Cinco de las siete personas atendidas en la oficina del cardenal Omella, presidente de los obispos y que marca la pauta en la respuesta a la pederastia, muestran su descontento: no se informa, no se indemniza y no se hacen públicos los casos
La Conferencia Episcopal Española (CEE) recibió hace casi dos años, en diciembre de 2021, el primer informe de EL PAÍS sobre pederastia en el clero con 251 casos inéditos, para que pudiera investigarlos y atender a las víctimas. Este dosier, entregado también al Papa, imprimió un giro total en la cuestión en la Iglesia española, que hasta entonces siempre había negado el problema: el presidente de la CEE y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, se reunió por primera vez con las víctimas y ordenó una auditoría al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, cuya entrega se espera en breve. Luego siguieron otros tres informes en dos años, un total de más de 700 testimonios. Entretanto, la otra cuestión pendiente es cómo se está atendiendo a esas víctimas. En Barcelona, la diócesis de Omella, el balance es de decepción y descontento, según cinco personas que acudieron a la diócesis por mediación de este diario. En total, la comisión de atención del episcopado dice haber atendido a siete en dos años. “Salí de allí llorando”, llega a decir Mercedes P. A., de 70 años, que denuncia abusos en su infancia en un colegio de Hospitalet.
