El TSJM declara ilegal el acuerdo del Ayuntamiento por no respetar la legislación de patrimonio histórico
El cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, no podrá cumplir su sueño de construir su minivaticano en Madrid: el Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJM) ha echado por tierra el ambicioso proyecto dando la razón a los vecinos de la Cornisa del Manzanares, y consideran que los más de 20.000 metros cuadrados que pretendía edificar la Iglesia no se ajustan a la legalidad. El tribunal reconoce que la zona en la que se iba a erigir esta ciudad de la Iglesia está integrada dentro del Conjunto Histórico de la Villa de Madrid, y que la transformación de uno de sus elementos afectaría a la estructura del centro histórico de Madrid, por lo que no pueden llevarse a cabo, como se ha hecho, siguiendo exclusivamente criterios urbanísticos.
El Arzobispado, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han perdido la batalla contra los vecinos del madrileño barrio de Las Vistillas, y no podrán construir el minivaticano que tanto anhelaba Antonio María Rouco Varela para mayor gloria de su diócesis y de su presidencia de la Conferencia Episcopal. El TSJM ha frenado el proyecto, al considerar que la planificación urbanística se ha hecho sin tener en cuenta que el entorno en el que se planeaba construir este ambicioso recinto de más de 20.000 metros cuadrados se encuentra en una zona, la Cornisa del Manzanares, protegida dentro del Conjunto Histórico Recinto de la Villa de Madrid.
No respeta la protección del patrimonio
Para el TSJM, el acuerdo firmado entre el Ayuntamiento de Madrid y la Iglesia católica en 2007 para la construcción del minivaticano, según informa El País, es ilegal y no respeta las normas de respeto del patrimonio histórico en una zona de especial protección. El pacto al que habían llegado ambas instituciones consistía en que el Arzobispado devolvería al Ayuntamiento unos terrenos que habían sido cedidos por Álvarez del Manzano a cambio de poder construir este macro-complejo eclesial en las inmediaciones de la iglesia de San Francisco el Grande.
Acuerdo entre la Comunidad, el Ayuntamiento y el Arzobispado
Para hacer viable este acuerdo, la Comunidad de Madrid aprobó a principios de octubre de 2007 una modificación del Plan General de Ordenación Urbana en la zona, al que se incorporaba un convenio previo, firmado entre la Iglesia y el Ayuntamiento en 2005, que daba vía libre al Arzobispado para construir su cuidad, compuesta por un edificio de cuatro plantas, 140 metros de fachada y 14.000 metros cuadrados de superficie para albergar oficinas, un aparcamiento con 200 plazas, una residencia de sacerdotes de tres plantas una biblioteca diocesana de 6.000 metros cuadrados. En los terrenos que la Iglesia cedía al Ayuntamiento, Gallardón tenía previsto edificar una escuela infantil, un polideportivo, un centro para mayores y otro para indigentes.
Legislación de patrimonio
La sentencia del TSJM, que es recurrible ante el Tribunal Supremo, subraya que la modificación del plan de ordenación urbana debería haberse hecho atendiendo a “los elementos que conforman las estructuras urbanas históricas y las características de la zona”, ya que en las áreas protegidas como esta no se puede construir si no es siguiendo “las directrices contenidas en la legislación de patrimonio” y conservando “con la mayor fidelidad posible la estructura urbana y arquitectónica” del conjunto y de “su entorno ambiental”.
"Verdadera remodelación urbana"
Sin embargo, según el texto, no se hizo así, sino que se planeó “una verdadera remodelación urbana” sin tener en cuenta el imprescindible “plan urbanístico protector”. A la espera de saber si el consistorio recurrirá o no la decisión, los vecinos que llevaron el caso a los tribunales se han mostrado muy satisfechos con la resolución. El letrado de los vecinos, Guillermo Aguillaume, confió en que “si el Ayuntamiento quiere volver a discutir y negociar la ordenación de este ámbito, lo haga antes con la asociación que ha defendido el patrimonio histórico del municipio que con la entidad que lo ha ignorado”.
