La semana pasada se presentó al público una publicación original y relevante. Se trata del texto titulado La laicidad: antídoto contra la discriminación, del jurista Pedro Salazar Ugarte y publicado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Me parece importante este libro porque coincide en el tiempo con una escandalosa confusión entre lo confesional y lo público en muchas de las esferas de la vida nacional.
La hipótesis que guía el texto, y que en sí misma constituye una mirada novedosa acerca de las complejas relaciones entre la laicidad de la vida pública y el principio de no discriminación, apunta a ese valor mayúsculo que es la igualdad.
En efecto, la no discriminación en el terreno de las opciones religiosas supone no sólo el valor de la libertad, en tanto que derecho de cada uno a escoger sin coerción su fe religiosa o incluso el no tener fe alguna, sino que supone también la vigencia de una igualdad en el tratamiento que el Estado ha de dar a las distintas religiones, de tal modo que sea posible compatibilizar el respeto a las diferencias morales y religiosas con una trato igualitario y sin excepciones por razones religiosas.
México es un país verdaderamente plural, sobre todo en los aspectos más significativos: plural en formas de vida, en visiones de la moralidad, en proyectos sociales, en creencias religiosas. Necesitamos por ello reconstruir el Estado laico para que sea capaz de convertir esta pluralidad en riqueza social y no en fragmentación y enfrentamientos.
Esta pluralidad política, cultural y religiosa, debe acompañarse de un marco definido de convivencia y bienestar común a los diferentes grupos, asociaciones o religiones que componen el mosaico de creencias en nuestro país.
La fórmula para la convivencia de la pluralidad es el laicismo. Sabemos que el laicismo es el recurso que el mundo moderno encontró, y que el Estado mexicano retomó como principio, para evitar tanto la crispación en las relaciones entre el Estado y la religión como para impedir que las divisiones de creencias religiosas fracturaran de forma irremediable a la comunidad política.
El laicismo es una solución positiva para la convivencia entre religiones mayoritarias y minoritarias, y para evitar que las creencias de un grupo se hagan dominantes a través de la fuerza del Estado.
La apuesta del laicismo es que si alguna religión ha de prosperar, sólo será a través del convencimiento y la persuasión legítima y no por el poder del Estado.
Pero el laicismo no es, como se ha pretendido hacer creer con frecuencia, un espacio vacío y sin valores propios. El laicismo no es el residuo que queda frente a los grandes valores morales o religiosos de los particulares.
Como se muestra en el texto del doctor Salazar Ugarte, el laicismo o, si se quiere, la laicidad, tiene valores propios como la tolerancia, el uso crítico de la razón, la libertad de credos, los derechos fundamentales de la persona y la igualdad de todos ante la ley; valores sin los cuales el mundo democrático sería inexistente. El laicismo debe ser, en una sociedad abierta y democrática, la ética pública que ha de regir la vida política y la convivencia entre la pluralidad de la nación.
Es necesario defender el laicismo porque es un fundamento del orden político que asegura el goce de su libertad religiosa a las minorías confesionales. En este sentido, una sociedad laica es sinónimo de una sociedad abierta a todas las interpretaciones del hecho religioso. Ese es el sentido positivo del laicismo.
Así que no basta con la aconfesionalidad del Estado para decir que éste es laico. Es necesario que sea militantemente defensor de la pluralidad y del ejercicio de las libertades de credo y de pensamiento; que sea protector de las minorías frente a la amenaza ilegítima de las mayorías, y que sea promotor de una educación pública orientada por el pensamiento crítico y los valores humanistas.
Gilberto Rincón Gallardo