Polémicas sobre misas en actos de Estado o crucifijos en dependencias oficiales se sumarán al debate sobre cómo debe entenderse la laicidad del Estado.
Gobierno e Iglesia están enzarzados en un intercambio de agravios que se centra ahora en la idea del laicismo. Tras la Instrucción Pastoral de la Conferencia Episcopal que denunciaba un “laicismo radical y excluyente”, el Partido Socialista elaboró un manifiesto con motivo del aniversario de la Constitución en el que reivindica “el valor de un principio constitucional, el de la laicidad”.
El documento socialista señala que “el cultivo del derecho de la libertad de conciencia” debe conciliarse con la potenciación del “mínimo común ético constitucionalmente consagrado”, integrado por los valores de “igualdad, libertad, justicia, pluralismo, dignidad de la persona y derechos fundamentales”.
A continuación, los obispos han mostrado su disgusto por este manifiesto. El arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, principal ponente de la Instrucción Pastoral, ha sido quien más ampliamente se ha situado contra él. Sebastián acusa a los socialistas de presentar este mínimo común ético “en nombre de una concepción ideológica y laicista sobreañadida al texto constitucional e impuesta gratuitamente al conjunto de la población”como “última referencia moral en la vida pública”sin referencia religiosa alguna. De esta manera, a su juicio, en el texto del PSOE subyace la idea de que “corresponde al poder político configurar la nueva conciencia de los ciudadanos en sustitución de su conciencia religiosa y moral, por lo menos en la vida social y política”lo que considera una concepción “excesivamente autoritaria” que “desplaza el verdadero sentido de la Constitución”.
Por su parte, los autores de la declaración socialista subrayan que este “mínimo común ético”es, literalmente, la expresión que usa el Tribunal Constitucional, como supremo intérprete de la Carta Magna, para aclarar que ninguna moral privada, religiosa o no, puede medir la justicia o injusticia de las decisiones de los poderes públicos.
Privilegios
“Me ha dejado helado, no se ha molestado en informarse”, confiesa Dionisio Llamazares, director de la Cátedra de Laicidad y Libertades Públicas Fernando de los Ríos, de la Universidad Carlos III de Madrid, y uno de los participantes en el homenaje socialista a la Constitución, cuando explica su reacción al pronunciamiento del arzobispo. Llamazares sostiene que sólo puede entenderse que el manifiesto sea considerado un ataque por los obispos porque “implica que pierden privilegios”. “Lo que irrita a la Iglesia católica –añade– es que se da cuenta de que ha perdido su último bastión: ser considerada la máxima autoridad moral”.
Álvaro Cuesta, secretario federal de Libertades Públicas del PSOE, asegura que este manifiesto “no fue una respuesta a la Instrucción Pastoral”de la Conferencia Episcopal en la que se hablaba de “laicismo radical y excluyente”, sino que se trataba de centrar el homenaje a la Constitución en una defensa de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía. Esta asignatura cuenta con la oposición de los obispos, que la consideran un adoctrinamiento, mientras que el Gobierno y los socialistas defienden que ésta sólo trata de enseñar los valores constitucionales.
El duro enfrentamiento se produce cuando la Conferencia Episcopal mostró también su disgusto con la regulación final que va a tener la asignatura de Religión, que contará con una alternativa de Historia de las Religiones, pero donde también se podrá elegir no cursar ninguna asignatura alternativa. Es el último episodio de las diferentes batallas que enfrentan al Gobierno con la Iglesia católica. En el Gobierno mantienen una política de acuerdos con la Iglesia para negar las acusaciones de persecución, pero también recuerdan las normas que han sacado adelante a pesar de la oposición de la Iglesia.
La agenda del Gobierno para esta legislatura está prácticamente agotada en este terreno con la consecución del acuerdo sobre la nueva financiación de la Iglesia católica y la nueva Ley Orgánica de Educación y la regulación de la asignatura de Religión. Pero el Partido Socialista, por su parte, tiene por delante algunos pronunciamientos sobre cuestiones relacionadas con la religión y la laicidad, como el tratamiento dado a las religiones y sus símbolos en el marco de una sociedad cada día más multicultural debido a la inmigración.
Vestigios confesionales
La Secretaría de Libertades Públicas del PSOE que dirige Álvaro Cuesta mantiene una estrecha relación con los trabajos realizados por la Fundación Cives (que preside su diputado Victorino Mayoral) y la Cátedra de Laicidad que dirige Dionisio Llamazares. El próximo capítulo de esta colaboración se producirá con una publicación de la citada Cátedra donde se realizará un rastreo del ordenamiento jurídico para señalar los últimos vestigios del Estado confesional.
Este estudio reflexionará sobre aspectos como las celebraciones religiosas en actos de Estado (por ejemplo, misas) o, en sentido contrario, la presencia del Estado en actos religiosos (por ejemplo, cuando cuerpos militares son hermanos mayores de cofradías), además de otros asuntos como que entidades religiosas de interés particular reciban mejor trato fiscal que las entidades con objetivos de interés general. También se recordará que los reglamentos de la Armada disponen que deben rendirse armas al Santísimo Sacramento con la rodilla en tierra. Dionisio Llamazares señala la intención de que el estudio se debata “con serenidad y sin creer que es un escándalo”, a pesar de que la Iglesia ya se ha pronunciado contra la retirada de símbolos religiosos, como los crucifijos en los colegios públicos. Llamazares, no obstante, subraya que crear una guerra por estos símbolos puede ser “exagerado”y aconseja “tener una idea clara de la proporcionalidad”. Un reciente gesto protocolario del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, al besar el anillo al cardenal Tarsicio Bertone en el Vaticano, fue criticado por Izquierda Unida.
Pero quizá lo más importante es que va a plantearse la posibilidad de revisar los Acuerdos de España con la Santa Sede de 1979. Gobierno y PSOE destacan siempre que esta iniciativa no se contempla en la actual legislatura. Sin embargo se ha hablado ya alguna vez como una iniciativa posible para la siguiente. Álvaro Cuesta asegura que el asunto estará presente en el debate que se producirá en el partido para elaborar el próximo programa electoral.
Economía
En esta guerra alrededor de iniciativas que la Iglesia considera inscritas en este debate sobre los criterios (laicos o religiosos) que deben inspirar las leyes, la Conferencia Episcopal tiene en su agenda, por su parte, concretar su apoyo a la objeción de conciencia propuesta por organizaciones católicas contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía o el apoyo a los recursos que estas mismas organizaciones puedan plantear contra la regulación de la asignatura de Religión, que los obispos consideran “no acorde con los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español”. Por último, en el terreno de la financiación, la Iglesia católica tiene la tentación de aprovechar la oportunidad que le brindan los últimos flecos pendientes para intentar rebañar alguna compensación de última hora.
Fuentes del episcopado subrayan su interés en hablar con el Gobierno sobre la norma que debe derogar la exención sobre el IVA de la que disfrutaba la Iglesia católica. De esa manera la Conferencia Episcopal podría volver a intentar conseguir compensaciones a este cambio, para lo que también pueden citar el contenido de los Acuerdos entre el Vaticano y España.
Polémicas
Iniciativas puntuales que han llevado a un colegio de Zaragoza a suspender un festival navideño, o la petición de un grupo de Valladolid que solicita la retirada de los crucifijos en las aulas de un colegio público, han sido rápidamente inscritas por la Conferencia Episcopal dentro de un clima de laicismo “radical y excluyente”.
Normas y crucifijos
En el caso de los crucifijos, la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid ha reclamado judicialmente contra la presencia de estos símbolos en el Colegio Público Macías Picavea. No existe ninguna norma que regule la presencia de estos símbolos en las aulas. La consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha defendido la presencia de los crucifijos en la decisión del Consejo Escolar del centro, mientras que la asociación laica se basa en el principio de separación Iglesia-Estado.
Tribunal Constitucional
En este tipo de asuntos concretos, hasta ahora, el alto Tribunal se ha pronunciado, en casos de militares sancionados por no asistir a ceremonias religiosas, a favor de los sancionados, a los que se les reconoce el derecho a no asistir a estos actos.
Gestos
También se han producido algunos cambios simbólicos. En el homenaje celebrado el pasado verano a los militares fallecidos en el accidente de helicóptero en Afganistán se suprimió la oración y responso tradicionales en estos actos.
Laicidad o aconfesionalidad
Son los términos más polémicos utilizados a menudo en este debate. La Constitución española no utiliza ninguno de estos dos términos. Pero los defensores de la laicidad sostienen que el Tribunal Constitucional considera indistintamente la laicidad o aconfesionalidad y que esto supone que ninguna moral religiosa se encuentra por encima del ordenamiento constitucional. Los obispos, por su parte, obvian los pronunciamientos del tribunal y consideran, en palabras del arzobispo Fernando Sebastián, que las convicciones morales de los ciudadanos inspiraron el texto constitucional y, por lo tanto, sus principios “deben ser interpretados respetando las convicciones religiosas y morales de los ciudadanos”.
Religión y Ciudadanía
Los obispos mantienen el pulso con el Gobierno al considerar que la regulación de la asignatura de Religión tras la nueva Ley de Educación, que da la posibilidad de que los padres elijan que los niños no tengan alternativa a esta asignatura, es contraria a los Acuerdos con la Santa Sede porque interpretan que socava el derecho de los que eligen Religión a cursarla en condiciones de no discriminación. En cuanto a la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, la consideran una “inaceptable intromisión del Estado en la educación moral de los alumnos”.
Otros países
En Italia se encuentra abierta una polémica sobre la presencia de crucifijos en edificios públicos. El Tribunal Constitucional alemán falló hace años contra la obligatoriedad de la presencia del crucifijo en las escuelas (obligatoriedad que sólo existía en el Estado de Baviera). Francia prohibió recientemente signos religiosos en las escuelas.
