La Iglesia y la unidad de España

 La doble identidad confesional y religiosa, propia de una sociedad y Estado católicos, exige que las leyes y ordenaciones políticas sean evaluadas por la Iglesia, ya que ésta tiene autoridad para legitimarlas o rechazarlas. En cuanto que el orden político es también confesional, no hay autonomía de éste respecto del religioso. Por otra parte, el Estado confesional está obligado a defender a la iglesia oficial y ésta a exigir que no se tolere el error, es decir, la difusión de doctrinas y valores incompatibles con sus doctrinas.En el orden político de un Estado secularizado y laico impera la estricta división de poderes, así como la autonomía del Estado y de la Iglesia, cada uno con sus propias competencias. En el orden político institucional la Iglesia no tiene ningún papel, ya que su lugar es la sociedad en la que juega un papel como institución y como comunidad. Si no está de acuerdo con algunas leyes puede luchar para cambiarlas por el mismo medio que el resto de los ciudadanos: el debate público, la argumentación, y la creación de un estado de opinión desde el que se pueda presionar al orden político y dentro de él al Estado. En cuanto que no somos súbditos sino ciudadanos todos podemos intervenir en los debates políticos e intentar influir en ellos, e indirectamente en el Estado y el Gobierno.Desde esta perspectiva el problema de la unidad de España, de las formas políticas que tiene que asumir el Estado y de la viabilidad o no de los nacionalismos tiene una doble dimensión. Por un parte, es un problema estrictamente político e institucional, en el que la Iglesia como institución no tiene por qué intervenir. El cristianismo es compatible con una España como la actual pero también con otro modelo, siempre que respete los derechos humanos y los valores democráticos. El bien moral no es una forma concreta de Estado que haya que defender contra todas las posibles alternativas, sino la democracia en sí misma (contra toda imposición sobre la voluntad popular). Cualquier forma de elección política que elijan los ciudadanos libremente es compatible con el catolicismo, como lo sería, en caso dado, la independencia de una comunidad española, si se lograra de forma pacífica, democrática y libre. El cristianismo no depende de las formas de Estado y es compatible con cualquier régimen político que asegure las libertades, incluido el de las mismas iglesias. El papel de la Iglesia no es velar por la unidad española y rechazar cualquier posible alternativa, ya que no hay un Estado confesional, sino defender la democracia, la participación libre de los ciudadanos y que cualquier decisión que se tome sea el resultado de un consenso libre, sin violencia y sin chantajes e imposiciones de ningún tipo. Lo que hay que defender desde una perspectiva eclesial no es un orden político dado, una forma de estructurar al Estado, sino el carácter democrático y la libre participación, sin coacciones, de todos los ciudadanos, que es la que asegura todos los derechos, incluido el de libertad de expresión y el de libertad religiosa.Naturalmente los ciudadanos católicos pueden y deben expresar su opinión sobre todos los problemas, obispos incluidos, y tener sus preferencias políticas por una forma del Estado. Pueden o no estar de acuerdo con una decisión política y procurar cambiarla. Pero no se puede confundir la opción política de cada uno, sea obispo o laico, y presentarla como la de la “Iglesia”, porque ésta no es la jerarquía sino la comunidad de todos los católicos, y éstos, a su vez, tienen pluralidad de opciones políticas. No hay una “opción política de la Iglesia” y cuando alguien confunde su propia opción política con la de la comunidad a la que representa, hay una politización de lo eclesial y una pretendida confesionalización del orden político, que nos retrotrae a lo que oficialmente está superado, el Estado confesional católico que concede a la Iglesia el derecho al control y supervisión del mismo orden político. Desgraciadamente esto es lo que pretenden algunos sectores del catolicismo actual y ésta es también una de las causas de que la Iglesia aparezca como una de las instituciones menos valoradas por amplios sectores de la sociedad española. Y es que mucha gente, también muchos católicos, no quieren volver a un orden político tutelado por eclesiásticos, porque éste pertenece al pasado.