Panamá cayó bajo la lupa de unos investigadores de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que incluyeron el país en su informe sobre la libertad de expresión. La SIP no es una organización muy santa para andar investigando la situación de la prensa en los países de la región. Pero antes de entrar en la materia que vincula a Panamá, es necesario hacer algunas distinciones sobre la libertad de expresión. Es una reivindicación legitimada por todos los pueblos del mundo. En el pasado y en el presente, organizaciones sindicales, gremiales, asociaciones de todo tipo luchan por el reconocimiento de su derecho a decir sus verdades.
Para algunos la humanidad dio un gran paso con la Revolución francesa que proclamó la libertad de expresión como un derecho humano. El decreto fue desconocido por las potencias europeas de la época y Napoleón lo engavetó. Solo los obreros, artesanos, pequeños comerciantes (‘shop-keepers ‘) y otros, en pleno auge, reclamaban la libertad de expresión. Sus periódicos eran agredidos, quemados y prohibidos por las autoridades.
En las cúpulas de las sociedades también hay una lucha por la libertad de expresión, muy diferente. Las empresas periodísticas son un instrumento importante en estas batallas. En el caso de Panamá, tenemos el clásico ejemplo de la pelea entre los imperios periodísticos de Pulitzer (San Luis, EE.UU.) y Hearst (Nueva York). Los empresarios o corporaciones se pelean el monopolio mundial de la comunicación y, también, de la información. Cuando emerge el grupo económico más fuerte, los diarios de los otros sectores, que quedan rezagados, se quejan por la falta de libertad de prensa. En otras palabras, protestan porque pierden su monopolio sobre la información y sistemas de comunicación.
Las empresas periodísticas tienen que organizarse como cualquier otro negocio. Tienen que pagar renta. Tienen que comprar materia prima. También tienen que negociar contratos con hombres y mujeres entrenados y preparados para sacar un periódico todos los días. Es una tarea titánica. Ese personal que llaman periodistas , es una especie muy especial. Pero también tiene necesidades humanas. Sin embargo, cuando la empresa percibe que el periodista se está organizando pega el grito al cielo: ‘¡Quieren acabar con la libertad de prensa! ‘. Saben perfectamente que una reivindicación no choca con libertad alguna. Sin embargo, politizan el derecho humano del periodista.
La historia de la SIP es precisamente acabar con las organizaciones de los periodistas. La SIP nació después de la II Guerra Mundial como iniciativa de la gran prensa norteamericana que vio en América Latina un enorme mercado para incrementar sus ganancias. La SIP creó un monopolio en torno a la comunicación e información. Gracias la Associated Press, los principales medios de comunicación de la región solo reciben una versión de todas las noticias que se producen en el mundo.
El presidente de la comisión de libertad de prensa de la SIP, el periodista Claudio Paolillo, aprovechó, en el marco de su examen de la situación regional, de inmiscuirse en una iniciativa legislativa panameña que pretende regular el ejercicio del periodismo. Paolillo alega que ‘… es contrario a la libertad de expresión la pretensión de que todos los periodistas tienen que estar colegiados, tal como lo dispone la iniciativa ‘. La SIP confunde libertad de expresión y libertad de prensa. Un periodista es un trabajador, igual que un ingeniero o un médico.
Agregó que ‘los periodistas no somos los únicos titulares del derecho humano a expresarnos libremente, y por tanto, todos los ciudadanos pueden ser periodistas ‘. Es verdad, todos somos periodistas, al igual que todos somos médicos o ingenieros. Pero tenemos responsabilidades y derechos y éstas deben ser reguladas.
El diputado Juan Moya, proponente del proyecto de ley, se limitó a declarar que ‘se trata de mejorar las condiciones laborales de los periodistas ‘. En Panamá un periodista-reportero puede ganar menos de 300 dólares al mes, salario por debajo de la línea de la pobreza. La ley pretende solucionar ese problema. A su vez, por razones coyunturales también quiere proteger al periodista nacional.
El presidente Juan C. Varela dijo que ‘el proyecto de ley de periodismo es (algo) aislado de un diputado… Estamos en total desacuerdo con ese proyecto y fuimos muy claros ‘. Creando más confusión, el presidente desautorizó a su diputado copartidario y obliga a los periodistas a sacar el Plan B (si lo tienen) para hacer pasar su proyecto por la Asamblea.
*PROFESOR DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ E INVESTIGADOR ASOCIADO DEL CELA.
Marco A. Gandásegui
