La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sigue vigente en Uruguay

El pueblo decidió por 91,2%:

74 años de práctica clandestina del aborto

El código penal uruguayo de 1898, castigaba duramente la interrupción voluntaria del embarazo (aborto). Hubo que esperar hasta 1933, cuando el legislador José Irureta Goyena impulsó una reforma del código penal que hizo posible que en hospitales públicos se practicara la interrupción del embarazo. Dicha reforma entró en vigencia en octubre de 1934.

Esta habilitación duró muy poco, ya que, por medio de un decreto, el presidente de facto de la época, Gabriel Terra prohibió, en 1935, la realización de abortos en las instituciones públicas.

En 1938 se tipificó el aborto como delito por medio del proyecto de ley escrito por los legisladores del partido político católico Unión Cívica, Dardo Regules y José Trabal, y negociado con los sectores proclives de los otros partidos. La ley fue aprobada el 28 de enero de 1938 con una votación de 25 legisladores en 35.

Esta ley fue la que reguló la práctica del aborto hasta el año 2012 imponiendo penalizaciones tanto a la mujer como al profesional interviniente. Se inició una época que duró 74 años de prácticas del aborto clandestino en el Uruguay, y sus lamentables secuelas sanitarias.

Recuperada la democracia plena en 1985, después de 12 años de gobierno cívico-militar, el tema de la salud integral de la mujer, comprendiendo la despenalización del aborto, ocupó un espacio en los ambientes políticos, en particular con el proyecto de ley de los entonces diputados Daniel Lamas y Víctor Vaillant, del Partido Colorado en el gobierno, el cual fue desestimado incluso por la mayoría de su propia formación política. Era el momento donde el Papa Juan Pablo II visita Uruguay por dos años consecutivos, 1987 y 1988, y que por primera vez en el espacio público uruguayo, se erigía una monumental cruz católica conmemorativa de tal evento, aun existente y completada con una estatua de dicho papa en una de las principales avenidas de Montevideo.

Hubo que esperar hasta el año 2002 para que el tema fuese retomado a nivel parlamentario. Un proyecto recibió media sanción en la Cámara de Diputados, quedando pendiente su aprobación definitiva por la Cámara de Senadores la cual, 2 años después, debatió el tema, siendo la iniciativa rechazada por 17 votos contra 13.

Entre octubre de 2007 y noviembre de 2008 se trata nuevamente un proyecto similar, quedando aprobado por el poder legislativo, el proyecto de ley de "Salud Sexual y Reproductiva", de amplio espectro, que comprendía en algunos de sus artículos la eliminación de las penas para quien se realizara un aborto.

No obstante, este último aspecto fue vetado el 14 de noviembre de 2008, por el Presidente de la República Tabaré Vázquez del partido Frente Amplio (de izquierda), contrariando a los legisladores de su propia formación política que con mayoría parlamentaria absoluta, no solo había propuesto la iniciativa sino que la había votado. Vetados entonces esos artículos por el Poder Ejecutivo, el resto de la ley fue promulgada, continuando vigente hasta ahora.

2012: ley que implementa el aborto seguro

Finalmente, en diciembre de 2011 se introdujo un nuevo proyecto, el cual luego de múltiples negociaciones para obtener las mayorías necesarias, fue aprobado modificado, en octubre de 2012.

De esta manera, Uruguay fue el primer país de la región que, a través de la Ley 18.987, implementa en el Sistema Nacional Integrado de Salud servicios de aborto seguro. Esta fue una respuesta imperiosa, imprescindible y necesaria ante el requerimiento y demanda social frente a una práctica sanitaria que transcurrió históricamente por la clandestinidad, poniendo en riesgo la salud y la calidad de vida de las mujeres de nuestro país.

Es de destacar que desde 1985 a la fecha, todas las encuestas de opinión pública señalaban que la mayoría de la población (en ocasiones por más del 60%) estaba a favor de la despenalización del aborto y por que el mismo fuera practicado legalmente por los organismos de salud.

Iglesia y políticos promueven derogar la ley de aborto seguro

Sin embargo, pocas semanas después de aprobada, legisladores del Partido Nacional (de fuerte raigambre católica) comienzan a agitar la idea de derogar dicha ley a través del mecanismo referendario. Esto significaba esencialmente, de acuerdo al procedimiento uruguayo, conseguir a través del voto, que el 25% del padrón electoral, en voto voluntario y controlado por la Corte Electoral, llamara a un referéndum derogatorio con voto obligatorio, el cual, de obtenerse, se realizaría en octubre de 2013.

Esta iniciativa contó con el apoyo entusiasta de la Iglesia católica y otros cultos religiosos minoritarios. Asimismo contó con importantísimos apoyos políticos. Todos los aspirantes al sillón presidencial en las próximas elecciones nacionales (2014) de todos los partidos, con representación parlamentaria, sin excepciones, apoyaron la campaña de votar para convocar a referéndum derogatorio. Esos pre-candidatos presidenciales fueron: Tabaré Vázquez por el Frente Amplio, Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga por el Partido Nacional, Pedro Bordaberry y José Amorin por el Partido Colorado y Pablo Mieres por el Partido Independiente.

Asimismo, con la excepción del ex presidente de la República Julio María Sanguinetti del Partido Colorado, partidario de la despenalización del aborto, los otros ex presidentes de la república, el colorado Jorge Batlle, el nacionalistaLuis Alberto Lacalle Herrera (y el mencionado ex presidente Tabaré Vázquez, actual precandidato de la izquierda), fueron partidarios de la derogación. El actual presidente, José Mujica del mayoritario Frente Amplio, no participó tampoco del acto electoral.

Un tema muy controvertido fue la presencia del ex presidente y actual precandidato de la izquierda, Tabaré Vázquez, en un acto en la Universidad de Montevideo del Opus Dei, en la presentación de un libro sobre el veto presidencial a la despenalización del aborto que el mismo Vázquez, siendo presidente de la república, había protagonizado en el 2008, como fue dicho más arriba.

La sociedad civil organizada se moviliza en su defensa

Al frente de este enorme peso de la Iglesia y de los principales referentes del sistema político, estaban las asociaciones de mujeres, algunos sindicatos, legisladores que habían aprobado el proyecto, y asociaciones culturales y de minorías. Las redes sociales estuvieron por esos días al rojo vivo sosteniendo una u otra opción.

Unas 40 de estas asociaciones de todo el país, realizaron un acto en el Paraninfo de la Universidad de la República el día 6 de Junio de 2013, lanzando una campaña llamando a no votar el domingo 23 de junio, día asignado para la consulta.

El eje central de esta campaña fue que habilitar el referéndum revocatorio, podría significar un retroceso importante en una de las conquistas sociales más relevantes y justas de las últimas décadas. Anular la ley sería retornar a la práctica del aborto clandestino y al riesgo sanitario para las mujeres que adopten esta decisión.

Participaron de esta convocatoria diversas organizaciones sociales de amplia representación que defienden desde múltiples ámbitos, los Derechos Humanos y las condiciones de justicia e igualdad para poder ejercerlos sin discriminaciones. Asistieron además diversas personalidades de la política, la cultura y el sindicalismo organizado, que adhieren a esta convocatoria.

En nombre de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento (AILP) estuvimos presentes en dicho acto, y anexamos las palabras expresadas en esa oportunidad.

El pueblo decidió democráticamente: 9 de cada 10 ciudadanos a favor de la ley

El domingo 23 de junio tuvo lugar la consulta. El resultado fue que solo el 8,8% del electorado se pronunció a favor de convocar un referéndum revocatorio. El 91,2% prefirió no apoyar esta instancia regresiva. En la historia de los llamados a referéndum en el país, fue el que menos convocó adhesiones ciudadanas.

Fue un aplastante pronunciamiento popular que desconoció la convocatoria de las religiones, en particular la religión católica, que desoyó al llamamiento de los principales dirigentes políticos del país, que no se dejó llevar por la abrumadora (y costosa) publicidad “por la vida” que organizaron quienes deseaban derogar la ley, y que comprendió que hay temas como este que – siendo del resorte exclusivo de la vida privada de las gentes y de la conciencia individual – no podría estar sometido a las decisiones de mayorías circunstanciales.

Asimismo, habría quedado planteado para el futuro, un tema que tiene que ver con el funcionamiento democrático del país, y la legitimidad de sus instituciones políticas: cuál es la relación entre los partidos políticos, sus dirigentes o líderes y la masa de votantes; y sobre todo, cual es el poder de convocatoria de sus principales dirigentes así cómo cual es su real representación de la voluntad popular. Los dirigentes políticos fueron hacia un lado; la sociedad fue hacia otro. Nunca había habido en democracia hasta ahora, una situación de desconocimiento tan grande a las directivas de las principales figuras políticas, todas unidas en el objetivo de derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo y que recibieron tan importante desplante por parte de la ciudadanía.

Análisis politológicos señalan que todos los presidenciables y la mayoría de los ex presidentes lograron apenas la adhesión de una de cada 10 personas. 9 de cada diez no siguieron la línea expresada por sus dirigentes. Esto debe llamar a la reflexión a los partidos y a los líderes partidarios, y releva que algo está cambiando, tal vez de manera irreversible en la relación de los partidos con los ciudadanos.

Sin embargo, paradójicamente no se ha escuchado ni una sola voz autocrítica profunda en el sistema político intentando sacar alguna enseñanza. La mayoría se limitó a señalar – y solo el día después del pronunciamiento – que este tema quedaba cerrado. La dirigencia partitocratica continúa encerrada en un espléndido solipsismo. Y tan es así, que hasta algunos sectores minoritarios y/o dirigentes secundarios autotitulados progresistas de los partidos políticos, que eventualmente hubieran podido intentar sacar algún rédito político de la situación, fueron asimismo incapaces de mostrar otra voz diferente o discrepante con la opinión de los líderes principales de sus partidos.

Asimismo el resultado de estas votaciones, ha implicado un freno a la embestida católica sobre la laicidad que se viene manifestando desde hace una decena de años a esta parte. La iglesia, con sus Universidades Católica y del Opus Dei, con su red de asociaciones civiles, de colegios y escuelas y sus representantes oficiosos en el sistema político, tomó este tema como clave. Fue sujeto de todas las homilías en las parroquias católicas y de movilizaciones públicas de sus asociaciones “por la vida”. Sin embargo no ha podido imponer su concepción de la moral religiosa, reafirmando que la laicidad como sustrato cultural, aun mantiene su vigencia en nuestra sociedad. Por supuesto, luego del evento, tampoco se han expresado, prefiriendo guardar un silencio contrastado con su activismo anterior a la elección.

Los librepensadores, que sostuvimos este justo combate social, nos sentimos satisfechos de los reflejos laicos y republicanos existentes en nuestra sociedad, y seguramente es un estímulo a redoblar los esfuerzos para continuar concientizando sobre las bondades de estos valores seculares y para defender lo conquistado. Nuevos combates nos esperan. Perseveremos sin relajar la vigilancia.

ANEXO:

Mensaje de la Asociación Internacional del Libre-Pensamiento (AILP) en el lanzamiento de la “Campaña en Defensa de los Servicios de Aborto Legal y Seguro” y contra la Derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Estimados amigos y amigas,

El Libre Pensamiento es una corriente que basa su propuesta en la defensa y promoción de la absoluta Libertad de Conciencia y de la búsqueda de la verdad a través de la razón y la experiencia. Se opone a todo dogma o verdad revelada.

Desde mediados del siglo XIX se ha manifestado a través de congresos internacionales que ha reunido a sus mejores exponentes. Y también ha tenido sus mártires, perseguidos, asesinados y victimas del escarnio.

Ha sido protagonista relevante de la lucha por la separación de las iglesias y el estado y a favor de la laicidad, como manera de potenciar el rol del ciudadano autónomo y soberano en el espacio público, y en favor la educación laica, gratuita y obligatoria.

El Congreso de librepensadores de Roma de 1904 pautó la lucha del librepensamiento como laica, democrática y social; es decir que, en nombre de la dignidad de la persona humana, rechaza el yugo del poder abusivo de la autoridad en materia religiosa, del privilegio en materia política y de la explotación en materia económica.

El Congreso del Librepensamiento de Buenos Aires de 1906, significó la presencia de magníficas mujeres como Paulina Luisi, Belén de Sárraga o María Abella, luchadoras sociales que representaron la lucha de la mujer uruguaya por sus derechos cívicos y políticos.

Hoy el combate es también por la libertad y autonomía de la mujer como ser social y político en igualdad absoluta con el hombre.

El Congreso Internacional del Librepensamiento de Oslo, Noruega en el 2011 se pronunció por “el derecho de la mujer de controlar su cuerpo”.

El Congreso internacional del Librepensamiento de Mar del Plata, Argentina de 2012, llamó específicamente a:

Trabajar por el pleno reconocimiento de los derechos de la mujer y de la dignidad, en la aplicación del principio de igualdad de derechos. Y en particular, combatir la violencia contra la mujer, y por el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo

Consecuente con esto, nuestra Asociación y los librepensadores uruguayos estamos firmes junto a todos ustedes en esta lucha para evitar una marcha atrás en lo ya conquistado. El progreso solo podemos conquistarlo entre todos. La libertad no se ruega. Se conquista. Gracias.

Montevideo, 6 de Junio de 2013

Elbio Laxalte Terra   Portavoz de la AILP

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