«Se están constituyendo las comisiones bilaterales como se acordó en la visita al Vaticano y este año comenzarán los trabajos», dicen fuentes del Gobierno
La Iglesia espera que mueva ficha Moncloa, aunque los obispos españoles se han mostrado dispuestos a negociar la devolución de algunos inmuebles si se demuestra que tenían un propietario anterior o que no son litúrgicos
Los acuerdos Iglesia-Estado firmados hace hoy 40 años, que dan numerosos privilegios a la confesión católica, «se van a revisar», dice el Gobierno, aunque no precisan en qué puntos
Cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno en junio de 2018 tras una moción de censura, mandó un mensaje inequívoco a la Iglesia española. Fue el primer presidente de Gobierno de la democracia que prometió el cargo sin Biblia ni crucifijo. Además del gesto, en su programa electoral como candidato a secretario general del PSOE, Sánchez abogaba por la desaparición de los signos religiosos de las instituciones, el fin de la financiación de la Iglesia tal y como la conocemos y el adiós a la Religión en el currículo escolar.
La Conferencia Episcopal es consciente de estos planes, que se han ralentizado al tiempo que lo hacía su primera medida estrella: sacar a Franco del Valle de los Caídos. Para ello ha necesitado la complicidad de la Iglesia católica: para que salga el cadáver de la abadía de la Santa Cruz ha sido necesario que el Arzobispado mediara y aplacara al prior del Valle, dispuesto a defender los intereses de la familia Franco e impedir la exhumación.
Una vez conseguida esa concordia, ya que el cardenal Osoro, hombre de Francisco, ha declarado públicamente que su Iglesia no va a poner pegas, ambas instituciones se han encontrado un segundo escollo: que Franco puede acabar en las tumbas familiares de la catedral de Madrid. El gobierno ya ha revelado su plan para que esto no sea así: alegando problemas de orden público. Y la Iglesia, que ya anunció que no podía hacer nada por su parte,ha respirado aliviada.
Mientras se suceden todos estos escollos, que han acabado por retrasar medio año la salida del dictador del Valle de Cuelgamuros y poner en cola otros asuntos a tratar con la Iglesia, en la lista del Gobierno están pendientes algunas medidas para avanzar hacia un estado laico y para las que tiene que contar con la aquiescencia de los obispos.
Según la Constitución española, España es aconfesional: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». En la teoría, hay cooperación con todas (aunque cita expresamente la católica), pero el artículo puede dar lugar a interpretaciones políticas y permite estirarlo hacia el catolicismo o hacia el laicismo. Los gobiernos sucesivos de PP o PSOE han modulado esta cuerda según sus programas, pero ninguno ha abordado nunca los privilegios de la Iglesia.
Las inmatriculaciones
Sánchez sí mostró como candidato su intención de hacerlo y quiere abordar el espinoso tema de las inmatriculaciones tras los traspiés con la exhumación e inhumación de Franco, para la que ha tenido que estrechar el diálogo con los obispos. En la jerga administrativa, inmatricular es inscribir un bien inmueble por primera vez e incorporarlo al Registro Público de la Propiedad. La Iglesia encontró en esta acción, en connivencia con la dictadura franquista y más tarde con el Gobierno de Aznar, el instrumento para incrementar su patrimonio inmobiliario a base de cementerios, pisos, huertos, parroquias, catedrales y otro tipo de propiedades que hasta ese momento no estaban inscritas.
El primer Gobierno de José María Aznar aprobó un decreto en 1998 con el que extendió la posibilidad de que la Iglesia hiciera suyos mediante esta vía los lugares de culto, hasta entonces al margen de la norma. A partir de esa fecha, las diócesis comenzaron a inscribir a su nombre parroquias, ermitas e incluso catedrales o la misma Mezquita de Córdoba. Este precepto fue derogado mediante la reforma de la Ley Hipotecaria de 2015, cuando se puso fin a este privilegio tras décadas de inmatriculaciones –la mayoría desconocidas– y los recurrentes avisos de inconstitucionalidad de numerosos juristas.
El Gobierno podría reclamar cerca de 3.000 bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia durante el período 1998-2015, al considerar que se trata de «bienes de dominio público» y, por lo tanto, falsas inmatriculaciones. La cifra es estimativa, teniendo en cuenta los datos de la propia Conferencia Episcopal, que en su última Memoria de Actividades afirmaba que «3.168 bienes inmuebles de interés cultural pertenecen a la Iglesia». eldiario.es ha solicitado al Gobierno el listado, que ha sido elaborado por el Ministerio de Justicia, pero de momento la respuesta es que está en elaboración y no lo hará público, alegando que se lo dará al Grupo Socialista del Congreso, el partido que solicitó la lista.
Entre esos bienes figuran 22 de los 44 bienes culturales declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad en España, entre los que se encuentran varias catedrales, entre ellas la simbólica Mezquita de Córdoba.
«Se están constituyendo las comisiones bilaterales como se acordó en la visita al Vaticano (de la vicepresidenta Carmen Calvo al secretario de Estado Vaticano Pietro Parolin) y este año 2019 comenzarán los trabajos», confirman fuentes del Gobierno.
La «vía italiana»
La Iglesia contempla aceptar la llamada «vía italiana», que ya fue debatida durante la reunión de Calvo y Parolin, y en virtud de la cual la Iglesia aceptaría la devolución de algunos inmuebles inmatriculados en el período 1998-2015 si se demostrase que su uso no es litúrgico o que existía un propietario anterior. Es decir, ahora la carga de la prueba recaería sobre el Estado, que tendría que demostrar la legitimidad de la devolución.
En lo tocante a los templos religiosos reconocidos como bienes de interés público o Bienes Patrimonio de la Humanidad (catedrales, santuarios, etc…), Gobierno e Iglesia han apuntado la posibilidad de negociar un estatuto específico, antes de que se haga público el listado de bienes anunciado por Justicia.
El problema es que el enrevesado caso del cadáver de Franco ha puesto a prueba las relaciones, y nadie quiere pisar de más el acelerador. Si se despeja el futuro del cuerpo embalsamado del dictador, se podría avanzar en estos otros asuntos con más agilidad, ya que el Gobierno necesita de la colaboración de la Iglesia. En gran parte porque su posición prevalente viene recogida en unos acuerdos de carácter internacional: los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, una extensión de los pactos que la Iglesia española suscribió con el dictador Franco en 1953. El ‘Concordato’ del 79, aprobado después de la Constitución pero negociado a la par, otorgaba esa posición de privilegio.
El programa de Pedro Sánchez como candidato a la secretaría del PSOE establecía claramente que «es preciso proceder a la denuncia de los cuatro Acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede en 1979, que dieron continuidad al Concordato establecido en 1953 entre el Régimen franquista y la Santa Sede».
En ellos, entre otras cosas, se garantiza «la misión apostólica» de la Iglesia en «libre y público ejercicio». Los archivos de la iglesia son «inviolables» (también aunque contengan información relevante y civil), así como sus templos. También se establece la presencia de sacerdotes en hospitales, «sanatorios u orfanatos», «tanto públicos como privados», especifican los acuerdos, que consagran que la asignatura de Religión estará «en todos los centros de formación», entre muchas otras medidas de privilegio en la esfera pública frente a otras religiones. En cuanto al dinero, el estado «s e compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico» y en esos textos se recogen también los numerosos privilegios económicos y exenciones fiscales.
De momento, el Gobierno socialista ha abordado el tema de la Educación que, si sale adelante la reforma educativa, dejará la asignatura de Religión como una materia no obligatoria y que no contará para nota, uno de los puntos que más preocupaba a los obispos españoles y que centró la reunión entre Celaá y el secretario general de la Conferencia Espicopal. El representante de los obispos recordó a la ministra que el blindaje de la Religión es parte de los Acuerdos, pero el gobierno tiene previsto seguir adelante, aunque seguiría financiando con dinero público a los profesores de la asignatura, como ha confirmado la propia ministra.
De la financiación de la Iglesia, la rendición de cuentas por lo que recauda a través del IRPF o si se le quitarán exenciones fiscales como la del IBI no se sabe mucho más. Fuentes del Gobierno aseguran que los Acuerdos Iglesia-Estado «se van a revisar» pero no precisan en qué puntos o qué tiempos manejan. La diplomacia con el Vaticano es fundamental, ya que su posición está blindada por acuerdos estatales y solo con su connivencia se puede avanzar al Estado laico que vislumbraba Pedro Sánchez en su programa.
De hecho, tras la reunión Calvo-Parolin, y el nombramiento de la nueva embajadora ante la Santa Sede -María del Carmen Peña Corcuera, designada poco antes del encuentro-, está en el horizonte la idea de que Pedro Sánchez sea recibido por el Papa Francisco en Roma. El motivo oficial podría ser el 40 aniversario de los Acuerdos Iglesia-Estado (su firma se produjo el 3 de enero de 1979). De momento, fuentes de Moncloa no han respondido sobre si este encuentro está en la agenda del presidente de Gobierno.
