La Federación Católica de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Granada ha denunciado hoy la posible expulsión a la que se enfrenta un alumno objetor de conciencia, al haber recibido tres partes de "falta de convivencia" por no haber acudido a clase de la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
En rueda de prensa, el presidente de dicha Federación, José Enrique García, ha explicado que los padres de un alumno de 3º de ESO de un colegio público de Alhendín (Granada) han recibido el tercer parte de faltas de su hijo con motivo de su ausencia en la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que ha sido calificada como "falta contra la convivencia".
Según García, es una "aberración" que la falta se haya calificado como "muy grave", ya que el padre remitió un comunicado a la dirección del centro escolar, con el segundo parte de faltas, argumentando que se han acogido a la objeción de conciencia, y sin embargo, el centro "no ha dado respuesta a aquel escrito".
A partir del tercer aviso, la dirección del centro puede proceder a la expulsión del alumno entre dos días y una semana, y por tanto, si el escolar no asiste a clase "suspenderá esa asignatura".
Además, el padre de dicho alumno ha pedido al centro el reglamento por el cual se le sanciona, mientras que éste "no se lo ha querido dar", según ha explicado García, para quien no hay ningún decreto de la Junta de Andalucía que diga que la falta de un niño por objeción de conciencia "sea graduable".
Según el padre, la ausencia de su hijo a dicha asignatura "no daña a la convivencia del centro", por lo que ha solicitado la retirada de las comunicaciones emitidas por el colegio público y que sean dejadas sin efecto, además de pedir alternativas a la Educación para la Ciudadanía. En este sentido, no entiende cómo "se niega" el derecho constitucional de objeción de conciencia, con el cual pretenden "defender" la educación moral que reciben sus hijos.
Para el presidente de la Federación, el problema radica en que los padres objetan y los niños padecen las consecuencias porque "sufren discriminación por parte de sus compañeros, y a veces, del propio profesorado", por lo que pide a la Consejería de Educación y los directores de los centros escolares que actúen "de forma democrática".
Por otra parte, García ha señalado que la mayoría de reclamaciones que reciben proceden de centro públicos, donde los padres "se encuentran indefensos" porque la asociación de padres de estos centros "no apoyan la objeción de conciencia".
