A la hora de intervenir en los derechos sexuales y reproductivos, los principios básicos deben incluir el principio de ciudadanía, el de laicidad y el de democracia real
Tras dos años de gobierno, al final el PP va a cumplir una, quizá la única, de sus promesas electorales. Se trata de la nueva regulación del aborto. Como no podía ser de otra forma, en aplicación de la neolengua a la que nos ha acostumbrado, este Gobierno le coloca un nombre («Anteproyecto de Ley Orgánica de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada») que dice casi lo contrario del contenido real del proyecto de ley. De la misma forma que las famosas «sostenibilidades» del sistema nacional de salud, o de las costas, o la ley de «seguridad ciudadana», que lo único que asegura es que si manifiestas tu libertad de pensamiento y expresión en contra del Gobierno puedes acabar muy mal.
En el tema del aborto el debate puede ir muy lejos. Podemos hablar sobre cuándo empieza la vida, pero para ello deberíamos definir primero qué es vida y, más aún, qué es vida humana. Ahora mismo no estoy seguro de que la ciencia pueda, y no creo que deba, afirmar con seguridad en qué momento empieza esta vida. Digo que no creo que deba porque este debate está demasiado influido por ideas ajenas a la ciencia; ideas religiosas que afirman que la vida es un don de dios, solo basadas en la fe.
Si definimos la vida como la capacidad de existir de forma independiente y separada del cuerpo materno, el feto no es viable hasta pasados unos cuantos meses de embarazo; momento en el que, si se adelantara el parto, sería posible su vida fuera del útero. Pero si entramos en el debate de qué es vida humana, las «exigencias» serían mayores y no solo afectarían al caso del aborto sino de la eutanasia, por ejemplo; y este es otro debate, que da para mucho.
Sin embargo, el debate acerca del acceso al aborto debe centrarse en la consideración de la mujer como igual al hombre, sujeta a los mismos derechos y con la misma capacidad de decidir por sí misma acerca de su cuerpo y de su vida. Toda mujer tiene derecho a decidir cuándo, cómo y con quién quiere tener relaciones sexuales, y cómo y cuándo quiere ser madre, o no serlo. Esta es la base de los Derechos Sexuales y Reproductivos reconocidos internacionalmente.
Una buena parte, fundamental, de la liberación de la mujer está en la decisión libre de ser o no madre, más que en la incorporación a la vida laboral. Las mujeres avanzaron muchísimo en el camino de su liberación cuando pudieron hacerse dueñas de su fecundidad y, junto a ello, de su sexualidad.
La cuestión del acceso al aborto está ligada al contexto amplio de los Derechos Sexuales y Reproductivos que, como todos los derechos humanos, incorporan la obligación de los estados de defenderlos y hacerlos efectivos. Sin embargo, los entornos de riesgo en los que a veces se ven obligadas a someterse a abortos muchas mujeres reflejan no solo la desesperación de estas sino también, y demasiado a menudo, la pasividad del Estado a la hora de respetar, proteger y realizar los derechos de la mujer.
A la hora de intervenir en los derechos sexuales y reproductivos los principios básicos deben incluir el principio de ciudadanía, el de laicidad y el de democracia real. Así, se debe hacer realidad que la mujer decida, la sociedad respete, el Estado garantice y la Iglesia no intervenga.
En el caso de España la pasividad del Estado se ha acabado. El proyecto de ley supone una intromisión en toda regla en los úteros de las mujeres; una intervención del Gobierno en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y de los hombres, contraviniendo de forma brutal los dos principios que antes he señalado. El de laicidad, porque lo hace en respuesta a las demandas de la jerarquía católica española, una de las más fundamentalistas del mundo, y a la propia ideología del ministro de justicia; lo que convierte a esta ley en injusta, paternalista, autoritaria, degradante y machista. El de ciudadanía, porque por un lado convierte a la mitad de la población, las mujeres, en menores de edad que necesitan ser tuteladas por el Estado y la iglesia y porque, además, el 70% de la población nos manifestamos cómodo con la actual ley de plazos. Lo que hace que esta ley sea también innecesaria.
Pero todavía hay más. Esta es una ley contraproducente y peligrosa porque hay evidencia a nivel mundial de que con leyes restrictivas no solo no disminuyen los abortos sino que aumentan y también lo hacen los riesgos para la salud de las madres, las pobres por supuesto, que tienen que abortar en condiciones inseguras. Además, la no inclusión del supuesto de malformaciones del feto la convierte en una ley cruel porque obligará a tener hijos o hijas con malformaciones importantes, mientras se vacía de contenido la ley de dependencia que puede ayudar a sobrellevar a duras penas la carga que esto supone, una vez más de forma más importante para familias con menos medios, lo que también la convierte una ley clasista.
El anteproyecto, nos retrotrae a aquellos años de vuelos a Londres -las que podían- o a abortos perejileros o con agujas de punto -con sus riesgos-. Nos lleva a una época en la que las mujeres estaban en libertad vigilada, en maternidad vigilada, porque su cuerpo, su vida, solo sirve para la reproducción del patriarcado que ha impedido durante siglos que ellas pudieran elegir, que fueran personas, más allá de ser, o no, madres.
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