La Conferencia Episcopal guarda silencio y las diócesis o callan o justifican su privilegio fiscal incluso para inmuebles con los que hacen negocio
Francisco afirmó que sólo estaba justificada la exención para inmuebles dedicados al «culto o al «bien común»
El Ayuntamiento de Valencia, decidido a cobrar hasta dos millones, pone el foco en los inmuebles universitarios y hospitalarios lucrativos
Roma locuta, causa finita, dice la expresión latina. Traducción aproximada: Roma ha hablado, caso cerrado. Si se pronuncia el Santo Padre, se acabó. No se discute al Vaticano desde las provincias. Al fin y al cabo, la Iglesia es una institución teocrática radicalmente verticalizada en cuya cabeza está el papa, obispo de Roma, «Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia universal en la tierra», con potestad «suprema, plena, inmediata y universal», como dice el propio Derecho canónico.
Y, sin embargo, esta vez Roma habló y el caso sigue abierto.
La Iglesia debe pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) «por todo lo que no sea culto o bien común», afirmó en Salvados Jorge Mario Bergoglio, papa Francisco. Las declaraciones eran una bomba para las cuentas de la Iglesia en España, porque supondrían la supresión de un privilegio con el que las entidades eclesiales desarrollan su negocio de alquiler inmobiliario sin pagar el IBI.
La aplicación de la idea del papa implicaría que las entidades de la Iglesia pagaran por inmuebles que abarcan desde unos aparcamientos en Almería y Lugo hasta un hotel en la Costa Brava, pasando por un Uterqüe –tienda de gama alta de Inditex– frente a El Corte Inglés de Princesa en Madrid. Tal y como está formulada la propuesta del papa, podrían perder la exención las viviendas de sus más de 18.000 sacerdotes, por ejemplo el polémico piso de alto standing donde reside en el centro de Madrid monseñor Antonio María Rouco Varela.
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