En declaraciones a la cadena Cope, el presidente de la comisión de enseñanza del Episcopado trató, sin embargo, de quitar hierro a las declaraciones del Consejo Escolar. Primero, porque se trata de un «órgano meramente consultivo y nada más». Y segundo, porque los obispos esperan que sus recomendaciones se queden en eso.Entre otras cosas, porque creen que les asiste la razón y, lo que es más importante en caso de conflicto, el Derecho. Como señala monseñor Cañizares: «Espero que el Gobierno se atenga a la legislación vigente y sea fiel a las exigencias del Derecho».Y enumeró los Derechos Humanos, los pactos internacionales suscritos por España de defensa de dichos derechos y los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979.
Porque, como advertía en rueda de prensa de presentación de la revista Signo el director de la comisión episcopal de Apostolado Seglar, Antonio Cartagena, «decir que hay que romper los Acuerdos es pasarse bastantes pueblos». Eso, como subrayaba el primado de Toledo, «sólo puede decirlo el Tribunal Constitucional».
En Añastro también se barajaba ayer la hipótesis de que el órdago del Consejo Escolar respondiese a una estrategia preconcebida, para que el Gobierno pase por bueno aún marginando, que no eliminando, la clase de Religión de la escuela pública. Cañizares, tras decir que no entraba en valorar «intenciones», señaló que «no debería caber esa estrategia de amagar en un sitio para después quedarse más cortos».
En cualquier caso, el arzobispo de Toledo deseaba que el pronunciamiento del Consejo Escolar «no debería tener mayores consecuencias», al tiempo que mostraba su agradecimiento «al 80% de los padres que eligen Religión para sus hijos y a los tres millones doscientas mil personas que firmaron para que se reconozcan sus derechos».
Desde hace algún tiempo, la Iglesia subraya sobre todo el argumento de que la clase de Religión es un derecho que tienen los padres.Un derecho refrendado en un referéndum anual a la hora de inscribir a sus hijos en la citada asignatura. Pero los obispos saben, aunque no quieren abusar de este otro argumento, que la «razón jurídica» también está de su parte. A no ser que el Tribunal Constitucional declare anticonstitucionales los Acuerdos firmados entre el Estado y la Santa Sede en 1979 y el Gobierno los rompa.
