El arzobispado de Valencia denuncia que la supresión de unidades en la concertada busca un trasvase a la pública
La Conselleria de Educación no sólo se ha puesto a todo el sector de colegios concertados en contra. El arreglo escolar que ha supuesto para esta red la primera pérdida de aulas en años le ha generado un nuevo enemigo: la mismísima Iglesia. El Arzobispado de Valencia arremetió ayer contra el departamento que dirigeVicent Marzà porque también sus centros diocesanos -es decir, de los que la Iglesia es titular- también se han visto afectados. Y, según dejó entrever el Arzobispado, ni siquiera los criterios con que se ha metido la tijera son objetivos.
La Fundación Colegios Diocesanos San Vicente Mártir, integrada en la actualidad por 68 centros, mostró su «inquietud, malestar y preocupación» por la supresión prevista de aulas. Es una propuesta de recorte -los colegios están aún en plazo para presentar sus alegaciones- «muy elevada para los colegios concertados», insistieron fuentes del Arzobispado en un comunicado.
Nueve de los 68 centros de la Fundación perderán alguna unidad el próximo curso. «Nos preocupa no tanto el hecho de suprimir unidades allí donde, por circunstancias, no hubiera alumnos, sino los criterios por los cuales se propone reducir», expresó el gerente de la Fundación, Miguel Ángel Coello. Y aquí se critica que en el caso de «muchas de las propuestas» para eliminar aulas se basen en «una pequeña disminución de alumnos» este curso, considerándose «que ese descenso se va a producir para siempre».
Distinto rasero, por tanto, respecto al arreglo escolar de la escuela pública. Lo cierto es que para el próximo curso habrá un intercambio de cromos: si los colegios públicos perdieron año tras año unidades en los últimos cursos a diferencia de los concertados, ahora serán los que se beneficien de una mayor apertura de nuevas unidades.
Además, el Arzobispado de Valencia cuestionó la veracidad del argumento de la Conselleria, que en todo momento ha hablado de la ratio de alumnos por aula como mínimo para autorizar o no su concierto. En este sentido, se denunció el caso de un colegio de Catarroja al que se ha propuesto suprimir una unidad de tres años «cuando en estos momentos tiene 18 alumnos matriculados» sin haber empezado el proceso de matriculación.
En palabras de Coello, «lo que no tiene sentido es que se creen unidades en la pública cuando realmente lo que se está buscando es un trasvase de alumnos de la enseñanza privada concertada a la enseñanza pública, totalmente en contra del texto constitucional». Un trasvase, por cierto, que negó la propia Conselleria.
También desde la patronal de Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana se denunció ayer la situación en la que quedarán algunos de los colegios afectados, como es el caso de Jesús-María Fuensanta y Claret de Valencia. De nuevo, el motivo que esgrime la Administración para quitarles unidades es que no cumplen la ratio mínima de alumnos. Pero «cada año nos quitan más y nos están dejando con las puertas cerradas», indicó Antonio Cebrián, director del Claret.
Según la patronal, ambos centros destacan «por su labor como escuela inclusiva» con alumnado «diverso», lo que «hace complicado poder mantener la ratio habitual que presentan otros centros escolares si se busca dar una enseñanza de calidad».
La patronal advirtió de que, en la práctica, colegios como el Claret se verán «abocados a juntar a niños de tres, cuatro y cinco años en la misma clase, con las diferencias madurativas que tienen los pequeños a esa edad». Y, si esto se hiciese en Primaria, lamentaron las mismas fuentes, pueden llegar a juntarse cuatro alumnos con necesidades educativas especiales permanentes, algo «inviable» con 25 alumnos por clase.
