En la ofensiva extraparlamentaria de la derecha que encabeza el PP en los últimos meses contra el Gobierno Zapatero, la Iglesia católica juega un papel fundamental.
Es uno de sus elementos vertebradotes centrales desde los púlpitos de las parroquias y las aulas de los colegios religiosos, en muchos casos concertados y subvencionados con fondos públicos. El nacional-catolicismo ha vuelto a ser la argamasa ideológica de la ofensiva de la derecha contra las reformas democráticas que impulsa el Gobierno Zapatero desde la mayoría de izquierdas parlamentaria.
Si el PP como tal ha encabezado las manifestaciones por la “unidad de España” contra las reformas de los estatutos de autonomía, la Iglesia ha sido la convocante más visible en la manifestación contra los derechos de los gays y lesbianas, que encabezaron el cardenal Rouco Varela y veinte obispos más. La Iglesia Católica ha estado también al frente de las manifestaciones y protestas contra la LOE, exigiendo un trato preferencial para la educación religiosa frente a un modelo progresista de escuela pública y laica. Este mismo mes de noviembre seis obispos encabezaron una marcha de 400.000 personas en Madrid para pedir más dinero para los colegios católicos y que la enseñanza de la religión en las escuelas sea obligatoria y puntúe en las notas de quienes opten por ella.
Una cuestión democrática pendiente
La completa separación del estado y la Iglesia Católica sigue siendo una cuestión democrática pendiente. De hecho, el Concordato de 1979 que regula las relaciones entre la Iglesia y el estado fue firmado seis días antes de que entrase en vigor la Constitución española de 1978. La Iglesia Católica actuó entonces como un auténtico poder fáctico que, como ha recordado estos días la Conferencia Episcopal, presionó y obtuvo que la actual Constitución no sea laica, sino meramente “aconfesional” y que prevea un tratamiento especial por parte del estado a la Iglesia Católica.
Este tratamiento “especial” frente a otras confesiones se traduce, entre otras ventajas, en un régimen de financiación que no tiene similar en la Unión Europea. No solo se excluye a la Iglesia de pagar impuestos como el IVA, el IRPF o la contribución urbana de sus múltiples posesiones inmobiliarias, sino que se introdujo un mecanismo de financiación en la declaración del IRPF, con una casilla específica por la que los católicos pueden destinar el 0,52%.
A pesar de que la fase transitoria hacia la “autofinanciación” de la Iglesia por este sistema debía haber acabado en 1982, el hecho es que los 15.000 millones de las antiguas pesetas recaudadas por el mecanismo del IRPF son “complementadas” por el estado para pagar los salarios de curas y obispos hasta los 21.750 millones de pesetas. Y que además, hay que sumar otras ayudas, subvenciones y donaciones del estado, las autonomías y los ayuntamientos hasta los 586.000 millones de pesetas.
Todas estas ayudas, a pesar de todo, no son suficientes y algunos obispos buscan aumentar la casilla del IRPF hasta el 0,80% o asegurar por otros medios el actual volumen de ayudas, que la propia Unión Europea ha declarado ilegales e incompatibles con las normas comunitarias.
Una red clientelar que bloquea el desarrollo del estado del bienestar
Este apabullante papel de la Iglesia Católica en España hoy es consecuencia directa del franquismo. La Iglesia, con sus instituciones educativas y asistenciales, sustituyó el desarrollo de un estado de bienestar moderno en España y puso bajo su control servicios educativos, sanitarios y asistenciales condenándolos a prácticas oscurantistas que perduran hasta nuestros días.
Los colegios católicos concertados –pagados con fondos públicos- tiene más de 1,5 millones de alumnos y unos 81.000 profesores, además de 33.700 profesores de religión en los colegios públicos. Cuenta con seis universidades, 55 institutos universitarios de magisterio y enfermería, 11 colegios universitarios y 75 institutos superiores. La educación de las clases medias y altas está totalmente copada por la Iglesia.
En cuanto a la red sanitaria y asistencial, sigue siendo la más importante en el cuidado de la tercera edad, hospitales privados y ONGs como Caritas o Manos Unidas, que dependen directamente de la Conferencia Episcopal. Las ONGs católicas siguen recibiendo – a pesar del cambio de Gobierno- sustancialmente más fondos del estado que las ONGs laicas.
Los intereses creados por estas redes clientelares son en buena medida responsables de que el déficit del estado del bienestar en el estado español sea enorme, de un 30% inferior a la media de la zona euro de la Unión Europea.
El laicismo es una condición esencial para el progreso y la satisfacción de los intereses populares
Comprender este papel reaccionario de la Iglesia Católica como institución y como red clientelar de intereses es fundamental para poder avanzar en la satisfacción de los intereses populares en temas esenciales como el desarrollo de una educación progresista, pública y laica, una sanidad universal de calidad o la extensión de los servicios públicos a la población dependiente y su familia en una ley que se debatirá próximamente.
Si no se resuelve el problema de la separación completa del estado y la Iglesia Católica, mediante una práctica y una reforma laica de la Constitución –lo que exige la denuncia del Concordato pre-constitucional actualmente en vigor- no será posible avanzar en todos los temas señalados que afectan a nuestras vidas cotidianas y que nos condenan a ser ciudadanos de segunda clase en la Unión Europea.
El laicismo no tiene que ver con las ideas y las practicas religiosas de los creyentes, sino con los intereses institucionales del clero y sus instituciones. De hecho, el declive de la Iglesia Católica en el estado español en cuanto a fieles, practicas y creencias ha sido muy notorio en los últimos años, como demuestran todos los estudios. Solo el 52% de los españoles se declaran católicos y de estos solo el 15% como practicantes. El 2% practica otras confesiones –que no tienen estas ayudas- y entre el 15% y el 20% no religiosos, agnósticos o ateos. El número de curas y monjas desciende continuamente y los obispos tienen una media de 65 años.
A pesar de este declive y esta secularización del Estado español, son capaces de sacar 400.000 personas a la calle. No es pequeño enemigo quien tiene semejantes medios de comunicación y movilización. Sin un cambio radical de esta situación y una separación real del estado y la Iglesia, estaremos condenados a un continuo chantaje de los intereses inconfesables de las instituciones clericales, cuyo objetivo no es otro que acabar con cualquier gobierno de izquierdas y laico.