Varias comunidades empiezan este curso con gratuidad a partir de los dos años de edad e incluyendo a las escuelas infantiles privadas en la medida
España avanza poco a poco hacia la gratuidad de las escuelas infantiles, aunque a distintos ritmos y con diferencias en el modelo en función de cada comunidad autónoma. En una etapa, la de 0 a 3 años, considerada durante décadas exclusivamente como un servicio para la conciliación familiar, en los últimos años las administraciones públicas han ido dándole más importancia por su potencial educativo, sobre todo para las clases más desfavorecidas. Este curso 2022-2023 son varias las comunidades autónomas que han dado un salto a la hora de garantizar la gratuidad en estos centros, algunas de ellas incluyendo a las escuelas privadas.
Catalunya, Comunitat Valenciana, Castilla y León o Baleares empezarán por ofrecer de forma gratuita para las familias el curso de 2 a 3 años, el último del primer ciclo de infantil antes de dar el salto al colegio. Esta medida la llevó a cabo el año pasado La Rioja, que ahora la extiende al total de la etapa, desde los cero años, y está vigente en Madrid para públicos y concertados. Galicia hará lo propio para toda la etapa y el País Vasco anunció también la gratuidad para sus centros infantiles. La mayoría de ellos, además, no se limitan a garantizarlo en la pública, que en España alcanza solo el 53% de las matrículas totales, sino que reducirán o bonificarán al 100% las cuotas para acceder a las escuelas privadas.
Galicia abonará 260 euros mensuales a las privadas por cada uno de sus niños y niñas. La Comunitat Valenciana, 280 euros a las guarderías adheridas al Bono Infantil y de momento para el curso de 2 a 3 años. Baleares, por su parte, extiende la gratuidad solo a las privadas de su llamada red complementaria (las cincuenta escoletes que han firmado un convenio de colaboración con la conselleria). Y en Catalunya, la subvención a los centros privados –sin excepción– será de 800 euros anuales (lejos de su coste real para las familias) y de 1.600 para las rentas bajas, un montante que estas deberán deducir en las mensualidades que cobran.
Este progresivo avance hacia la gratuidad, con o sin subvenciones a la privada, supone una política clave para una etapa educativa muy diversa en España, gestionada a menudo por los ayuntamientos, que en materia de cuotas ofrecen desde mensualidades cerradas a pagos por renta, pasando también por la gratuidad total hace años como ocurre en Pamplona (a diferencia de otras ciudades de Navarra). En esta línea, en Castilla-La Mancha dependerá este curso de sus ayuntamientos, según fuentes de la Junta.
Y otro ejemplo es el de Barcelona, donde existe una tarificación social, de pago por renta, que ha servido de modelo para otras administraciones. Aunque en la capital catalana el principal problema es que la demanda de pública es muy superior a las plazas que hay, con lo que cada año se quedan fuera más de 3.000 familias.
“Hay divergencia de modelos, es un servicio con mucho sector privado y una regulación muy débil comparado con la etapa de 3 a 6 años”, describe Margarita León, profesora de Ciencia Política en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que sin embargo añade que cada vez más las políticas de las comunidades autónomas se parecen, al coincidir en la necesidad de universalizar esta etapa.
Con todo, las tasas de escolarización en el 0-3 van desde el 17,8 y 18,5% en comunidades como Murcia o Castilla y León hasta el 45% y 50% en la Comunidad de Madrid o País Vasco. Y peso de la privada también es diverso, desde el 12,4% en Extremadura al 63,9% en Andalucía.
Plan del plazas públicas del Gobierno
Ante a este mapa autonómico del 0-3, y en su voluntad de aumentar las tasas de escolarización en esta etapa en toda España, el Gobierno anunció el curso pasado un paquete de más de 600 millones de euros, procedentes de los Fondos Next Generation, para crear más de 65.000 plazas. La condición que acompaña la inversión, fijada por la Comisión Europea, es que el dinero se debe usar para crear nuevas aulas públicas, es decir, nueva infraestructura. Y que estas sean gratuitas. No para posibles conciertos, por ejemplo. Esto provocó el rechazo de algunas comunidades autónomas. Andalucía, la que tiene más peso del sector privado y que lo subvenciona hasta la gratuidad para un 50% de los alumnos, amagó con renunciar a los 124 millones que le tocan. Pero finalmente todas acabaron aceptando el dinero.
“El problema es que a las comunidades no les salen los números. Porque el Gobierno central aporta el dinero para hacer las plazas, pero no para sostenerlas”, advierte Vicenç Arnaiz, psicólogo y experto en políticas de primera infancia. ¿Qué pasará cuando se hayan agotado los fondos, en principio en 2024?, se pregunta. El coste principal, razona Arnaiz, no es el de la construcción, sino los salarios de las trabajadoras. En este sentido, Arnaiz teme que se recurra a crear cada vez más plazas dentro de los centros de Infantil y Primaria, como ya ocurre de forma experimental en Comunitat Valenciana o de forma más generalizada en el País Vasco o Cantabria, con centros privados incluidos.
En Madrid, por ejemplo, cuyas plazas públicas (el 53% del total) son gratuitas y donde se bonifica el acceso a la privada según criterios de renta, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció un plan para crear este curso 2.000 plazas de cero a tres años en colegios públicos (lo habitual en estos casos, como Comunitat Valenciana y Cantabria, es que sea a partir de los dos años).
Sobre esta medida, Margarita León advierte de que no puede realizarse sin una mayor regulación de cómo debe ser el servicio educativo de 0 a 3 años. “Hay que pensar que estamos hablando de criaturas pequeñísimas, de meses de edad. Las características del servicio, la flexibilidad horaria, la relación con las familias, todo es muy distinto”, alerta.
Y algo parecido, añade, debe tenerse en cuenta si se opta por avanzar hacia la universalización contando con la red de escuelas privadas, cuyos espacios o condiciones laborales deberían estar mucho más sujetas a normativa. En este sentido, León no ve “alternativa” a contar con la privada a corto y medio plazo. “Necesitas a ese sector porque la oferta pública es insuficiente. Es como en el ámbito de la dependencia. No es tan importante que el proveedor sea público o privado, sino que el privado opere con una regulación clara y no pase como en las residencias de mayores, que los estándares de calidad son mucho más bajos”, expresa la profesora de la UAB.
Según un informe reciente de CCOO, para universalizar el 0-3 mediante la creación de nuevas plazas públicas, de acuerdo con los anuncios del Gobierno central, haría falta multiplicar por cinco la inversión de 660 millones de euros, hasta los 3.300 millones de euros, y crear así unas 325.000 plazas. “Hay que hacer un esfuerzo mucho más grande si en una década se quiere extender la educación 0-3 de forma generalizada”, insiste Pedro Badía, responsable de Política Educativa del sindicato. “Nos preocupa que el Gobierno lo juegue todo a los fondos europeos; lo veremos en los próximos presupuestos generales”, apunta.
