“Soy alumna de un sacerdote de su diócesis, el Dr. Don Santiago García Jalón de la Lama. Desde septiembre de 2014 he estado recibiendo un trato inesperadamente vergonzoso y decepcionante”. Así describió su situación una estudiante de Filología Bíblica Trilingüe en la Universidad Pontificia de Salamanca en una carta dirigida a Juan José Omella, el actual arzobispo de Barcelona, entonces obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño y superior jerárquico del profesor.
«Humillada por se mujer y laica»
La estudiante denunciaba en su misiva que el profesor la había “humillado y menospreciado” y que, “posiblemente por ser laica y o por ser mujer”, no le daba el mismo trato que a otros compañeros sacerdotes o seminaristas. Había suspendido todas las asignaturas que impartía García Jalón, quien la llegó a citar para revisión de exámenes el mismo día que sacó las notas.
En paralelo, presentó un recurso de queja ante el entonces Decano de Filosofía, Francisco Javier Herrero Hernández, quien, ante la gravedad de los hechos lo denunció ante el entonces rector, Ángel Galindo. Siguiendo el reglamento previsto por la universidad se abrió un proceso que se resolvió finalmente a favor de la alumna, quien fue examinada de nuevo por otra profesora obteniendo muy buenas calificaciones (todo notable y un sobresaliente). Francisco Javier Herrero Hernández y el secretario general, Miguel Ángel Hernández Robledo, modificaron las actas para incluir las nuevas calificaciones por orden del rector.
Un año después, el profesor García Jalón denunció ante la nueva rectora, Mirian de las Mercedes Cortés Diéguez, el cambio de notas de la alumna sin que se le hubiera notificado. Los dos responsables de la modificación de las actas fueron expedientados y castigados con un mes de empleo y sueldo.
Ambos demandaron a la universidad Pontificia por considerar que se trataba de una sanción injusta y ahora la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León les ha dado la razón. En el caso de Francisco Javier Herrero, a quien un juzgado de Salamanca había dado la razón en primera instancia, no sólo desestima el recurso de la Pontificia sino que acuerda la pérdida de los depósitos que hizo para poder recurrir y la condena a costas por un importe de 400 euros.
Ratifica de esta manera la sentencia del juzgado de lo Social número dos de Salamanca que destacaba que la actuación de los dos profesores expedientados estuvo avalada por el rector Galindo, quien testificó en el juicio haber recibido quejas de cuatro alumnos contra el profesor García Jalón.
La rectora cuestiona la versión de la alumna
ELPLURAL.COM se ha puesto en contacto con la rectora de la Pontificia para averiguar si, ante los graves hechos denunciados por esta alumna, se abrió algún tipo de investigación interna. Mirian de las Mercedes Cortés Diéguez ha preferido no hacer ningún tipo de valoración sobre las sentencias.
En relación a si abrió una investigación interna por el trato vejatorio y las humillaciones denunciadas por la alumna, en su opinión, por ser mujer y laica, sí ha querido aclarar que «el hecho de que figuren ciertas acusaciones en la sentencia, no significa que ambas partes las reconozcan, es decir, que se trata de la versión en este caso sólo de la alumna y no de las dos partes vinculadas con los hechos». Una contestación que resulta sorprendente, máxime viniendo de la primera mujer y laica que accede al rectorado de la Universidad. Hemos insistido en nuestra pregunta pero, hasta el momento no ha habido respuesta.
