La Junta de Andalucía tiene previsto seguir profundizando durante el próximo curso escolar 2025-26 en su incursión contra el sistema público de enseñanza del que disfruta la comunidad y en aras de continuar beneficiando ascendentemente a los intereses y el capital humano y económico de la educación concertada-privada en el territorio.
Andalucía cerró el pasado 2024 con nada menos que 706 aulas menos en la educación pública e, incluso, viendo cómo la Junta clausuraba numerosos centros de esta titularidad en la autonomía (siendo dos de los más llamativos por su longeva trayectoria el CEIP Adolfo de Castro de Cádiz y el CEIP Domingo Lozano de Málaga, entre otros tantos). No contenta con estas alarmantes cifras, la Consejería de Educación pretende proseguir con esa línea de cara al próximo año escolar, aumentando la sangría de la educación pública durante el mandato de Juanma Moreno en San Telmo, cuya bagaje es actualmente de un total de 2.402 aulas públicas andaluzas selladas en sus algo más de seis años como presidente autonómico.
El curso educativo próximo, la Administración andaluza ya ha dejado claro que la hoja de ruta volverá a ser la misma. Mientras ha renovado todos los conciertos ya existentes en todas las etapas educativas, no suprimiendo ni uno solo, habiendo justificado esta prórroga de lo estipulado con los centros de enseñanza concertados (privados, a la postre) en la presunta «demanda de escolarización» que «justifica la permanencia», Educación se adhiere, por el contrario, a una supuesta no demanda de escolarización y a la crisis de natalidad (algo que también padecen los colegios de titularidad concertada sin que eso les lleve a que sean clausuradas aulas ni mucho menos centros educativos) para sellar clases y colegios en la pública andaluza.
El último de los polémicos anuncios de la Consejería en detrimento del sistema público de enseñanza ha sido el del cierre del CEIP San Ignacio de Loyola (Sevilla), un colegio ya con décadas de labor educativa y más que asentado en el barrio sevillano de El Polígono de San Pablo, con una comunidad de estudiantes de 120 alumnos y alumnas (la tercera parte de ellos y ellas con necesidades educativas especiales) y que la Junta pretende cerrar para fusionar con el vecino centro del CEIP San Juan de Ribera, uno con nuevo nombre y nuevo código, dejando en el aire, además, la continuidad de todo el personal y equipo directivo que actualmente poseen ambos colegios por separado.
De hecho, durante las últimas semanas, las familias de los niñas y niñas de este CEIP se han concentrado en la puerta de entrada al centro educativo y frente a la sede de la delegación provincial de la Consejería para clamar contra esta última de las agresiones del Gobierno de Juanma Moreno (PP) contra la educación pública andaluza y pedir incluso la dimisión de la consejera, Carmen Castillo.
Esta clausura supone, asimismo, un daño especialmente sensible para estos alumnos y alumnas con necesidades específicas y sus familias, que son conscientes de que la polémica decisión del ente público abocaría a que sus hijos e hijas se expusiesen, dada su menor flexibilidad a cambios (y ya habiéndose adaptado completamente a su actual centro), a un tremendo choque en pos de la aclimatación a unas nuevas condiciones lectivas y a unos posibles nuevos docentes y PTIS.
