También la izquierda ha sido cómplice y alentadora del poder de una Iglesia que se resiste a perder sus privilegios.
Después de 36 años de sistema constitucional, debería resultar más que evidente la necesidad de superar determinados lastres que hacen que nuestro régimen de libertades, como consecuencia especialmente de una transición en la que no se rompió con las estructuras de poder procedentes de la dictadura, sea manifiestamente mejorable. En este sentido, una de las cuestiones peor resueltas en la Constitución de 1978 fue sin duda la religiosa, de manera que todavía hoy tenemos pendiente la transición a un régimen verdaderamente democrático, es decir, laico. Ello pasa por asumir definitivamente la neutralidad del Estado en materia religiosa, así como el carácter de las confesiones como «clubes privados», o sea, como entidades compuestas por fieles que voluntariamente acatan sus dogmas y reglas, que se organizan en torno a una determinada cosmovisión y que además la proyectan en una dimensión colectiva y ritual. Constituyen por tanto, al igual que otros muchos colectivos ciudadanos, expresión no solo de la libertad de conciencia sino también del derecho de asociación.
En virtud de ellos los poderes públicos podrán establecer con ellas un determinado régimen de cooperación que, en todo caso, debería ser respetuoso con los principios de igualdad y pluralismo. Algo que nuestro modelo de «confesionalidad encubierta» está lejos de garantizar y que el «laicismo cooperativo» extendido en estas décadas ha convertido en una jerárquica escala de creencias y confesiones. Una jerarquía que obviamente ha favorecido a la Iglesia Católica al amparo de unos acuerdos firmados con la Santa Sede cuya inconstitucionalidad ningún partido político se ha atrevido a denunciar.
El debate planteado en los últimos meses en torno la Mezquita-Catedral de Córdoba nos lleva jurídicamente a esa llaga de nuestro sistema. Y ello porque los artículos de la normativa hipotecaria en virtud de los cuales el Cabildo inmatriculó a su nombre en el Registro la «Santa Iglesia Catedral» son claramente inconstitucionales. Lo son porque equiparan a la Iglesia Católica con una Administración y a los diocesanos católicos con funcionarios. Dos previsiones que chocan frontalmente con la aconfesionalidad del Estado (art. 16.3 CE), además de incidir en el principio de igualdad con otras confesiones, y que, por lo tanto, deberían entenderse derogados por inconstitucionalidad sobrevenida.
No se trata por tanto de una cuestión ideológica ni partidista, sino que estamos ante una cuestión de legitimidad constitucional y que por tanto demanda resolverse de acuerdo con los principios que presiden nuestro ordenamiento jurídico. El cual, insisto, sigue lastrado, gracias a la acción y la omisión tanto de gobiernos de derechas como de izquierdas, por una concepción confesional de las relaciones del Estado con las religiones y del lugar de éstas en el espacio público. Recordemos como el gobierno de Zapatero dejó en un cajón un proyecto de reforma de la Ley de Libertad Religiosa, un ejemplo más de cómo también la izquierda ha sido cómplice y alentadora del poder de una Iglesia que se resiste a perder sus privilegios. Y tengamos en cuenta que también ahora, ante la polémica provocada por la inmatriculación del edificio cordobés, es el gobierno de la Junta de Andalucía el único que tiene en sus manos la posibilidad de remover un estado de cosas que supone, más allá de las consideraciones jurídicas, una apropiación no solo material sino también simbólica de un espacio.
La inmatriculación de la Mezquita-Catedral a nombre de una entidad privada, junto a la política desarrollada en la última década por una jerarquía católica henchida de soberbia y de por supuesto ceguera intelectual y empática, constituyen en Córdoba los signos más evidentes de lo que no debería tolerarse en un régimen constitucional. Un estado de cosas que se mantiene y prorroga con la complicidad de buena parte de las instituciones de una ciudad que parecen haber olvidado el símbolo de interculturalidad que atesora en su patrimonio histórico y artístico. Complicidad del gobierno sumiso y reaccionario del PP en el Ayuntamiento pero también por ejemplo de la Universidad que, en vez de liderar el debate ciudadano, mantiene silencio y renuncia a su cívico compromiso de defensa de las luces y las libertades. No olvidemos que hace tan solo unos meses la institución a la que pertenezco guardó silencio y asumió la censura católica cuando el Cabildo vetó en una muestra de actividad científica realizada en el Patio de los Naranjos un stand en el que, al parecer del Cabildo, se planteaban propuestas científicas de dudosa compatibilidad con los dogmas católicos. Ante la ausencia del “nihil obstat”, mis colegas universitarios bajaron la cabeza, callaron y otorgaron. Es decir, volvieron en un segundo a la Edad Media que en mi ciudad algunos parecen empeñados en resucitar.
Por lo tanto, lo que trata de poner de manifiesto la Plataforma ciudadana que lleva meses liderando un debate público en mi ciudad es, junto a la denuncia de la “cruzada” que la Iglesia Católica y sus cómplices despliega en los últimos años con total impunidad, el peligro que corre la pérdida de todo el capital simbólico que atesora la Mezquita-Catedral de Córdoba. Un símbolo de los encuentros de culturas y religiones, un espacio en el que siempre ha sido posible el desenvolvimiento de las necesidades espirituales de mujeres y hombres diversos, un lugar desde el que sería posible trabajar, ahora con más urgencia que nunca, los diálogos y la gestión pacífica de los conflictos. Es decir, un edificio que no solo es historia sino que también podría ser puente para un futuro en el que el “paradigma Córdoba” del que habla Ramin Jahanbegloo sea una realidad y no una ensoñación. Un reto político y cultural que solo podremos abordar desde la consagración constitucional y cívica del laicismo o, lo que es lo mismo, desde el perfecto equilibrio entre libertad de conciencia, igualdad y pluralismo.
Profesor Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Córdoba