La Conferencia Episcopal se plantea pagar con sus propios fondos a quienes sufrieron abusos sexuales de sacerdotes y religiosos
Sin embargo, se niega a crear una comisión especial para investigar casos de pederastia pasados
Sí a las compensaciones económicas, no a la apertura de archivos del pasado. Los obispos españoles quieren seguir los pasos de sus colegas franceses, y abrirán la puerta a que sea la propia Conferencia Episcopal la que financie, con fondos propios, las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales del clero. Pero siguen sin querer crear una comisión de investigación que aborde, de una manera global, los casos de abusos a menores en las últimas décadas.
Según ha podido saber eldiario.es, la próxima Asamblea Plenaria del Episcopado, que tendrá lugar del 18 al 22 de noviembre, debatirá el impacto de la crisis de la pederastia en la Iglesia española, y los pasos a dar para “un modo común de proceder para todas las diócesis del Estado” para frenar esta lacra.
Un nuevo protocolo
Ello incluye, entre otras medidas, un nuevo protocolo de actuación ante los casos de abusos, que incluirá la obligación de poner en conocimiento de las autoridades cualquier información de posibles delitos contra menores y personas vulnerables, que ya fue aprobado, en borrador, por el Comité Ejecutivo del 7 de noviembre, y que tendrá que ser refrendado por la Plenaria antes de ser enviado a Roma para su aprobación definitiva.
En dicho borrador se garantiza “un modo de proceder unitario en todo el territorio, por cuanto contiene mecanismos jurídico-procesales obligatorios y vinculantes para todos los obispos diocesanos, y también, dentro de su propio ámbito y respecto de sus miembros, para los superiores mayores de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica clericales”.
Al tiempo, añade el borrador, “se reconoce el derecho (de las víctimas) a ser acogidos, escuchados y acompañados”, y se les ofrecerá “el correspondiente apoyo médico, psicológico y legal”, lo que incluirá la posibilidad de una indemnización, que podría salir de los fondos de la Conferencia Episcopal.
Los obispos están siguiendo los pasos de la Conferencia Episcopal francesa, que la semana pasada aprobó un plan para compensar económicamente a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, creando un fondo eclesiástico para los afectados. Los pagos reconocerán “el silencio, la negligencia, la indiferencia, la falta de reacción o las malas decisiones” que sufrieron las víctimas, tal y como anunció el arzobispo de Reims, Eric de Moulins-Beaufort. La Iglesia francesa pedirá donaciones para sufragar este fondo: el Estado no financia a la religión católica como sucede en España. Aunque no está claro que, de aprobarse, este dinero salga de la ‘X’ de la Renta.
Lo que seguirán sin hacer los obispos españoles es iniciar una investigación –independiente o eclesiástica– sobre los casos de abusos que se hayan podido producir en diócesis y congregaciones religiosas de nuestro país en las últimas décadas, y que podrían demostrar el encubrimiento sistemático de la pederastia clerical. Investigaciones que sí han comenzado a hacer algunas congregaciones religiosas, como jesuitas, maristas o salesianos.
La pasada semana, los obispos franceses presentaron un informe preliminar que mostraba cómo, sólo en cinco meses, se habían recibido 2.800 denuncias de posibles víctimas que, en el momento de sufrir los abusos, la mayor parte de las veces a manos de un cura, eran menores de edad. Más de un tercio apenas había cumplido los diez años. En España, la postura oficial de los obispos es la que plasmó, hace unos meses, su presidente, el cardenal Blázquez: “La Conferencia Episcopal como tal no tiene potestad para obligar a las diócesis a que investiguen los casos de pederastia. Cada diócesis hará lo que estime oportuno”, apuntaba, en una respuesta oficiosa -la oficial nunca se dio- a la petición del Ministerio de Justicia de conocer los casos que habían llegado a las oficinas episcopales.
Y todo ello, sin contar con las víctimas de abusos.”Nadie quiere investigar hasta el fondo para esclarecer lo que sucedió. O investigamos las víctimas, o presionamos las víctimas, o estos casos no salen a la luz”, aseguraba en una reciente entrevista en Religión Digital, Miguel Ángel Hurtado, víctima de abusos en Montserrat y miembro de la asociación Infancia Robada. Hurtado recordaba entonces a los obispos que España es una anomalía en este sentido: “Se ha hecho en Norteamérica, en Bélgica, en Holanda, en Alemania… hasta en Polonia”.
¿Y si no hubiera archivos, como adujo el portavoz Luis Argüello? “Si esto ha pasado, el Vaticano tiene que mandar una delegación para investigarlo. Porque, según el código de Derecho Canónico, cuando hay una denuncia de abuso sexual cometida por un religioso, se tiene que abrir una investigación canónica que se tiene que documentar, se tiene que guardar en los archivos secretos y se tiene que mandar copia al Vaticano. Por lo tanto, si la Iglesia católica, de forma sistemática y generalizada, se ha pasado por el arco de triunfo el código de Derecho Canónico, el Vaticano algo tendrá que decir”, recordó Hurtado.
“Dicen que no guardan documentación. Eso es difícil de creer. Pero imaginemos que en todos los países del mundo hay documentos, y en España los han destruido. Pues busca, genera una comisión, dale un presupuesto y haz una campaña de sensibilización y de concienciación pidiéndole a todas las víctimas que se pongan en contacto contigo”, propone Hurtado. ¿Por qué no se hace? “Porque (los obispos españoles) saben los esqueletos que tienen en el armario. O los pederastas que tienen en el armario”.
