«La Iglesia no puede renunciar a su presencia en la escuela, porque es ahí donde se juega le hegemonía cultural. En este tema no caben componendas y el Gobierno, si sigue con su intención de marginar y desnaturalizar la clase de religión, nos tendrá enfrente como una piña y preparados para dar la batalla». El que así habla es un prelado del sector más progresista, uno de los pocos que sigue manteniendo contactos habituales y tendiendo puentes con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Y es que todos los obispos están profundamente convencidos de que, como dice el vicepresidente de la Conferencia episcopal, Fernando Sebastián, el Estado no puede imponer una «escuela laica para todos. La escuela pública tiene que tener en cuenta y reflejar la condición religiosa de la sociedad y de los ciudadanos».
Para no perder su presencia en las aulas, la Iglesia ha diseñado una doble estrategia. Por un lado, «salir a la calle», como decía recientemente el secretario del Episcopado, padre Juan Antonio Martínez Camino. Y, por el otro, y si éste falla, acudir al Tribunal Supremo, como ya hizo en 1995.
La primera fase de la conquista de la calle por parte de los católicos pasa por «despertar» a las adormecidas bases laicales. Para eso, en un primer momento, los obispos le han concedido todo el protagonismo a la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), en estrecha colaboración con la Plataforma Nacional contra el Acoso de la Asignatura de Religión. El objetivo de estas asociaciones es conseguir el mayor número de firmas posibles, para enviárselas al presidente del Gobierno.
Pero, como dice Ana María Roig, delegada de Enseñanza del obispado de Segorbe-Castellón, «si la Iglesia no reaccionase rápidamente, su voz se quedaría sin oír».
Por eso, ante la lentitud de la movilización de los padres, los obispos decidieron implicar directamente en la campaña a sus 35.000 profesores de religión de la escuela pública, concertada y privada, así como a sus 20.000 sacerdotes.
Este fin de semana se empiezan a recoger firmas a las puertas de las iglesias en muchas diócesis españolas. Concretamente, en Madrid, Castellón, Murcia o Granada. En otras, como Oviedo y Valencia, ya llevan una semana haciéndolo.
Los curas van a echar el resto y, de hecho, tienen órdenes directas de «concienciar a sus fieles para que, a las salidas de misa, firmen los impresos ya redactados a favor de la clase de religión».
La mayoría de los sacerdotes va a seguir a sus pastores en esto. Menos los pocos progresistas que quedan.
Los profesores de religión, por su parte, también se están implicando a fondo. La mayoría, porque, en el fondo, está defendiendo su pan. Si la asignatura deja de ser evaluable, sin alternativa y confinada a comienzos o finales del día, temen perder su clientela y, por lo tanto, su puesto de trabajo. Otros, porque comulgan con la jerarquía y saben lo que la Iglesia se juega en el invite. Y otros muchos, porque no tiene más remedio.
De hecho, ayer mismo, Comisiones Obreras denunciaba al secretario de Enseñanza de la diócesis de Alcalá, Juan Carlos Burgos, por haber coaccionado «con represalias de aislamiento físico y moral hacia los docentes que se manifiesten en contra de la campaña de recogida de firmas». No es un caso aislado, y los docentes saben que los paga el Estado, pero los contratan los obispos.
La movilización de las bases eclesiales podría desembocar en manifestaciones en algunas de las diócesis (el obispo de Castellón ya anunció una en su diócesis, sin fecha definitiva), asi como una conjunta y que se pretende multitudinaria, en Madrid. Siempre que los católicos respondan masivamente y no dejen a los obispos solos con la pancarta.
Junto a la presión en la calle, el Episcopado está pensando en llevar al Gobierno socialista a los tribunales, como ya hizo en 1995.
En aquel entonces, 20 diócesis (entre ellas Madrid, Pamplona, Santiago, Sevilla, Tarragona, Valencia o Zaragoza) presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo contra el «decreto Suárez Pertierra», que eliminaba la alternativa a la Religión.
Y, en su sentencia del 14 de abril de 1998, el Alto Tribunal daba la razón a la Iglesia y obligaba, entre otras cosas, a que la alternativa a la Religión fuese una asignatura «con el mismo rango».
Los obispos están absolutamente convencidos de que si ya ganaron una vez la batalla legal, podrán ganarla de nuevo. Y amenazan con repetirla, siempre que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no dé su brazo a torcer. La lucha de la cruz y la rosa sigue en todo lo alto.
