El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, se convertirá el próximo miércoles en el primer prelado que se siente en el banquillo de los acusados por las injurias, calumnias, acoso moral, lesiones y coacciones que le imputa un sacerdote, un juicio que ha generado una gran expectación mediática.
Con la finalidad de organizar el acceso a la vista, que se celebrará el 14 de noviembre en el Juzgado de lo Penal 5 de Granada, el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado a los medios de la necesidad de acreditarse para seguir el juicio.
Hasta al final de esta misma semana, cuando concluyó el plazo para acreditarse, un treintena de periodistas, entre redactores, cámaras y fotógrafos, de dieciséis medios locales, regionales y nacionales habían solicitado su asistencia a la vista.
Al interés que ya de por si generará ver a un arzobispo sentando en el banquillo de los acusados, se unirá el hecho de que Martínez será juzgado por Miguel Ángel Torres, titular del Juzgado de lo Penal 5, al que se incorporó el pasado septiembre tras dar por concluida su labor en la instrucción de la operación "Malaya" contra la corrupción urbanística en Marbella (Málaga).
Además, previsiblemente, el arzobispo recibirá el apoyo de sus fieles en la sede judicial, como ya ocurriera el pasado 5 de junio de 2006 cuando compareció ante el instructor y fue recibido con aplausos por varias decenas de personas, que aguardaron durante su declaración rezando el rosario.
En esa declaración, Martínez negó las acusaciones del sacerdote, dijo que nunca quiso perjudicar a este religioso y que la divulgación pública del asunto se hizo "con la pretensión de dañar a la Iglesia".
Mantuvo que todas las actuaciones que dieron lugar a la querella "son actos de gobierno interno de la Iglesia" y son, por tanto, "competencia de la jurisdicción de un Obispo Diocesano en el libre ejercicio de su ministerio".
Acoso moral
El cura denunciante, Francisco Javier Martínez Medina, se querelló contra el arzobispo después de que en febrero del año pasado acabara sin avenencia el acto de conciliación en el que estaba llamado a participar el prelado tras ser demandado por aquél por injurias y calumnias.
Esas injurias y calumnias fueron supuestamente vertidas por el arzobispo en una carta en la que acusaba al sacerdote de una apropiación indebida relacionada con su trabajo de archivero y de quedarse con los derechos de propiedad intelectual de un libro sobre la Catedral de Granada, cuyos autores demandaron también al prelado.
El denunciante, ex archivero de la Catedral de Granada, pide multa para el arzobispo, al que acusa de los delitos de calumnias, injurias, coacciones, lesiones psíquicas y acoso moral.
La Fiscalía, por su parte, pide la absolución del arzobispo, al considerar que no ha quedado acreditado que el prelado actuara con el ánimo de atentar contra el honor del querellante.
