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El desmesurado aumento del límite de renta familiar para solicitar becas para estudiar el Bachillerato en los centros no públicos de la Comunidad de Madrid (desde 10.000 euros al año a 100.000 euros) no es anecdótico. Tampoco es anecdótica la justificación de esta elevación por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad:
“La Comunidad de Madrid tiene este necesario programa de becas para favorecer la libertad de elección de las familias y asegurar la igualdad de oportunidades de los alumnos” (El País, 3 de julio de 2022. El entrecomillado es del periódico).
Tampoco es anecdótica (aunque sí indecente y esperpéntica) la forma de defender esta medida por parte de la Presidenta de la Comunidad:
“Veo sorprendente que puedas cambiar de sexo o abortar al margen de tus padres, de las decisiones de ellos, y que, sin embargo, no puedas optar a becas en bachillerato o en FP si tus padres tienen un nivel adquisitivo u otro y que tu esfuerzo no cuente” (El País, 1 de julio de 2022. El entrecomillado es del periódico).
Y todo ello no es anecdótico porque lo que está latiendo debajo de esta iniciativa de la Comunidad de Madrid es una ofensiva muy grave de una fracción fanatizada del Partido Popular que en realidad quiere socavar la cláusula del Estado social que contiene el artículo primero de la Constitución. Y no es una fracción cualquiera, es la fracción que, sin reconocerlo, disputa el liderazgo a Núñez Feijóo, contra el que van a conspirar hasta derribarlo.
Pero no basta con dar la voz de alarma, sino que conviene analizar los perfiles políticos de esta iniciativa que ha promovido la presidenta Díaz Ayuso. Antes de examinarla no es inútil recordar que desde el siglo XIX, desde los albores del Estado liberal, la educación ha sido siempre un objetivo a controlar por las derechas políticas y por la Iglesia.
Cuando la Constitución de 1812 dedicó todo un Título a la instrucción pública que partía del presupuesto de su carácter público, en la Iglesia y en la nobleza sonaron todas las alarmas, pues el nuevo modelo educativo liberal comportaba distanciarse del papel adoctrinador de la Iglesia y orientarse hacia un modelo nacional de enseñanza que, necesariamente, conllevaba neutralidad ideológica y liberalismo.
Desde entonces, la Iglesia, los partidos conservadores y la nobleza (a la que se fue incorporando también la burguesía) hicieron de la educación un objetivo estratégico a controlar y a no soltar, fuera cual fuera el precio. Por eso hubo una reacción desmedida contra los limitados intentos de reforma educativa de los Gobiernos liberales de la Restauración (especialmente de Romanones), por eso no gustó el artículo 48 de la Constitución republicana de 1931 (que aun así tuvo que reconocer a las Iglesias el derecho a enseñar sus respetivas doctrinas) y, en fin, por eso el artículo 27 de la Constitución de 1978 es uno de las preceptos más largos de todo el texto y estuvo a punto de provocar la ruptura del consenso entre UCD y PSOE que iban consiguiendo Abril Martorell y Alfonso Guerra.
Tras el farragoso y lleno de cautelas artículo 27 de la Constitución, las derechas prosiguieron su guerra. En aquellos años de la Transición pensaron ya en el “cheque escolar” para mermar la enseñanza pública, aunque no se atrevieron a ponerlo en práctica. Y cuando el primer Gobierno del Presidente González presentó en las Cortes lo que luego sería la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del derecho a la educación, el Grupo Parlamentario Popular del Congreso presentó más de ochocientas enmiendas con el fin de atascar el trabajo parlamentario.
Todo Gobierno de derechas ha intentado ordenar la educación conforme a sus principios y lo consiguió el Gobierno de Aznar mediante la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de marzo, de Educación y por eso fracasó el pacto educativo que propuso el Ministro Gabilondo al Partido Popular en 2011. Así se explica la resistencia a la “Ley Celáa”, la Ley Orgánica 3/2021, de 29 de diciembre, y por eso la nueva Ley está siendo objeto de un auténtico boicot por parte de algunas Comunidades Autónomas gobernadas por la derecha, como Madrid, la Región de Murcia y Castilla y León.
Y es que se está dando el curioso fenómeno de una rebelión educativa de las Comunidades Autónomas conservadoras. A las derechas se les llena la boca al denunciar la política educativa catalana, sobre todo en el tema de la cooficialidad de las lenguas, pero su rebelión contra la nueva Ley educativa del Estado no es inferior a la de los Gobiernos independentistas catalanes.
Ya han tenido que rectificar los Tribunales varias de las medidas de los Gobiernos conservadores contra la aplicación la Ley Orgánica 3/2021, de 29 de diciembre, por lo que habría que pedir al Partido Popular que deje de echar gasolina a la crisis catalana y se comporte con el Estado con la misma lealtad que exige a Cataluña. Este dato es importante para entender la nueva política educativa de Díaz Ayuso.
En resumen, por decirlo en pocas palabras, para todas las derechas (política, eclesiástica, económica) la enseñanza es uno de los pilares estratégicos, porque saben que los ciudadanos educados, instruidos, son más difíciles de manipular. No le faltaba razón a Althusser cuando incluía a la educación entre los aparatos ideológicos del Estado.
Este largo proemio nos ayuda a entender por qué en la estrategia de ocupación del Partido Popular por parte de la fracción ultrarreaccionaria de Díaz Ayuso la educación es un elemento básico. Por eso Díaz Ayuso acaba de elevar a la categoría de Vicepresidente del Gobierno de la Comunidad a su Consejero de Educación que representa al ala más dura, más ideológica, del Partido Popular en Madrid.
¿Qué pretende Díaz Ayuso con esta provocación, con esta bofetada a la cláusula constitucional del Estado social? Como siempre ocurre en la política, su autora no busca un solo objetivo. A mi juicio (y no lo podría en este orden si hablara de otro político) Díaz Ayuso inscribe esta iniciativa en su proyecto ideológico-cultural a favor de la extrema derecha.
Díaz Ayuso (como antes Aguirre) está metida en una cruzada contra todo lo que tenga apariencia de izquierda y contra todo lo público. Aprobar becas que fomentan la desigualdad, que contribuyen a la pobreza de las clases más pobres y cortan el “ascensor social” es un gesto muy propio de Díaz Ayuso. En segundo lugar, esta iniciativa se inserta en la guerra educativa del Partido Popular contra el Estado, pues, como hemos visto más arriba, las derechas utilizan el mismo método de lucha de los independentistas catalanes, que es impedir que se aplique la legislación del Estado.
Pero si Díaz Ayuso se atreve a adoptar una medida que perjudica a las clases populares y beneficia a las clases medias y altas es por dos motivos sobre los que la izquierda debe reflexionar. En primer lugar, porque la ciudadanía madrileña está anestesiada ante una gobernante que al favorecer demagógica e irresponsablemente a la hostelería durante el Covid-19 se ha hecho merecedora de la simpatía de los sectores populares menos formados que aplauden que la gente pueda salir a tomar una caña en la calle… y contagie el coronavirus a sus vecinos.
Los demagogos son muy apreciados por las franjas menos formadas de la población. Y, en segundo lugar, porque la ideología liberal está calando en las clases populares de modo que se empieza a valorar más una pseudo-libertad de enseñanza que la enseñanza pública de calidad y se aprecia más un centro privado de medio pelo que un buen centro público. Por ello algunas franjas populares no les molesta la aberración de otorgar becas a los más pudientes, porque mentalmente se sitúan en la franja de los pudientes para olvidar su verdadera posición social. Por eso la izquierda tiene que hacer un trabajo inmenso para dar la vuelta a la ideología que lleva a muchas personas de las clases populares a identificarse con capas sociales más elevadas.
Por todo ello, a Díaz Ayuso no le importa adoptar medidas que, en una sociedad democrática madura, serían consideradas aberrantes, porque, dicho en términos muy simples, aberrante es destinar más dinero público a los ricos para que llegue menos a los pobres. La Presidenta madrileña cree que eso no le va a pasar factura en las elecciones próximas. Y si con ello se hace un acto de afirmación ideológica ultraliberal y se gana una batalla en la guerra educativa contra el Gobierno, miel sobre hojuelas.
Por último, no debemos olvidar que Núñez Feijóo, el moderado, está apoyando a Díaz Ayuso. La ha apoyado explícitamente su Secretaria General, Gamarra, y él, por supuesto, no ha desautorizado a Díaz Ayuso… ni lo hará. Le da miedo y además en el fondo no discrepa de su contrincante madrileña.
No sería malo que las izquierdas madrileñas, al menos las izquierdas responsables que defienden los intereses generales y no sólo franjas ultraminoritarias de ciudadanos, echaran el resto en denunciar y combatir política, mediática y jurídicamente una medida que posiblemente vulnera el artículo 1.1 de la Constitución, porque vulnera la cláusula del Estado social.
