En la declaración de la Renta sólo marcan la casilla de asignación del 0,7% a la Iglesia el 30%. Se da un descenso importante en el porcentaje de alumnado que elige la optativa de religión en los centros públicos, situado en el 50% en primaria y en menos del 30% en secundaria. Sin embargo, asistimos a una consolidación de ritos religiosos-sociales, ligados casi siempre a hábitos consumistas. Hay una parte de las familias que inscribe a sus hijos en centros religiosos concertados, sin ser ellas religiosas, con una intencionalidad de escala social, pensando que recibirán una Educación más elitista. Paradójicamente, cuando menos se practica la religión, más se siguen determinadas celebraciones “religiosas” como la Semana Santa. Al margen de la militancia religiosa real de la sociedad, lo que no cabe duda es del poder y la influencia de la Iglesia Española en la actualidad. Fundamentalmente mediante su presencia y su gran papel en la Educación, en los centros de enseñanza y en otras actividades de servicios sociales, cedidos por los servicios públicos. Precisamente el papel de servidor social es otro de los argumentos esgrimidos para ese trato especial y ese derecho de la Iglesia a influir en las Instituciones. Tampoco es desdeñable el control de medios de comunicación (y propaganda) de que dispone y el control de “bienes terrenales” en empresas como CajaSur o mediante organizaciones como el Opus Dei. Puede que no haya muchas personas católicas, pero hay una mayoría que se manifiesta en sus comportamientos sociales bajo la clara influencia de la Iglesia. A pesar de la situación de privilegio y de poder que acabamos de describir, la jerarquía de la Iglesia está en pie de guerra en estos momentos, expresando un discurso de víctima de agresiones 48 por parte del gobierno laicista y de izquierdas. Aliándose con la derecha y la extrema derecha está movilizando a sus colegios contra la nueva ley de educación y utilizando todos los medios de comunicación propios y allegados, a sus fieles mejor posicionados en distintas instituciones del Estado, desde gobiernos autonómicos hasta elementos de la judicatura, para oponerse a la ley de eutanasia que está tramitándose. En una reciente entrevista de radio, el teólogo Tamayo nos prevenía del peligro de una internacional del odio, que él llama neocristofascismo que en España es como una planta con muchos tentáculos entre los que se encuentra gran parte de la jerarquía eclesiástica, asociaciones cercanas a los sectores ultra de la Iglesia como Hazte oír, abogados cristianos, una parte de las comunidades neocatecumenales de Kiko Argüelles, los Legionarios de Cristo Rey, el Yunque, el Opus Dei; todos ellos en alianza con el partido de ultra derecha Vox, con la colaboración del PP y de parte de la Judicatura y el Ejército, y la actitud como menos pasiva de la Monarquía.

El laicismo en el sistema educativo

Art. 27.2 de la Constitución: “La educación tendrá como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

Para cumplir con esto el Estado debe garantizar una educación para toda la ciudadanía, sin diferenciación. Sin embargo, en la actualidad en nuestro país hay tres redes educativas: privada, concertada o subvencionada (la mayor parte religiosa católica) y publica o estatal. Los conciertos, creados en 1984 supuestamente para suplir la carencia de centros ante la implantación de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, se han seguido manteniendo incluso cuando se están cerrando unidades y centros públicos y se consideran como “servicio público”, lo que supone equipararlos de hecho a los estatales. Estos centros concertados, la mayoría pertenecientes a órdenes religiosas, tienen su propio ideario, contratan directamente al profesorado sin concurso público, según criterios de la dirección del centro, realizan de hecho una selección del alumnado. En algunos casos son centros que segregan por sexo, admitiendo alumnado de un solo sexo. Estos conciertos se renuevan cada seis años, durante los cuales mantienen las unidades escolares de origen, independientemente de la matriculación. Dada la disminución de natalidad, la reducción de alumnado de los últimos años ha repercutido exclusivamente en la enseñanza pública. La educación privada no concertada es también mayoritariamente religiosa católica y funciona con total autonomía, más allá de desarrollar los programas educativos con las líneas básicas marcadas por el Ministerio. La mayor parte de la red privada o concertada se encuentra en zonas urbanas, principalmente en El Centro de las ciudades. La educación pública, que representa aproximadamente el 70% del total, asume todas las zonas rurales y todo el alumnado con dificultades o necesidades especiales. En las distintas leyes de Educación del periodo democrático, con gobiernos del PP (derecha) o del PSOE (izquierda), se ha mantenido la Religión como una materia de oferta obligada en todos los cursos desde Infantil hasta bachillerato, con una carga horaria superior a otras materias del currículum. En la actual ley, la LOMCE, vigente durante siete años, las calificaciones de la religión sumaban para la media como las demás materias. El alumnado que no escoge la opción de religión, cada vez más numeroso, no puede desarrollar otros aspectos o materias curriculares en ese tiempo. La ley en trámite, la LOMLOE, presentada por el gobierno de coalición de izquierdas PSOE y UNIDAS PODEMOS y que recibirá la aprobación definitiva en un mes, mantiene la optativa de religión, aunque no es evaluable.

Europa Laica, durante el proceso de debate ha propuesto enmiendas, enviadas al gobierno y a los grupos parlamentarios, solicitándoles una reunión y la participación que se nos había anunciado en las comisiones de debate. No ha habido tal participación, y nuestras propuestas no han sido contempladas. En un comunicado reciente manifestamos nuestros desacuerdos con el texto de esta ley, además de por mantener la religión como materia, porque:

· No sé han derogado los acuerdos concordatarios con la Santa Sede de 1979, herederos delos franquista se de 1953.

 · Siguen vigentes los conciertos con escuelas dogmáticas religiosas, que se les considera servicio público y se les equipara en derechos a la red de titularidad pública, reafirmando un modelo dual. La garantía del derecho universal e igual a la educación es responsabilidad del Estado, que debe garantizar centros y plazas públicas para el conjunto del alumnado y NO favorecer con fondos públicos la competencia de centros privados y confesionales dogmáticos.

· Miles de “delegados diocesanos” designados por los obispados, para impartir religión católica, se mantienen en los centros escolares, cuya misión es catequizar y hacer proselitismo religioso, además de participar e influir ideológicamente en los órganos de gestión de los centros, al tener los mismos derechos laborales que los docentes que han accedido a la función pública por mérito y capacidad.

· Sigue sin impedir que en los centros escolares de la red pública haya simbología religiosa e ideológica de cualquier naturaleza, situación que todavía genera conflictos. Por todo ello el Sistema Educativo español, con el actual texto de la reforma propuesta (LOMLOE), de no rectificar, seguirá siendo CONFESIONAL y segregará, por motivos de conciencia.

La LOMLOE, si bien, inicialmente, anula algunas cuestiones onerosas para la escuela pública que contenía la anterior reforma (LOMCE), incomprensiblemente sigue sin cumplir la PNL aprobada el 18-2- 2018, por grupos parlamentarios que respaldan la nueva reforma y que exigían al Gobierno:

A) Garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la Escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currí- culo y del ámbito escolar.

B) Denunciar y derogar los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede y los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas, obligando al gobierno a proceder para el cumplimiento de ese mandato.

Parece que el sistema educativo español en pleno siglo XXI está muy lejos de garantizar la educación universal en el sentido que predicaba Jaén Jaurès, un siglo antes: “los niños de la nación… deben ser educados en la misma luz, en la misma libertad, en las escuelas de la nación republicana, donde aprenderán a quererse los unos a los otros”. Por el contrario, al permitir el adoctrinamiento en las aulas pone trabas al desarrollo científico y criticó, favorece la segregación y el comunitarismo identitario y, en última instancia, el fundamentalismo que conduce a conflictos y violencias en los propios centros y en la sociedad.

Razones que expliquen esta situación
La historia

En España, desde los Reyes católicos, la unión del trono y el altar ha sido continuo, con muy pocas y breves excepciones. Incluso cuando Napoleón compra el trono a Carlos IV por una renta de 30 millones de reales tiene que aceptar “la exclusividad De la Iglesia Católica”. Los denostados liberales, considerados casi ateos por la Iglesia, dejan claro en la Constitución de 1812, art.12:” la religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, Apostólica y Romana, única verdadera”. Los Progresistas que entre 1835-36 realizaron la Desamortización eclesiástica de Mendizábal y encabezaron alguna quema de conventos redactan el art.11 de la Constitución de 1837: “la Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la Religión Católica que profesan los españoles”. Nos parecerá incluso normal que el gobierno de Narváez en 1845 declare la confesionalidad del Estado y el sometimiento de todos los estratos de la educación a la orientación de la Iglesia, pero es que la revolución de 1868 mantiene que “la Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica”. En este siglo tan sólo la constitución de 1873 afirma el estado laico, pero no llegó a aplicarse. La excepción de Constitución laica fue la de la II República, en 1931, que declara que “no tiene religión oficial”.

Tras el levantamiento militar, la dictadura franquista reconoce el apoyo de la Iglesia Católica, que venía sublevándose contra la Republica y que apoya la rebelión con todas sus fuerzas, concibiéndolo como una cruzada, redactando unos Fueros en 1946 que declara al Catolicismo religión de Estado y prohíbe cualquier otro culto; en 1953 firma el concordado con la Santa Sede, donde además se reconoce a la Iglesia como “sociedad perfecta”, se aceptan como festivos los decididos por la Iglesia, la educación se regirá por los principios religiosos, se le acuerda un patrimonio, subvenciones, exenciones, fiscales… En la ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958 (los que juró el rey Juan Carlos), que dice son los que “dieron vida a la Cruzada”, somete la nación a “la Ley De Dios”. Y Juan Carlos I, nombrado sucesor por Franco en su mensaje de La Corona de 1975 se proclama “profundamente católico”.

La Constitución de 1978 debía suponer el cambio de modelo y de principios del nacionalcatolicismo a un Estado Democrático y por tanto laico. Como explico en el primer apartado de este artículo la correlación de fuerzas impuso un articulado ambiguo y sobre todo permitió un desarrollo real continuista de la historia de la España de Trento y de la Contrarreforma, que llega hasta el siglo XXI. Eso explica que el mínimo intento de modernización en ámbitos de libertades individuales, como la actual ley de eutanasia, o de educación pública científica y laica, provoque una inmediata y organizada reacción y reactive el odio ancestral al laicismo de la Iglesia y los sectores ultras.

El colaboracionismo y entreguismo de políticos y gobernantes

Todos los gobiernos democráticos, denominados de derechas o de izquierdas, han mantenido o incrementado estos privilegios y estos hábitos sociales. Unos porque no diferencian sus creencias de la práctica política, son incapaces de entender, como por ejemplo en Francia, que como gobernante representa a toda la sociedad, que tiene diferentes creencias o no creencias y tiene la obligación de respetar a todos manteniendo la neutralidad institucional. Pero posiblemente la mayoría, aunque no sean creyentes, actúan así porque piensan que siguiendo la “tradición”, aún a costa de ser incoherentes obtendrán más votos. Por evitar conflictos o por simple desidia o pereza, todos perpetúan este anacronismo. Lo explica con claridad el teólogo Juan José Tamayo: “la sombra de la jerarquía eclesiástica sobre la vida política es todavía muy alargada en nuestro país, y los políticos de derechas, de izquierdas o de centro, siguen mirando con el rabillo del ojo al Papa y los obispos en espera de que aprueben sus conductas políticas o de que, al menos, no las reprueben. Para ello están dispuestos a hacer concesiones”. Los políticos que se definen de izquierdas, en estos momentos mayoría en el Parlamento, olvidan que las religiones han sido históricamente un lastre al desarrollo humano y científico, concederle privilegios o someter la política a su mandato impide la modernidad, el progreso y el desarrollo humano que la ideología de izquierdas pretende. Con estos comportamientos están contribuyendo a perpetuar e incluso a fomentar los fundamentalísimos anacrónicos en nuestra sociedad. Quizá siga siendo válida hoy la denuncia de Pablo Iglesias en 1910: “¡Ah! El clericalismo en España, como en Austria, es dinástico. Es la casa real y la aristocracia palaciega el verdadero núcleo del clericalismo español. Rodean a este núcleo varias filas de capitalistas que se sirven del clericalismo para apoderarse de los monopolios y de los altos cargos que disfrutan de retribución generosa. (…) Puede, pues, asegurarse que la preponderancia del clericalismo en España se basa en la ambición y la cobardía de los políticos burgueses”.

Falta de formación crítica en la sociedad

La sociedad española está alfabetizada, pero no educada. El sistema educativo, como lo hemos descrito no fomenta el espíritu crítico, la capacidad de pensar y reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Los hábitos de lectura prácticamente son inexistentes. Los principales medios de información son fundamentalmente las televisiones, donde la casi totalidad de las programaciones trasmiten contenidos superficiales y consumistas, con pocas informaciones serias y en muchos casos sesgadas. La Iglesia Católica contribuye en gran medida a este fenómeno desde sus propias cadenas de radio o televisión, desde sus centros educativos e incluso en los públicos por medio de sus catequistas. Esta falta de formación favorece la mentalidad de rebaño, que es fácilmente dirigida hacia los eventos más alienantes y alejados de los problemas importantes, véase el fútbol o la Semana Santa, las fiestas determinadas socialmente o por el consumo.

Perspectivas

Actualmente vivimos unos momentos de crisis y de inflexión que pueden derivar en un cierto cambio en consolidación de algunos derechos y mejoras sociales con una lenta apertura democrática o una peligrosa involución ultraconservadora. El horror de la pandemia está siendo utilizado como ariete de lo que hemos definido como “coalición del odio”. En la medida en que el gobierno responda legislando a favor de las mayorías perjudicadas y con medidas de protección de los colectivos más desfavorecidos, se podrá contrarrestar estos ataques.

Pero es necesaria una ofensiva ideológica en defensa de los derechos ciudadanos y de la laicidad contra la involución del pensamiento, de avance del dogmatismo y los fundamentalismos. Se hace necesaria una organización para la lucha en varios frentes prioritarios:

A) Exigir el derecho básico a la libertad de conciencia y el cumplimiento de la Constitución. Lo que supone exigir el cumplimiento del artículo 14; la reforma del artículo 16, por la burla del 16.2, y la negación de convicciones no religiosas del 16.3; la correcta interpretación del artículo 27.3. Exigir la Derogación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, que traslada su interpretación a las Leyes Orgánicas de Educación. Denunciar el acuerdo base de 1979, que asume todos los acuerdos del Concordato de 1953. Exigir la salida de las enseñanzas religiosas del currículo escolar… Para ello seguir potenciando las Plataformas, elaborando y presentando propuestas alternativas legislativas, mantener contactos con todos los grupos parlamentarios y con responsables en las distintas administraciones.

B) Fomentar la formación y la información sobre el laicismo, y la denuncia de la coalición del odio. Promover acciones, campañas, jornadas, emisiones de radio, entrevistas, foros, conferencias, escritos…de difusión colectiva y organizada en pro del valor humanista y universal del laicismo como base para la convivencia libre y democrática y como garantía de los derechos civiles. Mantener encuentros de debate con formaciones políticas y colectivos sociales, con sectores de la educación…

C) Promover un frente amplio por la laicidad. Trabajar para aglutinar en torno a este eje fundamental las actuaciones y acciones de todos los grupos, colectivos, y partidos políticos que se definen como progresistas y humanistas. Pero, sobre todo, ejercer individualmente en todo momento y en todas las relaciones y colectivos de los que formamos parte la libertad de pensamiento y de conciencia, exigiendo el respeto y denunciando los ataques a los mismos.

Hasta que la mayoría social se configure como pueblo consciente y establezca un verdadero Estado democrático, que bien pudiera ser la III República vertebrada sobre los principios básicos de laicidad, que según el recientemente fallecido Julio Anguita, líder de Izquierda Unida y referente del Frente Cívico, podrían ser: “que la laicidad se apoya en dos pilares: la Ética, en sí misma libertad absoluta de conciencia, y el status cívico que define la separación de las iglesias del Estado… que la laicidad establece estrictamente la diferencia entre dos universos distintos: el interés general y la convicción individual … la laicidad es explícitamente consustancial con la República. (…) y sostiene el desarrollo del ser humano en el marco de una formación intelectual, moral y cívica permanente, en el espíritu crítico y en el sentido de la solidaridad y la fraternidad. Que el ideal laico es inseparable del rechazo al racismo y todo tipo de segregación en todas sus formas. Y que en una sociedad laica el único medio de desarrollo social es la integración, la participación de todos y todas en una colectividad de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes. (…) No debería olvidarse tampoco que la Ética laica conduce inevitablemente a la Justicia Social: la igualdad de derechos, la igualdad de deberes y la igualdad de oportunidades. La instrucción laica, la escuela, el derecho a la información y el aprendizaje de la crítica son las condiciones de esta igualdad”.

Todo pasa porque la parte de la sociedad secularizada, cada vez mayor, tome conciencia de la situación y actúe como laica.

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