Propiedades a nombre de fundaciones católicas exentas de impuestos albergan restaurantes, bancos o clínicas de estética
Desde que en 1979 se firmase un acuerdo con la Santa Sede, la Conferencia Episcopal está exenta de pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de todas sus propiedades, que no siempre son templos o conventos. De hecho, en la ciudad de Valencia la Iglesia cuenta con más de 1.280 propiedades, de las cuáles solo el 18 % están relacionadas con el culto. El resto, la mayoría, son viviendas, aparcamientos, bajos comerciales u otros inmuebles por los cuales las entidades católicas no solo no pagan esta tasa, sino que en algunos casos extraen beneficios gracias al régimen de alquiler.
Así se desprende del trabajo realizado por la plataforma Europa Laica, cuyos miembros llevan desde el pasado mes de junio cotejando los datos facilitados por el Ayuntamiento de Valencia en 2012 donde se detallaban las propiedades exentas de IBI con el registro catastral. Una por una, los integrantes de este observatorio han analizado la localización y el uso de estas propiedades, acudiendo al lugar y llamando a la puerta para contrastar su actividad. Para sorpresa de ellos, se han encontrado con restaurantes de kebab, boutiques de ropa, librerías, asesorías, sedes de entidades bancarias, relojerías, hostales, concesionarios de coches o incluso clínicas de tratamientos estéticos.
En este sentido, la entidad estima que la Conferencia Episcopal viola algunas cláusulas del acuerdo de 1979 al lucrarse gracias a la explotación de los inmuebles exentos de IBI. En 2012, el alquiler de locales reportó a la Iglesia más de 15 millones de euros al año solo en Valencia. «Aunque no lo hemos podido analizar todo todavía, la mayoría de esos locales, viviendas y aparcamientos están alquilados», explicó a Levante-EMV Guillermo González. De hecho, los datos que ahora maneja este colectivo corresponde justo a la mitad de los distritos de la capital.
En el ámbito político, Compromís pidió en 2012 que la Iglesia pagara por sus inmuebles, fueran de culto o no (un total de 440). Solo con estas exenciones, el ayuntamiento deja de ingresar cada año cerca de 800.000 euros. A ellos habría que sumar las más de 1.040 fundaciones que tampoco pagan IBI, el 80 % de las cuales son católicas y en las que se albergan negocios y empresas ya mencionadas. Unos dos millones al año.
Según Europa Laica, las más de 1.200 propiedades de la Iglesia en el cap i casal no sólo no abonan el IBI, sino que tampoco lo hacen con otros impuestos derivados de sus actividades u obras (el IVA sí que lo pagan desde una modificación a finales de los años 90). «Resulta muy complicado establecer una cifra, pero cerca de 16 millones de euros han dejado de ingresarse en los últimos cuatro años en la ciudad», indicó González.
Sentencia de Ourense
Por otra parte, la vía política para reclamar estas tasas ha topado con la judicial. Con la llegada de la crisis, muchos ayuntamientos decidieron comenzar a cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, como el de Ourense. Se toparon con la oposición de la Iglesia, quien recurrió al Tribunal Constitucional. El alto tribunal sentenció a favor de la Conferencia Episcopal en virtud del acuerdo establecido con el estado en 1979. «Con esta sentencia poco podemos hacer», lamentó ayer Joan Ribó, portavoz de Compromís en el consistorio que en 2012 pidió en una moción en el pleno municipal la relación de propiedades de la Iglesia.
Además, la plataforma Europa Laica ha detectado en el caso de Valencia más inmuebles de los que aparecían en un principio en esta lista facilitada por la administración de Rita Barberá. «Puede tratarse de matriculaciones nuevas, como en el caso de la mezquita de Córdoba que el Obispado registró por primera vez en 2006 o simplemente propiedades que no se han declarado», indicó González, quien ha coordinado la mayor parte del trabajo de campo de la plataforma. En total, son cerca de 40 las posesiones detectadas hasta ahora que también pertenecen a alguna fundación católica.
A nivel estatal, la plataforma estima que la Iglesia deja de pagar cada año 2.500 millones de euros en impuestos totales (IBI, sociedades, IRPF y obras).
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