La Ley de Instrucción Pública de 1897, en la transformación la sociedad ecuatoriana a una educación laica · por Carmen Yolanda Muela Hernández y otros

RESUMEN: A inicios del siglo XIX la situación de las nacientes repúblicas Latinoamericanas era de completa inestabilidad en toda la estructura estatal; en medio de esto surgieron dos grupos de poder con ideologías antagónicas, en el caso del Ecuador, los conservadores de la Sierra defendían los intereses de los grandes terratenientes, apoyaban la influencia de la Iglesia Católica, y respaldaban la esclavitud y la servidumbre de afrodescendientes e indígenas; mientras que los liberales de la Costa, promovían una modernización total de la estructura económica, siguiendo los modelos capitalistas de Estados Unidos y Europa. Su objetivo era instaurar un Estado laico mediante la separación de la Iglesia y el Estado, fomentando así la secularización general de la sociedad. Durante el gobierno de García Moreno, Ecuador vivió una etapa histórica denominada «Garcianismo». Aunque hubo avances significativos, especialmente en el ámbito económico, también se implementaron cambios negativos, como la firma del concordato con el Papa Pío IX en 1862. El 5 de junio de 1895, en Guayaquil, Eloy Alfaro fue proclamado Jefe Supremo, desafiando la autoridad del presidente interino Vicente Lucio Salazar. Este evento dio comienzo a la Revolución Liberal en Ecuador, que provocó una breve guerra civil. El ejército liberal de Alfaro, formado por las montoneras montubias, se enfrentó a las fuerzas del ejército nacional conservador y logró la victoria para los revolucionarios. Tras la victoria de la Revolución Liberal bajo el mando del General Eloy Alfaro, se emprendió de inmediato la organización de la administración y la implementación de las leyes para consolidar los principios liberales del decálogo liberal. Uno de estos principios era la separación entre la Iglesia y el Estado por medio del laicismo; el propósito de la Ley de Instrucción Pública era garantizar la estabilidad de los establecimientos educativos mediante la asignación de ingresos seguros proporcionados por el Estado ecuatoriano.