No ha sido todavía votada y ya ha sido sentenciada por los grupos conservadores del Congreso de Diputados.
La LOMLOE –nombre atrabiliario para una ley con pretensión de servir a una educación de todos- está a punto de pasar al BOE con la provisionalidad alternante de las anteriores. Con ánimo de minusvalorarla, sus opositores han reiterado que “justo, equitativo y de calidad” es lo que, para cuando vuelvan a gobernar, dicen tendrá “su” sistema educativo.
Se deduce, por tanto, que, a ojos de la oposición conservadora, esta nueva ley ni es justa, ni equitativa ni de calidad, supuestamente porque, al hacer desaparecer con la LOMCE algunos de los aspectos más denostado de antes de que naciera en 2013, los únicos que la votaron no quieren que olvidemos los ingredientes que, salvo ellos, nadie votó. Algunos querrían, también, que una gran mayoría ciudadana se uniera a quienes han demandado estos días, en la Carrera de San Gerónimo y en alguna web, seguir gozando de los privilegios que han tenido prácticamente siempre, ampliamente reforzados en los años del nacionalcatolicismo franquista.
Todavía polarizados
La polarización en torno a la escuela y su cultura sigue viva, no tanto como en 2005 –en aquella manifestación histórica que arrastró a la calle a un puñado de obispos en demanda de que la ampliación de derechos civiles no llegara a buen término-, ni como en 1985, cuando Martínez Fuertes y Carmen Alvear ponían obstáculos a la LODE, una ley que daba cobertura oficial a sus anteriores subvenciones y les salvaguardaba de la mano aleatoria del libre mercado. Hoy, son las mismas organizaciones, con idénticas dependencias orgánicas detrás, las que siguen reclamando, pero la coyuntura no propicia el dramatismo de entonces para maximizar la nostalgia.
Se ha de reconocer, de todos modos, la pervivencia del apego al si es o no es verdad aquel modo de entender lo que es “justo, equitativo y de calidad” en elmundo educativo escolar. Al proclamar que tienen de su lado el bien y la verdad, de siempre, les cuesta aceptar el principio de realidad, objetivable estadísticamente con los datos relativos a recortes en la enseñanza pública y paralelo crecimiento de recursos en la privada que han reflejado los Presupuestos Generales de Educación entre 2008 y 2018 –vigente todavía-, sin más justificación que predilecciones de quienes manejaron los dineros de Hacienda. Si a ello se suma el desafecto que, pese a las facilidades dadas por la LOMCE, ha tenido la clase de Religión, su sentido de equidad, justicia y calidad, que vuelvena reivindicar, hace inexplicableel peculiar baremo de “función social” que atribuyen a los repartos de recursos.
Con un razonamiento tan particular como poco equilibrado con las necesidades reales de la mayoría de ciudadanos, el supuesto “pacto educativo” con que tentaron al hemiciclo del Congreso en un pasado no tan antiguo -la última vez fue con Méndez de Vigo-, seguirá en el alero de las buenas intenciones, siempre aptas para no entenderse y seguir manteniendo vivo un espacio siempre a punto para peleas más que simbólicas, con todos los ingredientes disponibles para ser agitados cuando convenga.
En tono menor
Al común de los ciudadanos, sin embargo, especialmente a ese tercio de alumnado que, desde antes de nacer, está sentenciado al “abandono” o al “fracaso escolar”, este debate bizantino no le dice nada. Se siente abandonado por más que la palabra “equidad” y “justicia” sobrevuele ahora el combate mediático unida a “calidad”, el constructo que desde los años setenta, sobre todo, persigue a la educación española sin que alcancen a percibirla los que más la necesitan.
A los promotores de esta ley, por su parte, parece que no les inquiete mucho esa situación ni el avaricioso uso de las palabras con significados contrarios a los que en buena ley reclama su semántica originaria. Con salvar la cara por los tres años de legislatura que restan, se disponen a defender el progresismo de esta LOMLOE por haber logrado derogar parte dela anterior. Verdad es que ha sido especialmente ominosa y –como decía Rubalcaba- técnicamente atroz, capaz de romper los consensos supuestos que encerraba el art. 27 de la CE78. No les asusta, sin embargo, dejar casi como estaba la divergencia que suponen los conciertos educativos; esta ley vuelve prácticamente a lo que decía la LOE en su art. 108.4; se veía venir, además, por decisiones anteriores de este Gobierno de coalición y por los oportunismos de vascos y catalanes para tener a mano máscotas de poder discrecional. Por su parte, el lado más conservador del PSOE ve con buenos ojos que ese mundo se quede en una ambigüedad similar a la de siempre, acompañada por la que -por razones de supuesta pérdida de votos entre sus clases medias-, han auspiciado introducir en el currículo, como alternativa a la clase de Religión –dejando a esta en el currículo- la redundancia de un área sobre “valores de la cultura religiosa”.
Sobriedad
De salir adelante en el texto definitivo este aspecto normativo –que también interesaría a los obispos-, los profesores de las áreas de Historia, Historia del Arte, Historia de la Filosofía e Historia de la Literatura, debieran alzarse contra esta intrusión tan alevosa en sus especialidades. Los primeros, los de las facultades universitarias y, a continuación, cuantos como docentes en otros niveles educativos, o como discentes y lectores, reclamen del tiempo escolar que se ocupe de lo que debe y no de lo que algunos expertos en la sofística quieran colar al común de los mortales como imprescindible para sus vidas.
Si la COVID-19 está reclamando sobriedad y precisión en las decisiones, no parece que en el ámbito oficial de Educación exista esa ejemplaridad. Se sigue estilando un paisaje propicio al barroquismo del horror vacui, sin ansia por clarificar el panorama y a conveniencia provisional. En un momento en que es importante no confundir lo urgente y lo importante, es lastimoso que, una vez más, los desvelos de un pasado haya ido determinado por improvisaciones para un presente que se deshilacha por momentos.
Manuel Menor Currás
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