Cuatro causas abiertas suman 17 imputados por supuestos delitos de estafa, fraude fiscal, blanqueo, detención ilegal, adopciones irregulares, abusos sexuales o corrupción de menores
Desde que en 2012 la investigación por el robo del Códice Calixtino revolvió las entrañas de la catedral de Santiago y sacó a la luz secretos insospechados del corazón de la Iglesia católica gallega, los casos judiciales se suceden y salpican a varias diócesis de la comunidad. Hay, en estos momentos, cuatro causas en marcha con 17 personas investigadas, de las que cuatro son monjas; otra, un fraile; y 12 más, miembros de la Orden eclesiástica y Mandato de San Miguel Arcángel, una secta que hasta finales de 2014 medró como asociación de fieles amparada por el Obispado de Tui-Vigo.
La primera investigación que se abrió, y probablemente la última que se cierre, por la demora que han provocado hasta tres cambios de juez instructor, es la conocida como Operación Bebé de Lugo, en la que, además de varios funcionarios del servicio de Menores de la Xunta, trabajadores sociales y personal sanitario, en las últimas semanas han tenido que prestar declaración en calidad de imputadas tres hermanas terciarias franciscanas del Rebaño de María vinculadas al Hogar Madre Encarnación. La denuncia partió de un puñado de abogados de oficio que descubrieron las semejanzas existentes entre varios casos de retiradas administrativas, supuestamente irregulares, de niños a sus madres biológicas para su entrega en acogimiento y posterior adopción. Poco a poco, en los juzgados fueron recalando episodios similares hasta juntarse como víctimas en unas mismas pesquisas una docena de familias afectadas. Varios de los menores reclamados por sus progenitores desde hace años pasaron por esta casa religiosa de acogida concertada por la Xunta antes de que fueran entregados a terceros y de que sus parientes perdieran definitivamente su rastro.
Hay testimonios de supuestas víctimas que señalan directamente a las religiosas, aunque estas últimas han negado cualquier tipo de implicación ante el juez. Pero existen testimonios que hablan de presuntas presiones a las madres desamparadas para entregar a sus bebés, y en concreto una joven extranjera relató a la policía cómo una de las hermanas de la orden le ilustraba acerca de las familias que estaban dispuestas a pagar, mejor o peor, por su niño. Otra de las chicas, víctima de mafias de prostitución, se intentó suicidar, tras entregar a su pequeña y firmar los papeles de Menores, arrojándose desde la altura de un sexto piso en un hospital. Ahora vive en un centro especial, atada de por vida a una silla de ruedas, y sigue reclamando a su hija. Pero el tiempo pasa, la investigación apenas avanza y la niña ya tiene casi 10 años.
El último caso que recoge el sumario es de 2011 y la operación como tal estalló un año después, con varios registros tanto en la delegación lucense de la Xunta de Galicia como en el Hogar Madre Encarnación, donde los agentes se incautaron del diario manuscrito en el que las monjas y las empleadas iban dando cuenta de la evolución de las criaturas acogidas. Hace pocos meses que los abogados han tenido acceso a esta documentación, en la que aparece reflejado el tratamiento farmacológico que recibían los menores. Los letrados quieren que un perito elabore un informe médico porque sospechan que la «fuerte y variada medicación, y el suministro de ansiolíticos puede haber dejado secuelas en los niños».
La cuarta religiosa investigada (y el caso más reciente de los que salpican a la Iglesia gallega) es la superiora del convento de las Mercedarias de Santiago. Tanto ella como otras dos integrantes de la orden de clausura han sido llamadas a declarar por el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital gallega, que rastrea la supuesta detención ilegal durante 15 años de tres adolescentes captadas en India para el noviciado y recluidas hasta que cumplieron los 30 (y fueron liberadas por una comisión judicial) bajo los vetustos muros del cenobio. Desde el primer día, el Arzobispado de Santiago salió públicamente en defensa de las monjas, y las mercedarias descalzas difundieron un comunicado en el que hablaban de su «dolor, perplejidad y consternación» por la denuncia policial y la causa iniciada contra ellas en los juzgados.
Hace poco más de un año, quienes sufrían la conmoción eran los vecinos de O Cebreiro (Lugo), puerta a Galicia del Camino Francés de Santiago, cuando la Guardia Civil se llevaba detenido al más popular de los frailes franciscanos que custodiaban el santuario. El religioso de 56 años, que pasó una temporada en la cárcel en prisión preventiva, se declaraba arrepentido en el cuartel cuando se le preguntaba por las relaciones sexuales que mantenía con una menor en la sacristía del templo románico. Había abundantes y aberrantes pruebas gráficas de los hechos en su teléfono móvil.
En algunas de estas 250 fotos rescatadas de la carpeta de «enviados», también se veían muchos de los billetes que supuestamente sacaba del cepillo para entregar a la joven. Se le atribuyeron los presuntos delitos de corrupción de menores y prostitución ilegal, aunque luego la niña dijo que no se prestaba al sexo por el dinero que él le daba, sino porque le había cogido cariño al hombre del hábito marrón. Un primo de la muchacha, con una discapacidad psíquica del 40%, declaró también a los investigadores que el fraile intentó penetrarlo después de emborracharlo en una ocasión que se lo llevó de viaje, y que luego lo quiso retratar manteniendo relaciones con su prima. En este sórdido caso, el Obispado de Lugo condenó inmediatamente los hechos.
Pocos meses antes, era la Diócesis de Tui-Vigo la que recibía el mazazo en este vía crucis judicial. En octubre de 2014 se veía obligada a publicar un comunicado en el que confirmaba a sus feligreses la intervención y la imposición un sacerdote tutor en la pequeña comunidad de fieles que lograba rescatar de las cenizas de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, un grupo católico que pasó de servir de báculo al obispado a convertirse en una secta proscrita en cuestión de meses.
Hace medio mes, el juzgado número 1 de Tui (Pontevedra) levantó el secreto sumarial que todavía pesaba sobre unas complejas investigaciones por delitos de estafa, abusos y contra la integridad moral en las que están imputados 12 miembros de la cúpula de esta asociación uniformada con los colores vaticanos. El grupo era muy apreciado y conocido porque montaba unas vistosas representaciones de Semana Santa, grababa discos de música pía, organizaba peregrinaciones masivas y prestaba servicios a la Iglesia gallega tales como la de velar por el orden y el decoro en grandes eventos católicos. Son muchas las familias que perdieron el contacto con hijos e hijas, adeptos captados por las embaucadoras palabras del fundador de la orden, hoy en prisión provisional, Feliciano Miguel Rosendo da Silva, que vivía en un delirante complejo residencial levantado supuestamente con ingentes cantidades de dinero que entregaban los seguidores a su guía espiritual.
El líder de la secta, que llegó a sumar unos 400 incondicionales, se enfrenta a una acusación por presunto delito de abusos sexuales. Según declararon varias de sus supuestas víctimas, se rodeaba de un séquito de pseudomonjas que vestían hábito y vivían en comunidad, consagradas a la orden migueliana, y sometía a todo tipo de vejaciones a las seguidoras. Se decía ungido por un poder sobrenatural, y entre otras prácticas, pronto trascendió que presuntamente obligaba a las mujeres a hacerle felaciones mientras él deturpaba a viva voz la expresión «tomad y comed».
En muy pocos años, el hombre que empezó con un coro religioso en la trastienda de una herboristería de Vigo organizó su particular corte en su mansión. Algún matrimonio testificó que se había visto obligado a vender su casa y a vivir en la miseria para entregar el dinero al patriarca Miguel Rosendo. El juez atribuye tanto al gurú como a otros 11 integrantes de la secta los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y fraude. Poco antes de ser apartado por el obispado, que abrió sigiloso su propia investigación interna antes de que saltase el escándalo, la diócesis había cedido un convento vacío a la Orden y Mandato por los servicios prestados y por la abnegación de sus miembros.
EL OBISPO QUE LIBRÓ
Mientras se siguen su curso estas cuatro causas que golpean a la Iglesia, un juez de Santiago (el mismo que instruye el caso de las Mercedarias y que ha cerrado la instrucción del accidente del Alvia exculpando de todo cargo a Adif y Renfe), libró del banquillo hace meses a José Diéguez, un exobispo de la diócesis de Tui-Vigo; uno de los curas encargado de las cuentas en este obispado gallego y también a un párroco después de seis años de instrucción del llamado ‘caso Retablo’, sobre presunto amaño de contratos de restauración de arte sacro. El magistrado Andrés Lago Louro, que heredó el asunto cuando llegaba a su última fase, archivó en 2015 las actuaciones contra los religiosos poniendo en duda la legalidad de los pinchazos telefónicos realizados por la policía que los involucraban y que ayudaron a destapar la trama contra dos funcionarios de la Xunta y cinco empresarios por cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas.
