El equipo de trabajo acuerda abordar algunos de los asuntos más polémicos como las devoluciones en caliente en otras leyes y consensúa rebajar el régimen sancionador para los convocantes de protestas.
Los trabajos para la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy –la conocida como ley mordaza–, a través de un nuevo texto que la sustituya, dieron un avance importante esta semana durante la reunión del grupo constituido al margen de la ponencia que tuvo lugar el martes, en el Congreso de los Diputados. Los grupos esperan poder concluir el dictamen de la nueva norma pasada la Semana Santa y confían en culminar su tramitación antes del verano, al menos dentro de la Comisión de Interior de la Cámara Baja. La idea es tener lista la reforma cuando concluya el actual periodo de sesiones, en julio.
Todo ello al margen de las protestas policiales de sindicatos como Jupol, que desde hace meses han salido a las calles y se han quejado de que el nuevo texto contemplara que se compensaran las multas en función de la renta o que se puedan emitir los DNI en lenguas cooficiales, entre otras objeciones.
Las negociaciones se centran entre los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y sus principales socios del llamado bloque de la investidura con los que forman mayoría en el hemiciclo. El trabajo parte del texto registrado por el PNV, pero todas las fuentes parlamentarias consultadas aseguran que se están produciendo acuerdos también con ERC y EH Bildu, los grupos que más presión están ejerciendo para que se produzca una derogación real de la ley del PP. Según ha podido conocer este diario, es el secretario de Estado de Agenda 2030 y líder del PCE, Enrique Santiago, quien está ejerciendo de mediador entre los partidos del Ejecutivo y el resto de grupos.
Uno de los principales pactos que, a juicio de las fuentes consultadas, está allanando el acuerdo para el texto final, es la decisión de desvincular del texto algunos de los aspectos que han generado más fricciones durante las negociaciones, como las devoluciones en caliente o la consideración de agentes de la autoridad de los funcionarios de prisiones. Este mismo martes en el que se reunió el grupo de trabajo se tomó de hecho en consideración por mayoría del Pleno del Congreso una proposición de ley del PSOE para modificar ese estatus de los trabajadores de las cárceles, desligándolo así de la ley mordaza y evitando un choque con fuerzas como ERC o EH Bildu que se mostraban en contra de esa nueva consideración.
Una iniciativa similar en la que ya se encuentran trabajando los grupos del Gobierno abordará en las próximas semanas la regulación de las devoluciones en caliente, un tema que también genera fricciones entre el PSOE y Unidas Podemos y que, además, dificultaba los acuerdos con sus socios en el seno de la negociación de la derogación de la ley mordaza.
Sobre los convocantes de las protestas
Además de salvar esos escollos, el grupo de trabajo avanzó el martes en uno de los puntos más polémicos del texto, el artículo 37.1, referido a la responsabilidad de los convocantes de manifestaciones en los que se produzcan altercados o que no hayan sido comunicadas previamente a las respectivas delegaciones del gobierno. Además de desvincular al convocante de los disturbios cuando se demuestre que no ha tenido vinculación con los mismos, en la enmienda que están ultimando los grupos se establece que la falta de comunicación previa de una protesta no será castigada cuando responda a una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público.
Fuentes parlamentarias aseguran que existe “prácticamente un acuerdo” entre las fuerzas del Gobierno y sus socios en ese sentido, si bien reconocen que aún existen algunas reticencias de grupos como ERC y EH Bildu que tratan de acotar aún más las responsabilidades de los convocantes de esas protestas cuando se produzcan altercados.
Siguen sin abordarse otros aspectos polémicos, que se discutirán después de la Semana Santa, como la regulación del material antidisturbios para los que varios grupos exigen la prohibición expresa de las pelotas de goma, o lo referido a la presunción de veracidad de los agentes de los distintos cuerpos policiales cuyo único testimonio, sin otros testigos, es a raíz de la ley del PP válido para que se produzca una condena. Un ejemplo es el del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, condenado por el Supremo –y al que a raíz de la sentencia se le retiró el acta de parlamentario– por pegar a un policía siendo el agente el único testigo que, durante el juicio, reconoció esa agresión.
En las dos reuniones de la ponencia de la Comisión de Interior encargada de elaborar el nuevo texto –una tuvo lugar en enero y otra, en febrero– los partidos del Gobierno han consensuado y aprobado con otros partidos –en ocasiones, también con el PP y Ciudadanos– enmiendas parciales a 29 artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana. Se han acordado modificaciones al objeto de la ley, a los fines y a los principios rectores estableciendo la eliminación de la violencia en los espacios públicos y la garantía de convivencia como el objeto de la ley, introduciendo mayores garantía de derechos y libertades de la ciudadanía, según han explicado fuentes de Unidas Podemos.
Las medidas ya consensuadas
Esas mismas fuentes explican que entre los principios rectores de la norma también se ha incluido uno de accesibilidad para garantizar que personas con discapacidad puedan disfrutar plenamente de sus derechos en todo lo relacionado con la seguridad ciudadana. En la ponencia también han visto luz verde algunas de las peticiones de los socios, como que se garantice la incorporación al Documento Nacional de Identidad y al pasaporte las distintas lenguas cooficiales. O el establecimiento de mecanismos que tengan en cuenta la capacidad económica de los ciudadanos a la hora de establecer las cuantías de las multas.
Las fuentes consultadas añaden que también se han regulado de manera “más garantista” los aspectos relacionados con la entrada en domicilios y edificios de organismos oficiales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el riesgo para las personas o animales en supuestos de catástrofes, calamidades, ruina inminente y cualquier otro supuesto recogido en la legislación de protección civil. Asimismo, se ha acordado por “muy amplia mayoría de la ponencia” la modificación de las normas sobre identificación de personas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De esta forma, las diligencias en comisaría en ningún caso podrán superar las dos horas salvo causas excepcionales debidamente justificadas, verificadas y comunicadas a la persona afectada.
También se ha introducido el derecho de la persona conducida a identificación a ser devuelta al lugar en el que no pudo ser identificada desde la dependencia policial cuando para su identificación haya tenido que ser trasladada a una localidad diferente a aquella en la que se le requirió la práctica de la diligencia.
