El mes pasado cambié las ruedas del coche.  Más de 400 euros. Me pareció carísimo, porque además me habrían venido muy bien para comprarme un lavavajillas, y acabar con la incómoda molestia de fregar pilas de cacharros. Era una cuestión de prioridades. De arreglar el tejado de la casa indivisa que comparto con mis hermanas en el pueblo, la casa  en la que nací, ni hablamos. Es un lujo que como la mayor parte de la población, no me puedo permitir, especialmente ahora que como consecuencia de la crisis me han bajado el sueldo, mientras pago el mismo alquiler, y me han subido la luz, el agua, la gasolina, y hasta las matrículas de la universidad para mis hijas, por no mencionar la hipoteca de la casa cuya propiedad aun comparto con mi ex, y con la Caja. En mi ciudad conozco muchos casos como el mío. Pero la mayoría soportan una situación mucho peor, sobre todo si son uno de los 125.000 parados  extremeños que enumera la encuesta de Población Activa (EPA) recién publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son cuentas domésticas que cualquiera entiende.  Cualquiera menos ciertos políticos.

El número de parados registrados en Extremadura ha subido en 6.200 personas en el primer trimestre de este  año, un 5,21 por ciento más que el  anterior, y en España ya tenemos casi cinco millones de parados oficialmente reconocidos. 

Los gobernantes españoles, después de privatizar todas las empresas públicas rentables, y concesionar lo mayor parte de los servicios públicos, han desmantelado el “Estado de bienestar”, pisoteando los derechos de los trabajadores. Nos han congelado las pensiones, recortado el sueldo, aumentado la edad de jubilación y el número de años de cotización necesarios para cobrar el 100  % de la misma, han reventado la estabilidad en el empleo, y generalizado los contratos basura. Ahora quien acabar con la calidad de la sanidad pública, de la educación y del resto de los servicios aun públicos. Todo esto y más, con la única coartada de que no hay dinero. Y a pesar de ello se mantienen inamovibles en sus criterios de reparto del presupuesto.

A fecha de hoy, y mientras el número de nuevos pobres se engrosa por minutos, aun así, el dinero público, el dinero que cada contribuyente aporta a las distintas administraciones, se sigue gastando, entre otros “circos”, en potenciar el “parque temático” de las procesiones, en el sostenimiento y restauración del riquísimo patrimonio privado de la iglesia, en la exención a todas sus incalculables propiedades del pago de  los impuestos religiosamente “apoquinados” por el resto de los ciudadanos, en mantener a párrocos y a profesores de religión, y así euro a euro hasta 10.000 millones, que se escapan del presupuesto.

Pero no se crean ustedes que las autoridades conniventes se preocupan en disimular estas continuas situaciones de privilegio, materializadas en el trasiego de recursos públicos a la Iglesia católica, que en una sociedad igualitaria se considerarían delictivas, o cuando menos de prevaricación. En mi empobrecida tierra extremeña, donde el paro y la pobreza castigan con especial virulencia a la población, todavía presumen de su dadivosa gestión, y aun se pavonean sin pudor, en reportajes y en fotos, portando andas, y rezando a vírgenes  y a santos, mientras pisotean, de paso -¿qué más les da?- el más elemental principio de Igualdad y de Libertad de Conciencia.