Al iniciarse el segundo milenio el <cristianismo asumió la responsabilidad de tutelar la fe de las sociedades europeas. Se inició la fase llamada de la cristiandad, o sea de la formación de una comunidad supranacional vinculada primordialmente por un credo religioso. Se abrió entonces un proceso de defensa de la ortodoxia cristiana y de combate contra las herejías, que terminó en los más espantosos actos de intolerancia y fanatismo. Como parte de este proceso el >papado constituyó tribunales eclesiásticos para la represión de los herejes. Gregorio IX en el año 1231 creó los primeros tribunales para castigar los delitos contra la doctrina de la fe. Progresivamente esos tribunales asumieron poderes tan grandes como pudo aconsejar el fanatismo y pronto llegaron a la tortura y a la pena de muerte contra los sospechosos de apartarse de la fe.
Con el advenimiento de la >reforma protestante a comienzos del siglo XVI esos tribunales fueron reestructurados bajo el nombre de Congregación de la Universal Inquisición, mediante la bula Licet ab Initio de 21 de julio de 1542, para servir mejor los designios de la contrarreforma. Como parte del proceso el papa Paulo III aprobó el Index librorum prohibitorum en el que se incluyeron las obras cuya lectura estaba prohibida a los fieles so pena de ser juzgados por los tribunales inquisitoriales.
Cada vez se amplió más la competencia de ellos. Cayeron bajo su jurisdicción no solamente los actos real o supuestamente heréticos de las personas sino además la brujería —vino la célebre <caza de brujas—, las conductas políticas contestatarias y las controversias interiores de la propia Iglesia.
El cardenal Juan Pedro Caraffa, que ascendió al Pontificado en 1555 con el nombre de Paulo IV, fue nombrado como prefecto de la institución inquisidora. Ella desplegó un trabajo fanático y brutal en la persecución de los delitos contra la fe, que eran principalmente la herejía, la superstición y la apostasía. Bastaba una delación para el encausamiento, la encarcelación y el sometimiento a toda clase de suplicios. Los inquisidores tenían atribuciones omnímodas para inquirir e investigar. Por medio de procedimientos ocultos dirigidos contra los inculpados, usando todos los instrumentos de tortura y de apremio disponibles en su época, les arrancaban confesiones y autoinculpaciones que justificaban el pronunciamiento de sus sentencias en secreto y sin apelación, en las que les imponía las penas más temibles e inhumanas. Estas penas eran ejecutadas unas veces por los aparatos de represión de los gobiernos y otras por las propias autoridades eclesiásticas.
Los tribunales de la Inquisición se convirtieron también en instrumentos de persecución política que sirvieron para afianzar la monarquía absoluta, calificada por el papa Pío VI en su alocución del 17 de junio de 1793 ante el consistorio como le meilleur des gouvernements. La posición oficial de la Iglesia estuvo totalmente comprometida con el sistema monárquico y fue, por tanto, beligerantemente contraria a la revolución francesa y al republicanismo. Esto explica la fuerte carga anticlerical que tuvieron los acontecimientos de Francia de finales del siglo XVIII.
La Inquisición tuvo una dilatada duración histórica. Cobró millones de víctimas inocentes. La <caza de brujas fue implacable. Centenares de miles de mujeres fueron quemadas por brujas, entre ellas Juana de Arco. El filósofo Giordano Bruno murió en la pira del Campo de Fiori en Roma en el año 1600 por propalar la “herejía” de que existían otros mundos. Galileo pudo salvarse gracias a que se retractó de su tesis heliocéntrica de la gravitación universal pero fue condenado a prisión domiciliaria por el resto de sus días. Obras de Maquiavelo, Voltaire, Kant, Darwin, Sartre, Balzac, Beauvoir, Gide estuvieron en el índice de los libros prohibidos. Lo estuvieron también las biblias traducidas a lenguas vernáculas. El concilio de 1908 cambió el nombre de la Inquisición por el de Congregación del Santo Oficio. Y en 1913 el papa le otorgó la muy significativa calificación de “Suprema” y se reservó para sí el ejercicio de la prefectura. El Código de Derecho Canónico de 1917 reafirmó (canon 247) la competencia del Santo Oficio en materia de la defensa de la fe y de las costumbres. En 1965 la Iglesia volvió a cambiar la denominación de la Congregación del Santo Oficio por la de Congregación para la Doctrina de la Fe, pero dejó intocadas sus atribuciones en la defensa de la ortodoxia y de las costumbres, en la reprobación de las doctrinas “contrarias” a la fe, en la condena de los libros tenidos por heréticos y en el control de las ideas. Desde 1967 el papa ha dejado de presidir este organismo. Hoy lo hace un cardenal, como prefecto.
La Inquisición en España —implantada por Gregorio IX mediante la bula de 8 de noviembre de 1235— autorizó a los Reyes Católicos para que establecieran un tribunal en Castilla a fin de extirpar por el fuego las herejías. Con tal propósito los monarcas nombraron en 1483 a Fray Tomás de Torquemada como el supremo inquisidor. Antiguo confesor de la reina Isabel, este fraile fanático, cruel, intolerante, frío, austero y despiadado extendió la maquinaria de la Inquisición en todo el territorio del reino y persiguió con especial saña a los “herejes” y a los judíos. Como en todas partes, la delación fue el instrumento principal de sus indagaciones. Los delatores, además de ganar el cielo, recibían recompensas terrenales. El terror a ser considerado “encubridor” llevaba a muchos a delatar hasta a sus parientes más cercanos. Nadie estaba libre de una denuncia. Después venía la >tortura con su amplísima gama de posibilidades de sevicia para arrancar las confesiones y las autoacusaciones de los infelices que caían bajo la jurisdicción del Santo Oficio. Torquemada rigió sus actos por su propio código para la investigación y el juzgamiento de los crímenes contra la cristiandad, en el que señaló que el camino para la salvación sólo podía pasar por la expiación de los herejes. En consecuencia, según el código, “no hay otro medio que regar la hoguera con su sangre y su sudor, que son el mejor rocío divino que puede regar la tierra árida”.
El sádico fraile dominico mandó quemar en un solo año no menos de 10.000 judíos por haber rehusado el bautizo y expulsó a más de 300.000 moros de Granada después de la reconquista.
Lluís Alcanyís, primer catedrático de Medicina de la Universidad de Valencia y autor de la obra Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència, fue acusado de judaísmo y en 1506 quemado en la hoguera.
Tres años más tarde el humanista valenciano Joan Lluís Vives, cuyos padres habían sido condenados a la pena capital por el tribunal de la Santa Inquisición, tuvo que fugar de Valencia para no seguir la misma suerte.
Fray Luis de León (1527-1591) fue también víctima de la Inquisición, que le condenó a cuatro años de cárcel porque su preferencia por el texto hebreo de la Biblia en lugar de su traducción latina debida a san Jerónimo, que era el texto oficial e intocable de la Iglesia, le llevó a disputas teológicas con la orden de los dominicos; y además porque tradujo al castellano y comentó el Cantar de los Cantares de una manera que fue considerada heterodoxa.
Este hermoso y sensual poema atribuido al rey hebreo Salomón, que canta el amor entre amantes, puso en apuros a los exégetas judíos, católicos y protestantes de la Biblia en ese tiempo, que hicieron malabares para escamotear el sentido erótico del poema. Dijeron que era un “poema alegórico” para tratar de eludir la interpretación natural y obvia de su texto que exaltaba el erotismo de la relación entre tres personajes: el amante —probablemente Salomón— que estaba quemado de un encendido amor por una joven y hermosa pastora —”morena soy pero codiciable”, “soy morena porque el Sol me miró”, decía el poema—, que entregaba sus amores a un pastor. Alejándose de su texto, los comentaristas judíos medievales lo consideraron como un “diálogo alegórico” entre dios e Israel, en el que dios es el amante e Israel la amada. La tradición eclesiástica cristiana también ha interpretado el texto como el amor de Jesús por su novia, la Iglesia. Uno de los exégetas católicos afirma que “aquellas expresiones que a primera vista pueden parecer a algún lector vicioso algo licenciosas e indecentes (…) no son para pintar el amor licencioso de dos personas libres (…) sino el casto amor de dos esposos unidos ya de mucho tiempo con el vínculo del matrimonio”. En todo caso, es evidente que las forzadas interpretaciones alegóricas y litúrgicas de esta colección de versos de amor, que transpiran un inflamado erotismo, difieren de su interpretación literaria y literal.
Sea de esto lo que fuere, lo cierto es que el poeta, teólogo y profesor de la Universidad de Salamanca fue liberado después de cuatro años de prisión y se reintegró a su cátedra universitaria. La frase con la que comenzó su primera clase fue memorable por su gallardía y altivez : “como decíamos ayer…”
La Inquisición se extendió en el siglo XVI a algunas de las colonias españolas en América. Mediante una cédula real de Felipe II fue establecida en Lima el 25 de enero de 1569 con jurisdicción en todos los dominios españoles del nuevo continente. El inquisidor limeño Antonio Ordóñez, en carta de 28 de febrero de 1577 al Consejo de Indias, solicitó la creación de nuevos distritos inquisitoriales en Santa Fe de Bogotá para atender a los obispados de Popayán, Cartagena, Santa Marta y Venezuela con toda la tierra firme hasta Cumaná y La Margarita. En respuesta se expidió la cédula real del 25 de febrero de 1610 que erigió el Tribunal del Santo Oficio en Cartagena con jurisdicción en el Nuevo Reino de Granada, la Audiencia de Santo Domingo y los obispados de Panamá, Santa Marta, Popayán, Puerto Rico, islas Barlovento y Santiago de Cuba.
La tarea de los inquisidores de Cartagena se inició a finales de noviembre de 1610 con la solemne lectura del Edicto de Fe en el que se prevenía a los moradores para que delataran a las personas vivas o muertas que hayan hecho actos heréticos o dicho o creído opiniones sospechosas, erróneas, contrarias a la ortodoxia católica, escandalosas o blasfemas. “Por el tenor de la presente —decía el Edicto en su enrevesado y tortuoso estilo— amonestamos, exhortamos y requerimos y, en virtud de la santa obediencia y so pena de excomunión, mandamos a todos y cualquiera de vos que si supiéredes o hubiéredes hecho, visto u oído decir que alguna persona haya hecho, dicho, tenido o afirmado algunas cosas de las arriba dichas y declaradas, u otra que sea contra nuestra Fe católica y lo que tiene y predica y enseña nuestra Santa Madre Iglesia Romana, así de vivos, presentes o ausentes, como difuntos, sin comunicarlo con alguna persona (porque así conviene) vengáis y parezcáis ante nos, personalmente a decirlo y manifestarlo dentro de seis días primeros siguientes después de que esta nuestra carta fuera leída y publicada”. Y terminaba con la amenaza “contra las personas que maliciosamente callan o encubren dichas cosas de nuestra santa Fe católica y censuras de la Iglesia”.
Cartagena fue, a la sazón, un punto estratégico de la geopolítica colonial de España. El Tribunal de la Inquisición que allí se estableció —con sus cárceles, calabozos y salas de tortura— rigió por doscientos años hasta la independencia en 1811. Tuvo a Juan de Mañozca y a Mateo Salcedo como sus primeros inquisidores para perseguir la herejía, el judaísmo, la hechicería, la brujería, la bigamia, el concubinato, la solicitación, la lectura de libros prohibidos, el protestantismo, la idolatría, el reniego, la apostasía, la blasfemia, la contravención a los mandamientos y sacramentos y el desacato a las autoridades eclesiásticas. Todavía se conserva el Palacio de la Inquisición, situado frente a la Plaza Bolívar, construido en 1770.
Aunque desde 1522 —un año después de la toma de Tenochtitlan— se habían realizado tareas episcopales de inquisición en la Nueva España —lo que hoy es México—, no fue hasta el año 1571, durante el reinado de Felipe II, que allí se fundó el Tribunal de la Santa Inquisición para vigilar a la cristiandad hispanoamericana del norte. Pedro Moya de Contreras fue nombrado el primer inquisidor general. Ese fue el inicio formal del Santo Oficio en tierras americanas, que operó bajo los mismos códigos de España —las leyes de Torquemada, las del arzobispo de Granada, las de Diego de Deza, las de Fernando de Valdés—, aunque posteriormente el inquisidor general, cardenal Diego de Espinoza, juzgó prudente ampliarlos con instrucciones complementarias que se adaptaran a las condiciones espacio-temporales de la colonia. En ella se aplicaron el Index Librorum Prohibitorum y el manual Qualificatorum Sanctae, que contuvieron el catálogo de los libros heréticos cuya lectura estaba prohibida y sancionada con las más duras penas. En el catálogo constaban, entre otros, los libros de ciencia no aprobados por la Iglesia, los de adivinación y magia y las versiones no autorizadas de la Biblia, cuyo destino era la hoguera.
De esta manera quedaron institucionalizados en las tierras americanas la delación, la denuncia y el terror. Ni los muertos se libraron de ellos ni de la persecución de los inquisidores y sus verdugos.
La lista de los libros prohibidos de la Iglesia se amplió y actualizó hasta el año 1959 y en 1966 fue finalmente abolida por el papa Pablo VI.
En tardío pero honroso acto de contrición el papa Juan Pablo II escribió a sus cardenales en 1994: “es imposible ocultar las muchas formas de violencia que se cometieron en el nombre de la fe”. Y pidió perdón de los sangrientos pecados históricos de la Iglesia y de sus profundas equivocaciones científicas. Expresó su arrepentimiento por los actos de la jerarquía eclesiástica que anegaron de sangre el mundo en nombre de los dogmas religiosos. Poco tiempo antes el pontífice había rehabilitado la memoria de Galileo Galilei, humillado y perseguido por sus ideas y creencias, y de Charles Darwin, cuya teoría de la evolución de las especies fue condenada por el papado.
En el Palacio del Santo Oficio en Roma —al lado de la Basílica de San Pedro, detrás de la columnata de Berlini—, que desde 1566 fue la sede de la Congregación, se guardaron los archivos inquisitoriales, contenidos en miles de volúmenes y legajos guardados celosamente por siglos. Hasta el Concilio Vaticano II reunido de 1962 a 1965, la violación del secretum de ellos merecía la pena de excomunión. Pero el 28 de enero de 1998 el cardenal Joseph Ratzinger, jefe de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, por orden de Juan Pablo II abrió los archivos de la Inquisición romana para ir hacia “la purificación de la Iglesia”, según dijo, y presidió un grupo de teólogos que elaboró el documento titulado Instrumentum Laboris que sirvió de base para el mea culpa de la Iglesia, efectuado en una ceremonia masiva en Roma el 8 de octubre del año 2000, por los crímenes cometidos en nombre de sus dogmas religiosos.
Sin embargo, la apertura de los archivos no fue completa, no sólo porque anteriomente se habían destruído alrededor de 225 volúmenes, entre ellos los que contenían las dilatadas controversias en torno a la infalibilidad del papa o a las potestades de la Iglesia, sino también porque sólo comprendió hasta el año 1902. Lo cual produjo la protesta del teólogo suizo Hans Küng, quien afirmó que en el siglo XX se incoaron muchos y muy importantes procesos contra teólogos católicos, como Pierre Teilhard de Chardin, Henri de Lubac, Yves Congar, Marie-Dominique Chenu, Leonardo Boff, Karl Rahner, Edward Schillebeeckx, Charles Curran, Bernard Häering, Tissa Balasuriya y muchos otros.
En otra ceremonia especial celebrada en la Basílica de San Pedro el 12 de marzo del año 2000, el papa Juan Pablo II, mediante una oración dividida en siete capítulos preparada por la Comisión Teológica Internacional, pidió perdón a dios por todos los pecados cometidos por la Iglesia a lo largo de los tiempos y especialmente por los “métodos no evangélicos” a los que los líderes y sacerdotes católicos recurrieron en épocas como las de las cruzadas, la inquisición, la forzada evangelización de América o la de los siglos de antijudaísmo. El documento, sin embargo, fue demasiado general y, en concepto de la propia curia progresista, omitió los requisitos sacramentales de la confesión, que son los de señalar hechos y circunstancias, y nada dijo acerca de la moral sexual anacrónica de la Iglesia —que es causa de un permanente cisma con los laicos—, de la discriminación de la mujer en el seno de la curia y de la actitud inquisitorial con que aún se procesan las discrepancias doctrinales.
Como un eco distante de la conducta papal, la iglesia brasileña en abril del 2000, durante la misa de conmemoración de los quinientos años del primer oficio religioso celebrado en el actual territorio del Brasil, a la que asistió el cardenal Ángelo Sodano en representación del papa, pidió perdón a los indios y a los negros por las masacres, el exterminio, los atropellos y la esclavitud que las autoridades coloniales, en connivencia con las eclesiásticas, les impusieron en el largo período de la conquista y la colonización portuguesas.
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