València Laica explica hoy en unas jornadas los privilegios eclesiásticos de 1979 que la exoneran del pago
Los pactos Iglesia-Estado que amparan privilegios eclesiáticos en pleno siglo XXI están blindados. Para bordar unos acuerdos con la Santa Sede que datan de 1979 y suponen, entre otras cosas, la exención de impuestos, València Laica ha organizado unas jornadas que se celebran esta tarde (jueves 21 de octubre, a las 19 horas) en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Información. «El acuerdo persiste porque lo permite el Gobierno, éste también, aunque sea el ‘más progresista de la historia’. De hecho, tras el blanqueamiento que han hecho con el tema de las inmatriculaciones ya sabemos que no habrá cambios en unos acuerdos que, aunque se firmaron en 1979, son una continuidad de los firmados por el franquismo muchos años antes. Los privilegios perduran y lo vamos a explicar en estas jornadas», explica la Coordinadora de Valencia laica, Raquel Ortiz.
Ortiz recalca que los privilegios eclesiásticos no son baladí. El Ayuntamiento de València ha intentado, sin éxito, cobrarle a la Iglesia el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). De poder hacerlo, supondría un ingreso anual de 5 millones de euros, según fuentes de València Laica. A nivel estatal, esta cifra aumenta hasta los 600 millones de euros al año. Sin embargo, no hay manera de que los ayuntamientos giren recibos por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a pesar de una sentencia europea que data de 2017, y que suponía una brecha en el acuerdo español al entender que algunas exenciones fiscales a la Iglesia católica debían estar prohibidas si las propiedades eclesiásticas se dedicaban a actividades económicas y se sacaba un rendimiento con ellas ya que suponían «competencia desleal».
Y ni con esas. El Ayuntamiento de València comenzó a girar recibos por el IBI y la Iglesia alegó que está exenta del pago de este impuesto incluso en los edificios donde existe una actividad lucrativa ya que el dinero que recauda «sirve para mantener la actividad religiosa y social». Así, en virtud de la Ley de Mecenazgo, ningún inmueble propiedad de la Iglesia estaría sujeto a tributación alguna a pesar de los beneficios obtenidos por su alquiler o por la explotación comercial directa.
Sin embrago, el ayuntamiento que lidera Joan Ribó -que ya aprobó en el pleno una moción para que se modifique la Ley de Mecenazgo en el Parlamento- sigue buscando la fórmula para que la Iglesia pague el IBI. Por ello, el concejal de Hacienda Borja Sanjuán aseguró el mes pasado que el departamento de gestión tributaria catastral está analizando cuáles son los casos concretos en València para poder aplicar la jurisprudencia de una sentencia de la Audiencia de Barcelona en la que se dice que la institución eclesial cuando alquila a un tercero que obtiene beneficios por la actividad allí realizada, «no está actuando como una organización benéfica ni religiosa».
«Existe una pelea jurídica para que los ayuntamientos puedan cobrar el IBI pero al final se trata de voluntad política, de ver los resquicios legales para poder hacerlo. Los acuerdos de 1979 son un blindaje», explica el presidente de Europa Laica, Juanjo Picó.
