La Junta debe abonar la paga de antigüedad a religiosos docentes

Siete sentencias del TSJA reconocen este derecho, acordado en en el año 2006

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de dictar siete sentencias que vienen a reconocer el derecho de los profesores o docentes religiosos al cobro de una paga extraordinaria de antigüedad, según el convenio colectivo de aplicación en los centros concertados de la Comunidad Autónoma.

Con fecha de 19 de octubre de 2006, la Consejería de Educación se obligaba mediante un acuerdo al abono de dicha paga al personal docente; sin embargo, «decidió unilateralmente, y sin previo aviso, no proceder a dicho pago en el caso de que esos docentes fueran religiosos que prestaban sus servicios en centros de su misma congregación y, de este modo, procedió a denegar sus solicitudes. Es decir, que sólo los religiosos docentes se quedaban sin percibir dicha paga», explica a ABC el abogado Jesús Muñoz de Priego, que ha dirigido los correspondientes recursos contencioso-administrativos de algunos de los religiosos y de sus congregaciones, de los que hay más de una veintena interpuestos en este sentido.

Entre 6.000 y 10.000 euros

Las sentencias del TSJA reconocen pues este derecho de los docentes religiosos, en virtud de las obligaciones impuestas por el régimen de conciertos, «que obliga a la Administración educativa a abonar al personal docente que trabaje en un centro sin relación laboral (los religiosos entre ellos) un “monto equivalente” a las cantidades salariales a pagar», apunta Muñoz de Priego, quien estima que las cuantías que se adeudan oscilan entre los 6.000 y los 10.000 euros, dependiendo de la antigüedad de cada uno de ellos.

«Son cantidades que no servirán para salvar la problemática económica de los centros concertados de titularidad religiosa, pero sí, además de aliviar algo, pueden considerarse un botón de muestra para denunciar la situación a la que se viene sometiendo a estos centros y sus titulares por parte de la Consejería, con constantes exclusiones y perjuicios», argumenta el letrado.

Muñoz de Priego se refiere a la «problemática económica» que atraviesan los centros concertados y a la insuficiencia actual de los conciertos educativos para los titulares de estos colegios. «Hasta ahora, los centros se mantenían, en gran medida, gracias a que una parte importante de los sueldos de los religiosos que trabajan en los mismos, eran reinvertidos en los centros por sus congregaciones titulares. La disminución de vocaciones, y con ello de religiosos profesores o docentes, —dice—, hace que esta solución cada vez resulte menos viable».

Al hilo de todo ello, trae a colación el retraso en el abono de la partida de «otros gastos» por parte de la Consejería de Educación, que acaba de pagar el primer trimestre (de enero a marzo), cuando debería haberse abonado ya el segundo, lo que ha obligado a muchos de estos centros, según afirma, «a pedir préstamos y créditos, en condiciones financieras muy gravosas».

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