Los convocantes aseguran que no pretenden «ofender la conciencia religiosa»
Habrá manifestación atea. Si no puede ser el Jueves Santo, por ser Jueves Santo, será cualquier otro día. Los organizadores no se rinden y presentarán ante la Delegación de Gobierno una solicitud para celebrar una protesta por el "recorte de las libertades" el próximo 13 de mayo. Pero la mirada sigue puesta en este jueves. Los organizadores esperan que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) falle este miércoles el recurso que presentaron el pasado viernes contra la decisión de la Delegación del Gobierno de prohibir la manifestación.
Si el juez les da la razón prometen "hacer algo" por las calles de Lavapiés, aunque de menor envergadura que lo previsto por la falta de tiempo.
La procesión atea ha pasado de protagonizar el debate político la semana pasada a librarse esta semana en los pasillos de los juzgados. En el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, los 10 ciudadanos, al menos siete de ellos abogados, que presentaron una denuncia contra tres de las asociaciones convocantes se personaron ayer ante la juez Coro Cillán para ratificar su denuncia por "escarnio religioso".
La magistrada, que había abierto diligencias por considerar que la procesión atea podía incurrir en una infracción penal, ha eludido por el momento llamar a declarar a la Asamblea Vecinal La Playa de Lavapiés, a la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (AMAL) y al colectivo Ateos en Lucha. La juez, que se ha declarado competente en el asunto, sí ha solicitado, sin embargo, a la Delegación del Gobierno en Madrid que se le transmita "cualquier incidencia" que se produzca durante la Semana Santa en relación a la marcha prohibida. Se trata de la misma juez que envió al Ministerio del Interior un requerimiento en el que solicitaba la relación de miembros de los Tédax que participaron en la recogida de muestras de los atentados del 11-M y la que el mes pasado imputó a la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana por la entrevista a la mujer del asesino de la niña onubense Mari Luz Cortés.
Al mismo tiempo que Cillán recibía ayer a los denunciantes, los denunciados prestaban declaración ante un juez del TSJM, que los había citado tras recibir el recurso contra la prohibición de la marcha. En su declaración, tres miembros de la Asamblea Vecinal La Playa de Lavapiés trataron de rebatir las 11 razones que alegó la Delegación el jueves pasado para desautorizar la manifestación. Entre otras, que el recorrido propuesto discurría por una zona con "múltiples parroquias", con nombres de calles "relacionados con la simbología católica" o su coincidencia en tiempo y lugar con las tradicionales procesiones católicas.
Los convocantes trataron de demostrar también su desvinculación con el colectivo Ateos en Lucha, que aunque en un principio sí se adhirió a la convocatoria, fue invitado a irse después de que su portavoz dijera en una radio local que su intención era "castigar a la conciencia católica y hacer daño". Tanto AMAL como la Asamblea Vecinal se han desmarcado siempre de esas declaraciones al asegurar que su intención con la marcha atea era la de hacer una crítica a la Iglesia como institución, pero nunca "ofender a las creencias religiosas de las personas".
A la espera de que el juez decida si la Delegación hizo bien o no al prohibir la manifestación el Jueves Santo, el presidente de AMAL, Luis Vega, ya tiene su vista puesta en el 13 de mayo. Vega anuncia que entonces la marcha no solo será una crítica a la Iglesia, porque con la decisión de prohibir la procesión atea "la polémica hace que se trate ya de una implicación política de la Delegación del Gobierno y del Ayuntamiento de Madrid".
