La Iglesia cree que la crisis sumará manifestantes contra el aborto

Los obispos no irán a la marcha del 17, pero esperan torcer el brazo del Gobierno

Los obispos tienen un sueño: que el orbe cristiano centre su atención el próximo sábado en la manifestación por las calles de Madrid contra la ley del aborto impulsada por el Gobierno socialista. Será la mirada del mundo sobre la larga lucha del catolicismo español contra el supuesto efecto Zapatero en la viña devastada por los jabalíes del laicismo que es la vieja Europa. Es lo que cree Benedicto XVI. Desde hace cuatro años, España es en el Vaticano "el problema número uno entre los países occidentales". Está escrito en la revista de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ecclesia, en noviembre de 2005. Todo el episcopado está movilizado para convencer a sus fieles de que acudan a esa marcha. Ha sido convocada en defensa de la vida, de la mujer y de la maternidad, pero aspira también a parar los pies a un Gobierno del que dicen pestes por otros asuntos.

Un centenar de asociaciones católicas en 30 países están ayudando a los organizadores españoles a hacer realidad otro sueño: convertirse en la más exitosa de las movilizaciones en democracia. Estos son sus cálculos: dos millones de personas. Cuentan con una ayuda evidente: que la manifestación canalice el descontento general con el Ejecutivo por la gestión de la crisis económica y social.

Los obispos apoyan pero no estarán en la manifestación. Al menos, no el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco, también presidente de la Conferencia Episcopal. Rouco anunció su decisión en Salamanca, donde presidió la apertura de curso de la Universidad Pontificia en esa ciudad. Tampoco estarán otros prelados relevantes, como los cardenales de Sevilla, Carlos Amigo, y de Barcelona, Lluis Martínez Sistach, y el arzobispo de Valencia, Carlos Osoro.

Sin embargo, todos han escrito apasionadas pastorales animando a sus fieles a movilizarse, con la esperanza de torcer la voluntad del Ejecutivo o del legislador si finalmente la manifestación tuviese dimensiones colosales. Rouco no tiene "esperanzas humanas" de que el proyecto de ley no vaya a ser aprobado por las Cortes, pero no pierde la "esperanza teologal". Dijo en Salamanca: "La historia es larga. El futuro de una sociedad, de un pueblo, no lo dominan los hombres. Lo que se legisla hoy puede cambiar un capítulo de la historia anterior más tarde".

"Las cosas que yo os he susurrado en secreto, gritadlas desde las azoteas", aconsejó el fundador cristiano según el apóstol Mateo. Los obispos asumen con entusiasmo la recomendación. La inmensa mayoría no viajará a Madrid el día 17, pero han dejado sobre la convocatoria el peso de su presencia, por escrito, con gruesos calificativos. "Matanza de hijos", "asesinatos legales", "liquidación de vidas humanas", son algunos de los términos empleados. El resumen queda reflejado en esta frase del portavoz de la CEE, el jesuita Juan Antonio Martínez Camino. Sostiene: "Una sociedad que es inmisericorde con sus hijos no puede ser solidaria con los hijos de los otros; si se pierden las entrañas de justicia y solidaridad y se piensa que se puede matar a los propios hijos se introduce un germen de insolidaridad que contamina el cuerpo social".

Los organizadores ya han repartido 300.000 dípticos y 100.000 grandes carteles, además de 22.000 camisetas. También han contratado miles de autobuses, y trenes y aviones especiales desde algunas capitales de provincia. Además, tienen a punto las pantallas gigantes con que animarán el recorrido de la marcha, entre la Puerta del Sol y la Puerta de Alcalá.

¿Quién leerá el manifiesto bajo la Puerta de Alcalá? Es secreto. Tampoco se sabe si el Papa se dirigirá a los manifestantes por videoconferencia, como hizo en las navidades de 2007 y 2008 en una plaza de Colón abarrotada con la disculpa de defender la familia cristiana. En realidad, su ánimo fue el de combatir con ahínco al Gobierno Zapatero.

Entonces, eran varios los conflictos entre el Ejecutivo socialista y la Iglesia romana en España: la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, ahora en el limbo; la asignatura Educación para la Ciudadanía y la llamada ley de la Memoria Histórica. Pero no eran asuntos de choque especial. El propio Rouco lo dijo aquellos días. "La palabra choque es muy dramática. Hay puntos de vista divergentes, pero la respuesta de la Iglesia es de diálogo", explicó.

Fruto de aquella etapa fue la solución del enquistado sistema de financiación de la Iglesia católica a cargo del presupuesto del Estado, pendiente de solución definitiva desde 1988. El acuerdo no pudo ser más beneficioso para los obispos. El Gobierno les incrementó un 34% las aportaciones que los fieles adjudican a su religión mediante el IRPF y, además, canceló el solemne compromiso episcopal de alcanzar un día su autofinanciación.

Resuelto el problema de la pitanza, algunos maledicentes apuntan a que no hay nada que frene ahora el tono de las protestas contra Zapatero. En realidad, la regulación del aborto es uno de los asuntos "inaceptables" para la jerarquía. Lo fue también la legalización en 2005 de la unión de personas del mismo sexo con el nombre de matrimonio. Los obispos replicaron que se enfrentaban a "una situación única en la historia de la humanidad".

Ni las catacumbas con Nerón, ni la Revolución Francesa, ni la pérdida de los Estados Pontificios. El matrimonio homosexual. "En sus 2.000 años, la Iglesia católica nunca se encontró con nada parecido", sentenció el portavoz de la CEE para justificar la presencia de Rouco y de otros muchos obispos en la manifestación de entonces.

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