Todos los partidos, excepto Vox, han votado a favor de la admisión a trámite de una iniciativa que surgió en la comisión del Parlament que investigó la pederastia en la Iglesia
La ley catalana que propugna que las violaciones de niños más graves no prescriban y queden impunes ha dado este martes su primer paso en el Congreso.La Cámara ha admitido a trámite la proposición autonómica, que emanó de la comisión del Parlament que investigó la pederastia en la Iglesia. La propuesta fue impulsada por PSC, ERC, Junts y los Comuns, que plasmaron en un texto legal una reivindicación histórica de las víctimas.
Todos los partidos, excepto Vox e incluyendo el PP, que en Catalunya se abstuvo cuando la norma se aprobó en febrero en el Parlament, han votado a favor de la toma en consideración, pero los populares han avisado de que dan un «apoyo crítico» y que pedirán la comparecencia de juristas para dar más consistencia a la reforma.
Solo el 30% de las denuncias por abusos sexuales en la infancia llegan a juicio, entre otros motivos porque los delitos han prescrito
La imprescriptibilidad de los delitos sexuales sobre menores requiere modificar el Código Penal, de ahí que la norma tenga que ser tramitada y aprobada por las Cortes. Pero ello, siguiendo el reglamento sobre las iniciativas autonómicas, tres diputados catalanes, en este caso mujeres, han defendido su toma en consideración. Han sido Susanna Segovia (Comuns), Raquel Sans Guerra (ERC) y Judith Alcalá (PSC), quienes han pedido que se apruebe una «ley de derecho al tiempo, que ponga fin a la impunidad».
«Tiempo para olvidar lo ocurrido, tiempo para recordarlo, tiempo para denunciarlo, tiempo para cuidarse y tiempo para ser reparado por las instituciones», ha subrayado Segovia.
Las parlamentarias han recordado que la ley ha emanado de un «proceso de escucha» donde víctimas y expertos, en la comisión sobre la pederastia, han explicado que sufrir una violación de la libertad sexual, en la infancia o la adolescencia, dejagraves secuelas, entre ellas sentimiento de culpa, vergüenza o negación de lo ocurrido, que a veces impiden a los afectados revelar lo sucedido o denunciarlo hasta que han pasado décadas, cuando el delito ya ha prescrito.
Los escándalos
Han recordado que las denuncias de delitos sexuales sobre menores han crecido un 173%, que apenas un 15% se denuncia y que de ellas solo el 30% llega a juicio, entre otros motivos por la prescripción, que ha sobrevolado sobre muchos de los escándalos de pederastia más sonados, como el ‘caso Maristas’, donde se archivaron, por este motivo, una veintena de denuncias.
Ante ello, la ley de protección a la infancia, que entró en vigor en 2021, amplió los plazos, de forma que la mayoría de delitos sexuales sobre menores ahora prescriben cuando la víctima tiene entre 40 y 45 años. Pero los afectados y las plataformas de infancia consideran que la ampliación es insuficiente porque investigaciones realizadas en otros países muestran que la edad media de la denuncia es de 52 años, lo que implica que delitos muy graves pueden quedarse sin juzgar.
Los delitos graves
De ahí que la ley que ha emanado del Parlament proponga la reforma del Código Penal para que sean imprescriptibles todos los delitos sexuales sobre menores graves, penados con cinco años o más, incluido la prostitución de menores o su captación para la exhibición, o la pornografía. Y que el resto de delitos prescriban cuando la víctima cumpla 50 años.
La norma no tiene carácter retroactivo, pero sí puede servir para los delitos que se comentan a partir de que entre en vigor. «No puede haber reparación de las víctimas, sin garantías de no repetición«, indica Miguel Hurtado, primer denunciante de los casos de abusos en la abadía de Montserrat y uno de los principales impulsores de la iniciativa legal.
Para Hurtado, que lleva años defendiendo la imprescriptibilidad, este martes ha sido un «día histórico«, aunque es consciente de que la norma aún tiene una larga tramitación por delante, antes de llegar al BOE. Ante ello, ha indicado que los activistas están «preparados» para compartir con los diputados «la evidencia científica, el derecho comparado y las recomendaciones de los organismos internacionales» para que la ley de ‘derecho al tiempo’ sea una realidad.
