El Ejecutivo reconoce la actitud constructiva en la crisis sanitaria de los cardenales Omella y Osoro, nuevos responsables del Episcopado, con los que Carmen Calvo espera recuperar en breve el diálogo sobre Educación, inmatriculaciones y fiscalidad
Se afianza una nueva era en las relaciones Iglesia-Gobierno en España, después de los sinsentidos a cuenta del traslado de los restos de Franco y las salidas de tono del anterior nuncio, Renzo Fratini. Una etapa basada en el diálogo y la búsqueda de acuerdos, en el que la buena ‘sintonía’ entre Carmen Calvo y el tándem Omella-Osoro (elegidos en marzo al frente del Episcopado) se trasladará, cuando la pandemia lo permita, a retomar negociaciones sobre asuntos espinosos (Educación, fiscalidad, inmatriculaciones…), pero con la mirada puesta en el acuerdo, y no ya en el enfrentamiento.
Paradójicamente, ha sido la gestión de la crisis del coronavirus lo que ha terminado por acercar a los inquilinos de Moncloa y la calle Añastro (sede de la Conferencia Episcopal). Según ha podido saber eldiario.es, el Gobierno está satisfecho de la actuación de la Conferencia Episcopal durante la pandemia, así como de la labor de Cáritas y las parroquias en la atención a los más necesitados.
El Ejecutivo ha reconocido que –salvo excepción de Reig Plá– los obispos no hayan hecho casus belli con las restricciones de aforo y normas de higiene y seguridad impuestas por el Estado de Alarma, y que ni siquiera algunos casos de intervenciones policiales en lugares de culto hayan sido objeto de denuncia por parte de los obispos.
La buena sintonía se comprobó desde el momento en que Carmen Calvo telefoneó al cardenal Omella cuando fue elegido presidente, el 3 de marzo pasado, y una posterior conversación con el presidente, Pedro Sánchez, ya con el Estado de Alarma a punto de ser invocado.
Desde entonces, tanto Omella como Osoro han tenido ocasión de comunicarse con los ministros ‘cristianos’ del Ejecutivo: el de Sanidad, Salvador Illa (católico practicante); la ministra de Defensa, Margarita Robles (que ha mantenido una interlocución directa con el arzobispo castrense, Juan del Río); el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá (con una buena relación con el cardenal Osoro); y la portavoz, María Jesús Montero (con pasado en la Acción Católica), aunque el grueso de las conversaciones ha sido con la vicepresidenta Calvo, especialmente después de regresar al trabajo tras padecer coronavirus.
Retomar la «vida pastoral ordinaria»
La última prueba ha sido el modo en que los obispos han admitido las normas para la desescalada. La pasada semana, la CEE publicaba una extensa nota haciéndose eco de ellas, y sin hacer la menor crítica a algunas cuestiones que no han quedado muy claras, como las circunstancias en que podrán llevarse a cabo misas al aire libre (el último BOE lo permite para la fase 3, tal y como confirmaron a este medio desde el PSOE, pero algunos prelados esperaban una referencia más expresa que la de ‘celebraciones religiosas de carácter social’).
En todo caso, una vez suspendidas las procesiones del Corpus (este jueves), en la ‘nueva normalidad’ todos esperan poder celebrar las festividades de julio y agosto dentro de los parámetros que permitan las normas. Así lo apunta la nota episcopal, que sostiene que, en la fase 3, habrá «vida pastoral ordinaria que tenga en cuenta las medidas necesarias hasta que haya una solución médica a la enfermedad».
Calendario de negociaciones
Sea como fuere, lo cierto es que ambas partes se han sumado al camino de la colaboración y, salvo excepciones, el trabajo ha sido reconocido por Gobierno y CEE. Tanto es así, que desde las dos orillas se da por hecho que, cuando regresemos a espacios de normalidad, Carmen Calvo se reunirá con el cardenal Omella para establecer un calendario de negociaciones sobre aspectos clave de las relaciones Iglesia-Estado.
Pero, en esta ocasión, sin las ‘urgencias’ prepandemia, ni las actitudes de desconfianza que marcaron los anteriores diálogos. Incluso, en el caso de Educación, se prevén rondas de consulta, que podrían coincidir con la nueva cúpula en Escuelas Católicas, después de la marcha a Roma del salesiano Juan Carlos Pérez Godoy y el anuncio de la salida del secretario general, José María Alvira.
Al tiempo, el Gobierno quiere abrir una nueva vía de diálogo con las cuatro confesiones con acuerdos (Iglesia católica, FEREDE, Comisión Islámica y Federación de Comunidades Judías de España), que en los últimos meses han cambiado de líderes. En el alero, la intención de aprobar una ley de Libertad Religiosa y de Conciencia que modifique la norma actual, vigente desde 1980 y cuyos trabajos estaban avanzados antes de los sucesivos procesos electorales. Comienza un nuevo tiempo… también para la Iglesia española. Que, además, va a comenzar a ‘cambiar su rostro’ con una serie de nombramientos episcopales que ya llevarán el sello de la nueva etapa, y del trabajo del nuncio Bernardito Aúza.