Toledo, a través de su arzobispo, Antonio Cañizares, se ha mostrado como una de las provincias más combativas contra la asignatura
La Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha ha dado instrucciones a todos los fiscales de la región para que se opongan a las demandas de objeción de conciencia que se presenten a la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) y en contra también de que suspenda la obligatoriedad de asistir a clase.
Así se indica en una circular que remitió el pasado mes de septiembre el Fiscal Superior de Castilla-La Mancha, José Martínez Jiménez, quien también ha pedido a los fiscales que recurran aquellas decisiones judiciales contrarias a la postura del ministerio público en esta materia.
Toledo, a través de su arzobispo, Antonio Cañizares, se ha mostrado como una de las provincias más combativas contra la asignatura.
Unificar criterios
El propio Fiscal Superior de la comunidad autónoma, José Martínez, ha asegurado hoy que una de sus preferencias es el de unificar criterios respecto a la polémica asignatura.
Explicó que esta determinación se tomó tras el debate social y jurídico que ha suscitado la aprobación y el diseño curricular de esta materia y ante las distintas decisiones que están adoptando los jueces a las peticiones de objeción de conciencia presentadas por los padres de los menores y la adopción de medidas cautelares para que sus hijos no cursen la asignatura hasta que no haya un pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo.
Esta determinación se tomó tras el debate social y jurídico que se ha suscitado
José Martínez indicó que la respuesta del ministerio fiscal en Castilla-La Mancha y que se pretende sea unitaria es la que se recoge en la instrucción 1/2008 que dictó el pasado mes de septiembre.
En ella la Fiscalía Superior pide a los fiscales que se opongan a las demandas sobre la objeción de conciencia, a las peticiones de los padres de medidas cautelares para no cursar la asignatura a la espera del fallo del Supremo y recurrir aquellas decisiones judiciales que fueran contrarias a la postura del ministerio fiscal.
Estudio "exhaustivo"
Esta medida, dijo el Fiscal Superior, fue fruto de un estudio "exhaustivo, intenso, riguroso y desde un punto de vista estrictamente técnico que hizo la Fiscalía de Castilla-La Mancha con el fin de adoptar una misma postura desde la imparcialidad y desde la objetividad, a la luz de los preceptos constitucionales".
No obstante, este criterio unánime que se mantiene en la región por parte de los fiscales está supeditado -recordó- al que adopten órganos superiores de justicia y que tienen efectos vinculantes, indicó en alusión a la decisión que pueda adoptar el Tribunal Supremo y que podría hacer variar la postura del fiscal.
Esta posición de la Fiscalía de la región es conforme con la adoptada por la Fiscalía General del Estado y en algunos casos también está en consonancia con algunos criterios de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
No obstante, reconoció que la unanimidad no existe entre los jueces de lo contencioso-administrativo de la región que en algunos casos han aceptado y en otros han rechazado las medidas cautelares solicitadas por los progenitores de los alumnos.
