A raíz de la fallida insurrección carlista, surgida en Badalona en el mes de octubre de 1900, en el contexto de la crisis nacional por las pérdidas coloniales, los socialistas manifestaron su crítica hacia el carlismo, pero, además, plantearon una interpretación de su existencia histórica que, creemos tiene su importancia repasar, al vincularla con un análisis sobre la supuesta fallida revolución burguesa en España.
En el número de 9 de noviembre de ese año, El Socialista insertaba una larga columna titulada “Regresión”, en la que se denostaba a las “bárbaras huestes del pasado” que pretendían por las armas la instauración de un régimen caduco. Pero, por otra parte, los socialistas avisaban que de nada servía emplear la represión, por muy eficaz y rápida que fuese, sino no se atajaba el problema de raíz. El problema era que España no había terminado de realizar su “revolución burguesa”.
Los socialistas consideraban que la desamortización eclesiástica había sido solamente parcial, dejándose en manos de la Iglesia la enseñanza hasta mediados del siglo XIX, en alusión, seguramente, a la aprobación de la Ley Moyano, para terminar por mimarse a la Iglesia. Seguramente, se debía tener en mente el Concordato firmado en tiempos de la Década Moderada, que frenó la desamortización, y recuperó un papel importante para la Iglesia en la sociedad española, corroborado y ampliado con la Restauración borbónica, ya sí aludida en el texto, como también sobre la importancia del presupuesto del clero. En fin, España no había hecho lo que otras naciones en relación con la separación entre el Estado y la Iglesia, que sin ser perfecta en los países europeos era, al menos, más evidente. El poder de la Iglesia se vinculaba al carlismo, siempre según la interpretación que estamos estudiando.
Pero los socialistas, fieles a sus ideas económicas, no podían achacar al mantenimiento del poder eclesiástico toda la responsabilidad del fenómeno carlista. Si en el primer punto se había aludido a la imperfecta desamortización eclesiástica, ahora se trataba de la civil. Cuando el Estado se incautó de los bienes de Propios y de muchos de los Comunales, dejó sin medios a las clases humildes, y como en casi ningún lugar llegaron los beneficios de la industria para crear trabajo y riqueza, no podía parecer extraño que en determinados lugares el carlismo fuera visto con simpatía por la población, ya que defendía la vuelta a lo que se había cambiado con la desamortización civil.
Era verdad que la revolución liberal había abolido el feudalismo y los derechos señoriales, pero todo este sistema había sido sustituido por el del caciquismo, creándose un moderno feudalismo, y, según el periódico, aún más odioso que el antiguo, porque empleaba sujetos advenedizos y sin escrúpulos, con el apoyo del Estado. No parecía raro que pueblos enteros añorasen el pasado. El nuevo Estado liberal había aumentado la presión fiscal, que cegaría cualquier intentó de crecimiento de la riqueza. Este era otro motivo para la queja de la situación y la añoranza del pasado.
Bien cierto era que se había secularizado la enseñanza, como sabemos por la Ley educativa aludida anteriormente, pero no se había extendido debidamente, y no se había hecho una apuesta clara por la calidad de la misma, sin obviar que se terminaría dando facilidades a la enseñanza religiosa, como es constatable a raíz de la Restauración de 1875. De ese modo, a nadie le podía extrañar el alto nivel de incultura que padecía el país, ni el poder eclesiástico a la hora de educar las mentes.
En un acto que se celebró en Madrid, en el que participaron Pablo Iglesias y Quejido, además de condenar al carlismo, como “representación de un régimen de barbarie, fanatismo e intolerancia”, se amplió el análisis de las causas de su surgimiento. En este caso se acusó a los conservadores y liberales de haber permitido su existencia, llegando a otorgar puestos en la Administración a algunos carlistas, es decir, se criticaba la tolerancia que había recibido el carlismo en la Restauración. Se volvió a la cuestión de la enseñanza, al poder del clericalismo, y a la corrupción política alimentada por los partidos dinásticos y nunca debidamente combatida por los otros.
Por otro lado, también se analizaban las causas concretas de la reciente sublevación en relación con la crisis fabril catalana, considerada por los oradores socialistas como artificial para intentar destruir al movimiento obrero.
Hemos consultado los números 766 y 767 de El Socialista. Podemos consultar también el libro de Eduardo González Calleja, La razón de la fuerza: orden público, subversión y violencia política en la España de la Restauración (1875-1917), publicado por el CSIC en 1998, en el capítulo dedicado a los enemigos tradicionales, que estudia esta sublevación a partir de la página 207.
Eduardo Montagut. Historiador
