Durante todo el año 2011 la laicidad ha estado en un segundo o tercer plano en la agenda política y de preocupaciones de la ciudadanía. La crisis económica, y sus devastadores efectos, ha sido, y aun es, el tema principal de preocupación y el asunto que más páginas llena en los periódicos.
La crisis económica, que se va a llevar por delante, o lo va a intentar, el estado social y del bienestar, puede servir también de excusa para la discriminación xenófoba, racista, sexista e ideológica. Todas las crisis necesitan chivos expiatorios. Uno de los eslabones débiles es el respeto de la laicidad como marco de igualdad de todos los ciudadanos.
La laicidad en la coyuntura actual
Durante todo el año 2011 la laicidad ha estado en un segundo o tercer plano en la agenda política y de preocupaciones de la ciudadanía. La crisis económica, y sus devastadores efectos, ha sido, y aun es, el tema principal de preocupación y el asunto que más páginas llena en los periódicos.
La segunda gran preocupación de la ciudadanía, y también relacionada con la crisis económica y la falta de respuesta de la Política, han sido los diferentes procesos electorales que se han sucedido a lo largo del año. Primero, las Elecciones Municipales y Autonómicas de mayo, que pintaron todo el mapa de azul. Luego las Generales de noviembre, que dieron la puntilla.
El gobierno socialista saliente dejó para mejor ocasión la reforma de la ley de libertad religiosa del año 80. Este proyecto, que entró y salió de la escena en diversas ocasiones, muchas veces, como cortina de humo para tapar otros problemas del gobierno, podía haber supuesto un cambio importante en las relaciones entre las instituciones públicas y las confesiones religiosas. Aunque, la confesión más privilegiada de este país, la iglesia católica, quedaba al margen de esta ley por la existencia de los acuerdos con el Vaticano, que tienen carácter de acuerdos internacionales.
También la ley de muerte digna, que prometía ser una regulación común en todo el Estado, quedó en conversación.
El último gran hito del gobierno socialista fue la declaración de la jornada de la juventud católica como actividad de especial interés. El resultado, aparte de las grandes deducciones fiscales de las que se beneficiaron las empresas espónsores, fue la buena relación y la cortesía que se estableció entre el Gobierno y los representantes del Estado y los visitantes del Vaticano. El Presidente del Gobierno acompañó al papa al aeropuerto y el papa obvió toda crítica al Gobierno y la legislación social que promovía y había promovido.
Zapatero había comenzado su presidencia prometiendo defender la Constitución, si bien había cerca un enorme crucifijo que, parece ser, establece Zarzuela como elemento protocolario. Rajoy comienza su periodo de gobierno jurando sobre la biblia que cumplirá con sus deberes de presidente del gobierno. Es una diferencia.
El nuevo Gobierno, no obstante que sus prioridades parecen ser la reforma laboral y el control del déficit, ha anunciado una serie de medidas que pueden suponer un gran retroceso en derechos conquistados tras muchos años de lucha de distintos colectivos.
Así, por ejemplo, el Ministro de Justicia ha anunciado, entre otras cosas, que se reformará la ley del aborto, eliminando los plazos y retrotrayéndose a las circunstancias del año 85. No se trata ya del tan polémico tema de las menores y la autorización o información a los padres, sino de eliminar el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad y a convertirlas de nuevo en sujetos sin capacidad de decisión y con tutela médica o jurídica pendiente de sus cabezas.
El Partido Popular, que elevó un recurso al Tribunal Constitucional contra la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo, no solo no ha anunciado la retirada del recurso ahora que está en el Gobierno, sino que hasta dentro del propio partido, se oyen voces discrepantes sobre tal supuesta inconstitucionalidad (por ejemplo, la del ministro de justicia). Hay muchas parejas que sienten este recurso como una espada de Damocles.
El Ministro de Educación ha anunciado la inminente eliminación de la materia de Educación para la Ciudadanía, sustituyéndose ésta por otra de conocimiento de las instituciones europeas y el marco constitucional. La materia que quiere suprimir se llama exactamente Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Es una materia que, una vez transcurrido el periodo inicial de bronca promovida por los sectores más ultras de la derecha, se ha asentado en el sistema educativo y forma parte de él sin ninguna acritud y sin ningún problema serio. La imparten profesores de diversas especialidades (Ciencias Sociales o Filosofía) y de distintas orientaciones políticas (de hecho, no se pregunta a los profesores de qué van para asignarles o no la materia en cuestión). Es una materia que, en su momento, quedó muy difuminada de lo que debió haber sido. El proyecto inicial pretendía que fuera una Educación para la Ciudadanía Democrática. Lo importante es la palabra democrática. Y se diluyó en las negociaciones que el gobierno socialista inició con todos los sectores habidos y por haber. El afán de contentar a todo el mundo y evitar enfrentamientos, que no se evitaron, tuvo como resultado una materia bastante light. En el momento actual, no la discute nadie, ni en los centro públicos ni en los religiosos más cerriles, a los chavales les gusta y los profesores asumen su impartición con naturalidad. Sin embargo, el ministro ha pensado que algo había que hacer.
Por supuesto, la religión católica no sufre ningún tipo de recorte, so pretexto de que la piden los padres voluntariamente, y sin ser justos en el reconocimiento de la realidad: los padres que piden religión para sus hijos entorpecen la construcción de los horarios lectivos de los hijos de los demás padres. Y también, por descontado, el sueldo de las personas que imparten esta doctrina religiosa se seguirá cargando en los presupuestos de las administraciones educativas.
La relación entre los representantes políticos y las confesiones religiosas será mucho más fluida, no cabe duda. Ya vimos a la recién elegida presidenta de Castilla La Mancha con su peineta y su mantilla en la procesión del Corpus disputándole el protagonismo al Alcalde y su banda de música. También hemos hablado del juramento sobre la biblia del presidente del Gobierno. Todos los Ministros y Ministras han jurado sus cargos, lo mismo que los Secretarios de Estado, segundo nivel del gobierno.
Después del Congreso del Partido Socialista, el recién elegido Secretario General, anteriormente, vicepresidente del Gobierno, sugirió que es necesario que el Estado español denuncie los acuerdos con el Vaticano. Mientras tanto, los alcaldes socialistas que quedan se prodigan con los clérigos de sus respectivos municipios y regiones. Es comprensible que no es lo mismo estar en el gobierno que en la oposición.
Por el momento, la financiación de la iglesia católica está asegurada. El BOE de 30 de diciembre publica el compromiso del Estado a proporcionarles 13 millones y pico de euros mensualmente a cuenta del IRPF que los católicos sustraen de la recaudación del Estado y mantiene el articulo de los eventos de especial interés por si quieren organizar alguna otra concentración de masas. Los catequistas de colegios e institutos no deben temer a los recortes que sufren los demás. No se prevé reducción alguna en capellanes del Ejército ni de capillas de hospitales. Si se prevé en cambio un aumento de los conciertos educativos, mayoritariamente para colegios religiosos, y acuerdos de gestión de centros sanitarios y asistenciales, de los que también abundan los de las congregaciones religiosas. Las fiestas, procesiones y eventos religiosos en general están más que asegurados y gozarán de todo el bombo y platillo que sea menester. Y no sería ninguna sorpresa que las administraciones educativas giraran en la protección que dispensaban a la obligación de escolarización de alumnas frente al “cumplimiento de las normas internas de los centros relativas a determinados elementos discriminatorios”, como los pañuelos o velos.
La crisis económica, que se va a llevar por delante, o lo va a intentar, el estado social y del bienestar, puede servir también de excusa para la discriminación xenófoba, racista, sexista e ideológica. Todas las crisis necesitan chivos expiatorios. Uno de los eslabones débiles es el respeto de la laicidad como marco de igualdad de todos los ciudadanos.