En el Anteproyecto de Reforma educativa, la reversión de la LOMCE, teóricamente valiosa, es ambigua en demasiados aspectos.
La ONU aconseja, por primera vez, celebrar hoy, día 24, el Día Internacional de la Educación, cuando está vigente una constante de la historia, la división entre ricos y pobres. Variopinta en su configuración, si en la perspectiva internacional la desigualdad educativa no cesa, ni la reconquista, ni las dudosas invenciones nacionalistas, ni siquiera fragmentaciones como las de algunos círculos políticos, debieran distraernos de esta brecha creciente.
El reto de la igualdad continúa vivo. Ahí están los informes de Save the Children señalando la posición débil de España en la atención a los niños en riesgo de exclusión. O el de Oxfam-Intermón respecto al reparto de recursos en los últimos años. El crónico diferencial de renta que puede haber –dentro de una misma ciudad- entre unos y otros barrios se ha agudizado. No solo en condiciones de alimentación, consumo y sanidad, sino también en cuanto a capital cultural, educación, y la propia esperanza de vida, con once años de distancia.
La ocultación
Históricamente, la pobreza ha tenido muchos modos de ser mirada, paliada o soslayada. Ha habido incluso muchas formas de negarla. Tantos o más que los que ha tenido para ser tolerada, prohibida y utilizada. De todos esos hábitos se ha nutrido su atención o desatención mediante el evergetismo, la caridad, la beneficencia y filantropía, el Estado social y el Estado de Bienestar en su corto periplo –desde 1945 hasta hoy–, en que fundaciones y ONGs diversas tratan de paliar con eclécticas invocaciones de variado rigor moral e incluso religioso los agujeros que, desde noviembre de 1989, se han infligido a la cobertura social. En todo caso, el afianzamiento de la igualdad de todos los ciudadanos –pregonado en 1789– nunca ha estado tras estas iniciativas. Notorio es, como señaló Caro Baroja, el utilitarismo que han tenido y siguen teniendo las atenciones a la pobreza, sea cual sea el concepto que las pretexte. Entre el siglo IV y el XVIII, predominó el logro de la felicidad eterna; hoy, cuando las empresas hacen gala de perfil “social”, siempre muestran su presunta bondad para que compremos. El problema es que, de raíz, el de la educación es un derecho fundamental, primordial para que todos los ciudadanos puedan desarrollar sus capacidades, y no debe ser usado como instrumento diferenciador; y menos, mediante el uso de bienes del erario público.
“Lo social”
Pese a ello, las distinciones entre partidos políticos suelen sustentarse en torno a lo “social” –la parte de atención que corresponde a los segmentos sociales menos favorecidos–, con notoria variabilidad en sus programas educativos. Todos parten de la máxima evangélica: “siempre tendréis a los pobres con vosotros” (Juan, 12: 8), pero unos u otros presupuestos generales del Estado (PGE) se distinguen por la atención social mientras las partidas sustantivas son intocables. Las variaciones, más notorias desde 2008, han incluido, además, desatenciones explícitas, recortes, privatizaciones y más inclusión de intereses privados dentro del espacio común.
Revertir tiempos y atenciones perdidas en estos años, si se pretende, ha de tener presente que la brecha social ha crecido y sus actores están posicionados más asimétricamente. Al revés de lo que suele suceder en la valoración, el supuesto despegue en que hayamos entrado –cuantificada en torno a los grandes números del PIB– oculta la micro óptica de los excluidos y desempleados, recortados en sus derechos y libertades.
La ambigüedad
La distinción entre los más “sociales” de nuestros políticos y los más “neoliberales” reside en lo cerca o lejos que les caigan los pobres. Esta denominación nunca suelen usarla ni unos ni otros: en pura ambivalencia semántica, contar esto sería “populismo”demagógico. Consagrada está, en cambio, una gramática de la ambigüedad calculada para no mancharse, que se propaga opportune et importune. Y así, el adjetivo “radical”,por ejemplo, sirve para calificar lo aborrecible por incómodo. Ahora, en el lenguaje hegemónico -displicente y edulcorado-, radicales serían quienes pidan claridad a la Iglesia en la ocultación de la pederastia de aproximadamente un 2% de clérigos –un problema no solo eclesiástico, que, según Save the Children, ha sufrido entre el 10 y el 20% de la población en su infancia. O quienes reclaman que esos ojos eclesiásticos que no quieren ver clarifiquen su posición respecto al posible traslado de los restos de Franco.
¡Menuda historia a lo divino! Más terrenalmente, la apuesta por la ambigüedad persiste también en educación, ese sensor formidable de lo que pasa y de lo que pesa para que no cambie casi nada. Pronto entrará en el Congreso el Anteproyecto de Reforma de la LOMCE, que, tal como parece ir, dudosamente recoge los compromisos que los opositores a esta ley orgánica –el PSOE entre ellos– habían trenzado en 2013. Si este proyecto de ahora se lee desde la óptica de la pobreza/riqueza, no es mucho lo que pretende reformar. Deja teóricamente más equilibrados de nuevo los dos ingredientes del “pacto” que supuso el artículo 27CE.1: la libertad y la universalidad, pero al no atar en corto la inversión económica ni los demás apartados de este artículo, el fortalecimiento práctico de lo segundo vuelve a quedar frágil y, con el, la anhelada igualdad. Y aun así, este destejer de ahora no parará los proyectos de los aguirristas y compañeros de faenas, cuyas falsedades ya denuncia Martínez Seijo.
Los examinadores de la OCDE ya dijeron en 1986, cuatro añosantes de que fuera aprobada la LOGSE: “Es posible que los niños de las escuelas privadas, fuertemente subvencionadas por el Estado”, tengan más recursos que los alumnos de la pública. ¿Es que, después de 33 años, todavía no los hay para una igualdad real de todos los niños y niñas españoles? ¿Qué impide que –como antes de 1978– para un 40% una cosa sea ir a la escuela y otra estudiar? Como si siempre hubiera algún imperativo inexplicado, en la España de 2019 vuelve a no ser el momento oportuno para que en nuestro sistema sea posible a todos los ciudadanos superar la mera escolarización. “Sin educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos –aseguran desde la ONU–, no se lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de personas”. La cuestión, por tanto, es si esta reforma que ahora se proyecta en España es una apuesta seria por la escuela pública –la “social”- o si es tan timorata que vaya a dejar casi intactos los mecanismos para acelerar su privatización a la primera de cambio. Todo inclina a pensar que el reformismo que pronto se debatirá en el Congreso solo aspire a restaurar la LOE, de 2006, pero sin volver siquiera a las exigencias que planteaba la LODE en 1985. En Galicia, ante situaciones similares, suele decirse «¡Pobres dos pobres!».
Manuel Menor
