Tres días antes del 1-O, la Permanente de la Conferencia Episcopal publicó una extraña nota, en la que llamaba al diálogo con una peculiar apelación a la salvaguarda de «los bienes comunes de siglos y los derechos propios de los diferentes pueblos que conforman el Estado». Esa nota había sido consensuada por los cardenales Ricardo Blázquez, Carlos Osoro y Juan José Omella, y fue firmada por otros 20 obispos, entre ellos el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. La nota fue aplaudida con entusiasmo por los de siempre: los obispos ya no esgrimían la unidad de España como bien moral y se postulaban por el diálogo entre iguales.
Pasó el 1 de octubre, la huelga general del día 3 y esa misma noche habló el Rey, en sentido absolutamente contrario a los obispos: ni apelación al diálogo ni pueblos que conforman el Estado. Sometimiento a la ley y al orden constitucional. Al día siguiente, Oriol Junqueras compareció en el palacio episcopal y se reunió con el cardenal Omella. El vicepresidente, siempre solícito y atento ante la jerarquía eclesial, impetró del prelado barcelonés una posible mediación que posibilitase una salida digna ante el avispero que, en aquellos momentos, tan sólo se intuía y que luego se ha confirmado sobradamente. El cardenal recogió el guante y movió las teclas para obtener el plácet romano. Pero la respuesta de la Santa Sede fue categórica: desaconsejaba expresamente cualquier mediación eclesial y ordenaba no inmiscuir a la Iglesia en una hipotética negociación.
El Papa prohibía la mediación de Omella. Pero esa no fue la única negativa vaticana: al lehendakari Urkullu, del mismo palo vaticanista que Junqueras, se le ocurrió la figura mediadora del arzobispo de Bolonia, Mateo Zuppi, que había estado presente en la entrega de las armas de ETA. El prelado italiano también solicitó la venia papal y obtuvo la misma rotunda negativa. Adiós a las pretensiones de mediación eclesial. Con ello, el Papa Francisco no sólo quería evitar conflictos diplomáticos, sino que reafirmaba su particular desagrado con respecto al proceso secesionista catalán. En su día dijo que había que tomarlo «con pinzas» y hacía poco que había efectuado un especial llamamiento a «no fragmentar Europa«. La realidad es que al Papa le enerva especialmente el carácter marcadamente insolidario del proceso catalán: ese afán de región rica que no quiere compartir con las pobres. Una óptica absolutamente alejada del pensamiento bergogliano.
Coetáneamente a las negativas romanas, se acordó el sábado 21 de octubre por el Gobierno la aplicación del artículo 155. Los días 23 y 24 siguientes se reunían los obispos catalanes en sesión ordinaria de la Conferencia Episcopal Tarraconense. Todo el mundo esperaba una nota de los obispos catalanes, similar a las que habían publicado en ocasiones anteriores. Llamamientos al diálogo y afirmación de la realidad nacional catalana. Sin embargo, ni hubo nota ni declaración alguna. Mutis absoluto. Se seguían al dedillo las instrucciones vaticanas.
A partir de entonces empezaron los obispos españoles a desdecirse de la peculiar nota de la Permanente. Ya no se apelaba al diálogo, ya no se hablaba de los diferentes pueblos del Estado; incluso algunos prelados firmantes pedían disculpas. El discurso del Rey, la negativa del Papa y el artículo 155, por orden cronológico, habían mutado su anterior predisposición. También en los obispos catalanes; hasta el punto de que el arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, se negaría a recibir a una representación de los 200 curas y laicos que firmaron a favor del proceso y la libertad de los presos.
Para redondear la jugada llegó la Escuela Cristiana. Aquella que había dejado sus centros para votar el 1-O. El Gobierno, en aplicación del artículo 155, designaba como director general de Centros Concertados y Privados de la Generalitat a Miquel Mateo García, hasta entonces secretario general adjunto de la Fundación de Escuelas Cristianas (FECC). El nombramiento por el Gobierno del secretario general adjunto de la FECC no resultó bien acogido por el mundillo independentista. En las redes sociales se le acusó de colaboracionista, de haber caído en una trampa centralista e incluso de haber traicionado el ideario de la Fundación. Algunos ilusos llegaron a emplazar a la FECC para que emitiese un comunicado desvinculándose del supuesto traidor. Y efectivamente, la FECC emitió un comunicado, pero en él no sólo no se desvinculaba del nombramiento, sino que felicitaba y mostraba su total respaldo y apoyo al nuevo director general.
Pero lo que sucede en la cúspide no se ha trasladado al clero más ultramontano. Ahí siguen las esteladas en las torres de los campanarios; ahí siguen los lazos amarillos y las pancartas de democracia en parroquias tan emblemáticas de Barcelona como la misma Sagrada Familia o la iglesia de Sant Andreu del Palomar. Ahí siguen prodigándose determinados párrocos en sus pasquines, como el rector de la parroquia principal de Hospitalet del Llobregat, Mn. Josep Maria Romaguera Bach, que pregonaba el adviento de tal guisa: «Me decía un amigo no hace muchos días que mientras tengamos presos políticos no podemos hacer vida normal. Es cierto. Después de todo lo que hemos vivido estos últimos meses nada es normal. […] No podemos olvidarnos de aquellas personas a las que una gran multitud ha empujado a dar la cara y que ha acabado en la prisión. No podemos olvidarnos tanto si los hemos votado como si no, porque no es ésta la manera de hacer frente a los conflictos sociales y políticos. No podemos aceptar como normal que haya habido palos para impedir un acto pacífico. […] No podemos aceptar como normal que se ignoren derechos humanos como los de libertad de expresión o de confrontación de proyectos políticos en libertad».
Eso en Hospitalet, la segunda ciudad de Cataluña, aquella que se negó a reconocer la república, con el porcentaje de participación menor en el 1-O. Y no hace falta reparar en Montserrat. Acudamos a Poblet con su nuevo abad, el padre Octavi Vila, aquel que, según contaba en estas páginas Cayetana Álvarez de Toledo, sin ningún preámbulo y a bocajarro, le preguntó impertinentemente al historiador John Elliott por el paralelismo entre 1640 y la situación actual. Ahí en Poblet, donde uno de sus monjes, Fray Lluís Solà, se despachaba tal cual sigue: «En estos días ominosos -todavía me dura el escalofrío después de escuchar al abogado Jaume Alonso-Cuevillas sobre la comparecencia de nuestros consellers en la Audiencia Nacional y su posterior traslado a prisión-, en estos días llenos de ignominia, he acostumbrado a rezar los salmos imprecatorios poniendo nombre y rostro a nuestros enemigos».
Días ominosos, enemigos, buenos y malos. La bendición clerical de los políticos encarcelados. La más inmisericorde fatwa respecto a quienes no comulgan con las mismas ideas. Y la orquesta no para de tocar: la última, una carta de 200 sacerdotes a los católicos españoles en la que les piden hacer «todo lo que esté a vuestro alcance, no sólo para su liberación inmediata (la de los consellers), sino también para la cancelación de las querellas judiciales presentadas». Obviamente resaltando el carácter de presos políticos.
Sí. Una parte del clero bendice el procés y es parte activa del mismo. No son los curas más jóvenes ni los más renovadores. No son los curas que tienen las iglesias llenas, sino las que las tienen vacías y en declive, pero junto a los religiosos y la Escuela Cristiana han sido sus cooperadores necesarios. Y ahora, que nos hallamos en tiempos de retractaciones, empezando por la jerarquía, no están dispuestos a apearse de un tren que ya ni saben a dónde lleva. Resultará que, al final, al procés sólo le quedarán los curas.
